En los últimos meses Estados Unidos ha incrementado de forma notable su presencia militar en el Caribe, poniendo énfasis en la zona cercana a las costas venezolanas. El pretexto es combatir el narcotráfico, pero muchos analistas coinciden en que se trata de una estrategia de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para sacarlo del poder.

Washington describe la operación que han llamado Southern Spear (Flecha del Sur) como parte de un esfuerzo ampliado de lucha contra el tráfico marítimo de estupefacientes, pero varios funcionarios, incluido el exdiplomático James Story, coinciden en que “Trump está dando la señal de que tiene todas las herramientas del Estado para utilizarlas contra Maduro, si fuera necesario”.
Un artículo publicado en el influyente diario The New York Times ha informado que la administración de Donald Trump autorizó a la CIA a elaborar planes de acción encubierta en Venezuela como parte de una estrategia de presión más amplia, en un contexto de intensificación de operaciones de seguridad en el mar Caribe. Desde septiembre, la potencia norteña ha utilizado a sus Fuerzas Armadas en ataques contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe, incluidos varios botes que partieron de Venezuela. Tales operativos han cobrado la vida a más de 60 personas.
Despliegue sin precedentes
Varios reportes noticiosos aseguran que hasta el momento Washington ha desplegado más de 10 mil soldados en la región. La cifra incluye al personal embarcado en buques y fuerzas destacadas en islas y bases del Caribe, así como a los de un conjunto de destructores, submarinos, aviones de patrulla y drones de vigilancia.

Según Army Recognition, el núcleo de la fuerza es un grupo de ataque liderado por el portaaviones USS Gerald R. Ford con buques de escolta, aeronaves de combate y unidades de operaciones especiales. El sitio Military.com, por su parte, afirma que Estados Unidos reactivó la antigua base naval de Roosevelt Roads, en Puerto Rico, hacia donde ha enviado aviones cazas F-35, helicópteros y aeronaves de transporte, emplazamiento que refuerza su capacidad aérea y logística muy cerca de Venezuela.

Un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), asegura que el despliegue naval en el Caribe ya es el más grande de la historia de EE. UU. desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991).
La magnitud del operativo y la consolidación de medios navales y aéreos han generado alarma en Caracas y en varios países de la región. No es posible hablar de una coalición militar contra Maduro, pero unos pocos gobiernos de la región han mostrado cierta permisividad para acciones de vigilancia y tránsito.
Frente a esas posturas, otros han ratificado su respaldo al gobierno bolivariano, a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y a los principios que rigen el Derecho Internacional. En ese último caso destacan Cuba, México, Colombia, Brasil, y otros.
Venezuela responde
Venezuela declaró estado de máxima alerta y ha puesto sobre las armas a unos 200 mil militares. Entre ellos, fuerzas regulares y ciudadanos que se han incorporado a la milicia bolivariana para defender su tierra. El Ministerio de Defensa ha informado que esos activos han reforzado la vigilancia costera, preparan las defensas antiaéreas y han activado su sistema de misiles, así como sus fuerzas navales, drones y unidades de reconocimiento.
Fuentes militares afirman que el país cuenta con modernos sistemas antiaéreos como misiles Igla-S; mientras que el sitio Army Recognition refiere que Venezuela mantiene activos varios cazas Su-30, transporte aéreo y helicópteros, lo que le permite proyectar una “significativa” capacidad defensiva.
La respuesta de los venezolanos, con movilización masiva y activación de sus capacidades militares, confirman que Caracas no cederá sin pelear.
Posibles impactos de la escalada militar
El peor escenario de las tensiones que se viven hoy sería que el Gobierno de Estados Unidos y su ególatra presidente convirtiera presiones y amenazas en agresión militar directa. En ese caso el impacto político, social, económico y humanitario tendría imprevisibles consecuencias.
El cerco militar contra Venezuela ha consolidado el discurso bolivariano de resistencia y soberanía; el pueblo de la nación suramericana ha expresado su voluntad de defender el territorio “bolivariano” al precio que sea necesario.
Una acción militar podría disparar además una ola de acciones regionales contra Estados Unidos que rompería la estabilidad hemisférica construida durante décadas.
Varios expertos han alertado que el incremento de las tensiones podría desatar una nueva oleada migratoria, especialmente entre los que viven cerca de la costa o en zonas vulnerables y perciben un peligro real para sus vidas y las de sus familias.
La presencia militar en el Caribe impacta también en la economía regional pues afecta las rutas comerciales marítimas; eleva el riesgo para el comercio petrolero, renglón económico esencial para Venezuela y que Estados Unidos ambiciona controlar; inhibe las inversiones extranjeras; y frena la producción y las exportaciones de los países del área.
Tal como ha sucedido en las últimas guerras que Estados Unidos ha iniciado, o apoyado, los grandes perdedores son los pueblos. Un conflicto abierto representa una tragedia humanitaria que arrasa la infraestructura civil y los servicios básicos (agua, alimentos, salud).
La verdad verdadera
Más allá de la versión oficial estadounidense que habla de combate al narcotráfico, historia que muchos expertos cuestionan, se conoce de viejas ambiciones de EE. UU. que nos remiten a las enormes reservas de petróleo y minerales estratégicos que posee Venezuela.
Analistas aseguran que se trata de una demostración de fuerza geopolítica frente a Rusia y China. Con este operativo, Estados Unidos pretende mostrar “músculo militar” y reafirmar su preeminencia hemisférica, enviando un mensaje global sobre quién marca el ritmo regional.
El incremento de las tensiones, justo ahora, ha sido explicada por varios expertos también como una cortina de humo para desdibujar el evidente retroceso que en materia de apoyo electoral ha experimentado el presidente Trump. Todo indica que la política interna le está pasando factura a sus malos manejos en materia económica, diplomática y, sobre todo, ética.
Las más recientes revelaciones sobre el llamado caso Epstein han amplificado las sospechas acerca de la implicación directa del mandatario en delitos de pedofilia y tráfico de personas, delitos que podrían desatar un alud que arrastre no solo a la figura política, sino a toda esa casta de republicanos y demