Hice mi trabajo, paga lo que debes

“No pagarle a un trabaja­dor en tiempo es un crimen, lo privan de satisfacer sus ur­gencias básicas”; “se sienten desprotegidos”, “¿qué pasa con la tan traída y llevada frase: de mutuo acuerdo entre la sección sindical y la administración, si dejan nuestras fa­milias desamparadas”.

“Nadie sabe… cómo nos las inge­niamos para comprar la merienda de los niños, reforzarles el almuerzo es­colar, asegurar lo mínimo…”. Esas y otras expresiones provienen de entrevistados ante el incumplimien­to de sus respectivos centros con el pago salarial en los días establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo.

El trabajo es un derecho y un deber social del ciudadano, y los ingresos que por él se obtienen son la vía fundamental para con­tribuir a la satisfacción de sus ne­cesidades personales y familiares, al desarrollo de la sociedad, pero atrasar su remuneración, después de haber dado el aporte, es una violación de la ley que desmotiva y priva al trabajador de lo necesario para su sustento y el de la familia.

Desenredando hilos

Tras las causas objetivas y subje­tivas un equipo de corresponsales de nuestro semanario hilvanó con­ceptos, desempolvó leyes, recordó cláusulas, conversó con un grupo de afectados, a fin de reflexionar sobre un tema que ocurre desde hace años, y que ahora parece haber colmado la copa. Durante la pesquisa constata­mos que se ignora el Convenio Co­lectivo de Trabajo como instrumento jurídico con fuerza legal para que no haya atrasos en el pago del salario; son nulos o estériles los análisis de las administraciones, según consta en actas de consejos de dirección, y se llega hasta violar lo establecido por el sistema bancario de acreditar —depositar en la tarjeta magnética el dinero— tres días antes a la fecha de pago.

“¿Por qué?; pueden ocurrir erro­res de ficheros, problemas de comu­nicación, fallos eléctricos, caídas de sistemas”, explicó Michel Lara Me­jías, director del Banco de Crédito y Comercio en el Municipio Especial de Isla de la Juventud.

“O alegan falta de personal en el área contable, insuficientes fon­dos en cuenta, que el director no estaba para firmar y demás justi­ficaciones que el secretario general de la sección sindical debe conocer, con tiempo, porque lo cierto es que por inexistencia de efectivo no es, máxime si el ciento por ciento de las entidades estatales y presu­puestadas están bancarizadas en nuestro Banco”, aseveró el direc­tivo, quien considera que los tra­bajadores “no merecen sufrir las consecuencias de la morosidad”.

Una realidad que golpea

Sin duda el impago de salarios continúa siendo una problemática en Cuba, especialmente en secto­res como el azucarero, la agricul­tura y el comercio. Aunque en los últimos años se han reducido los plazos y el número de afectados, las causas estructurales persisten y generan malestar social.

José Antonio Pérez Pérez, miem­bro de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la CTC, nos expu­so raíces del problema, las medidas adoptadas y los desafíos que aún en­frenta el país.

“El pago es sagrado y es un de­recho que tienen los trabajadores”, advirtió.

El dirigente recordó que el Códi­go de Trabajo, en su artículo 114, esta­blece que “el salario se paga en pesos cubanos al menos una vez al mes por períodos vencidos”. Cualquier modi­ficación en la fecha o condiciones de pago debe comunicarse a los trabaja­dores con no menos de 15 días de an­telación y con acuerdo sindical. Sin embargo, la letra de la ley contrasta con la realidad en algunos lugares.

Las culpas tienen nombres

En la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la CTC se ha reconocido que “una de las quejas y reclamacio­nes reiteradas por los trabajadores se relaciona con el impago del salario. En Isla de la Juventud, por ejemplo, al cierre del año 2024 incidieron las empresas de recursos hidráulicos; mantenimiento a inmuebles; comer­cio; ómnibus públicos; forestal; flora y fauna; servicios portuarios; taba­co; música y espectáculos, y talleres.

“Han existido reclamaciones en cuanto a este asunto en el sector de la agricultura con la Empresa Agroin­dustrial (EA), colectivo con cambios en su dirección y estructura a partir de los problemas de solvencia econó­mica presentados, falta de liquidez y de personal en el departamento con­table”, alegó Nelkys Lopetegui Cas­tillo, miembro del Secretariado de la CTC en ese territorio al frente de la Esfera de Asuntos Económicos.

Igual panorama ocurre en Ca­magüey, donde Yaneisi González Toscano, especialista de Política en la Dirección Provincial del Mi­nisterio de Trabajo y Seguridad Social, expresó que alrededor de 675 trabajadores se encuentran afectados por el atraso del salario, con 116 meses acumulados entre los años 2024 y 2025.

Unas 13 entidades estatales in­cumplen con este sagrado derecho laboral, en el que sobresalen, al cie­rre de septiembre, unidades de la Empresa Provincial de Servicios Co­munales, del Grupo Empresarial de Comercio Interior, del Ministerio de la Agricultura y la de Materiales de la Construcción, la de peor situación.

Según explicó la funcionaria es por “falta de liquidez, de materias primas y cuentas por cobrar”.

Sin salario no trabajo

“En mis 71 años de vida nunca pensé que llegaría el día en que no tendría dinero para comprar los alimentos. La chequera se acabó y seguían sin pagarnos, acudí a mi hermano y me ayudó, pero no es fácil”, manifiesta con dolor Ernesto Bárzaga Sánchez, administrador de la Empresa de Ma­teriales de la Construcción del Poder Popular Provincial en Camagüey.

Su colega Ramón García Chicoy, especialista principal en el Depar­tamento de Producción —fundador de esa entidad; en enero cumplirá 65 años y se jubilará— y otro de los cin­co trabajadores que aún permanecen allí, tampoco se la han visto bien.

“Vivo con mi hermana con dis­capacidad intelectual y por la falta de salario durante meses hemos pa­sado momentos negros y sobrevivido gracias a mi hijo, sin contar las veces de pedir prestado”, reconoció.

Bárzaga lleva 25 años en esa empresa y Chicoy 39, el sentido de pertenencia los mantiene, aunque les deben seis meses de salario; otros se han ido.

No alcanza, pero si falta…

Antes el cobro era sagrado y crea­ba el síndrome de la Cucarachita Martina, ahora es insuficiente a golpes de carencias e inflación, pero sigue siendo un día de gloria, ¿y si este no llega?

Como explica Richard Ramírez Arias, miembro del Secretariado del Comité Provincial de la CTC en Camagüey “el impago o atraso ge­nera descontento, desmotivación, lo que afecta el rendimiento laboral y el ambiente político-ideológico; además provoca la migración hacia otros sectores incluidos los nuevos actores económicos”.

Otros testimonios en territo­rio agramontino sustentan lo ex­puesto, en la Empresa Provincial de Materiales de la Construcción (EMC) los últimos tres años han sido duros, confirmó Aida Regla Antúnez Parrado, su directora. “No obstante los esfuerzos tene­mos bajos ingresos y una mala si­tuación financiera. En enero del 2025 debíamos el año anterior de salario a 302 trabajadores —que como promedio empleamos en nuestras 10 unidades empresaria­les de base (UEB)—, hoy solo que­dan 120, fuerza insuficiente”.

El panorama resulta comple­jo para cumplir su misión funda­mental que es producir materiales con arcilla, hormigón y madera, porque desde que detuvo motores la fábrica de cemento de Nuevitas, por la carencia de combustible y las intermitencias en el suminis­tro de electricidad, mucho no han podido hacer, pues si carecen de materias primas pocas o ninguna obra podrán respaldar.

“No asombra entonces que por concepto de cuentas por cobrar tene­mos más de un millón 200 mil pesos y en cuatro municipios: Florida, Ver­tientes, Esmeralda y Carlos Manuel de Céspedes hay UEB que deben un año y dos meses de salario. Y de los hombres que no tienen contenido de trabajo solo hemos logrado reubicar 18, el resto ya ni están en plantilla.

“Hemos buscado alternativas como el arrendamiento de equipos y locales, pero no avanzamos como queremos. Para ponernos al día contratamos gestores económicos particulares ante la carencia de personal en el área de Contabili­dad; hemos molido áridos, creamos brigadas de reparación de vivien­das, hacemos pigmentos”, dijo An­túnez Parrado, quien con el ceño fruncido enuncia cada gestión rea­lizada para garantizarle algo al bolsillo de los trabajadores.

“Los hemos reubicado, ya sea para reparar entidades, construir casas o en otros oficios, lo cierto es que el 2024 fue duro; en el munici­pio de Céspedes acumulan más de 100 mil pesos en cuentas por cobrar al igual que en el de Florida, aun­que una salida ha sido ubicarlos en Servicios Comunales haciendo ni­chos y sarcófagos”, significó.

Siempre habrá solución

Humberto Menéndez Surí, director provincial de Economía y Planifica­ción, en la provincia de Camagüey, destacó que realizaron controles y revisaron las incidencias con la si­tuación financiera de las EA que pasaron del Grupo Empresarial Az­cuba a subordinación local. Encon­traron deudas a los trabajadores y lo primero fue ver las reservas produc­tivas para buscar ingresos.

Otra opción fue el crédito de capital de trabajo que otorga el Banco, para ejecutarlo en activi­dades productivas, como siembra y cosecha de diferentes cultivos o realizar labores fundamentales de la entidad. La orientación es agotar todas las posibilidades productivas y entonces acudir al crédito banca­rio, expresó el directivo.

Aunque no siempre las indica­ciones llegan a tiempo y encontra­mos a quienes como Ernesto Bár­zaga Sánchez, se mantienen en su puesto por amor a la empresa y a la que considera no se le presta la debida atención por el sindicato.

“Aquí en la EMC hay una sec­ción sindical depauperada. Como no tenemos custodios asumo esa tarea y la de recepción.

“Para cobrar una cuenta de 88 mil pesos a la Empresa Geominera, tomó dos años. Le dije a la direc­tora y a la económica que yo iba a usar mis vacaciones para realizar las gestiones y erradicar esa deuda y así lo hice”, nos dijo. Es lastimoso escuchar que por la carencia de di­nero ha tenido que ir caminando de su casa al centro de trabajo, unos 6 kilómetros de distancia.

Radiografía en los campos

El pago del salario o el anticipo en las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC) constituye una obligación fundamental de la admi­nistración de primer orden para el sindicato. No obstante, en los últi­mos tiempos este derecho se ha vis­to afectado en diferentes entidades, incluso después de haberse discuti­do en el Consejo Nacional de la CTC.

Causas del impago se concen­tran en la falta de producción y efi­ciencia económica, especialmente en EA Municipales y centrales azu­careros, precisó José Antonio Pérez, miembro de la Comisión Organiza­dora del 22 Congreso de la CTC.

Se suman los mismos proble­mas descritos: financieros, deudas, cuentas por cobrar, déficit de per­sonal contable y de recursos huma­nos, y la competencia del sector pri­vado, que atrae a profesionales con salarios más altos.

El impacto sobre las familias es directo en un contexto de in­flación y pérdida de capacidad de compra. No solo afecta balances financieros, también erosiona la confianza en las instituciones y golpea la mesa familiar, en tanto, persisten entidades con atrasos de pago de cinco, ocho y hasta 12 me­ses, reflexionó el funcionario.

En las áreas rurales esa situación adquiere una dimensión crítica, por la desmotivación en quienes traba­jan día tras día en el campo, lo cual se traduce en fluctuación hacia otras entidades y zonas urbanas, y conse­cuente aumento de tierras ociosas y despobladas.

¿Cómo lograr la permanencia en el campo y estimular la producción de alimentos? Una respuesta a me­dias la encontramos en las medidas transitorias adoptadas a partir de la solicitud de fondos emergentes al Ministerio de Finanzas y Precios para cubrir atrasos; reubicación de trabajadores en actividades secun­darias o de ciclo corto y control sin­dical en defensa de los afiliados.

“La solución definitiva está en producir y prestar servicios. Así se­ría digno defender un salario respal­dado por la creación de riquezas”, advirtió Pérez.

El comercio también ha registra­do incidencias en provincias como Granma, Camagüey, Matanzas y Santiago de Cuba, reflejo de la ines­tabilidad de ofertas, insumos y ni­veles de actividad. A ello se suma la insuficiencia de equipos de recursos humanos y contabilidad, y la compe­tencia del sector no estatal.

Durante el inicio del año el im­pago salarial superaba los 20 mil trabajadores afectados, ya disminu­yó a 3 mil; y cinco entidades superan los cinco meses de impago, lo que acarrea ilegalidades, indisciplinas sociales y laborales.

Las deudas en el caso de las EA municipales se concentran en Ca­magüey, Las Tunas y Granma, con atrasos de varios meses, y Santiago de Cuba, con una deuda de un mes.

“Específicamente en el sector azucarero, seis de ese tipo de enti­dad diseñadas para producir mela­dura quedaron sin combustible y no honran el pago del salario en centra­les como Bartolomé Masó y Roberto Ramírez, en Granma, y Argentina y Brasil, en Camagüey”, aseveró.

Son evidencias de que existen muchos factores que inciden en la formación de los salarios y en las violaciones e incumplimientos de un pago que debe ser sagrado.

Es cierto, como enfatizó Enri­que Cisneros Morris, jefe del De­partamento Económico de la CTC, de que: “El salario tiene que estar respaldado por la creación de bie­nes y servicios y su impago no pue­de quedar en informes sindicales”. Este criterio hace preguntarnos.

¿Dónde queda entonces la defen­sa sindical en la base a los derechos de los afectados, si los salarios de buena parte de los cubanos son tan insuficientes que rozan lo simbólico? El tema requiere una acción enérgi­ca contra los infractores por la parte gubernamental también. La despro­tección que significa un mal que ha echado raíces hay que talarla para que cese al menos ese llanto en el bolsillo obrero.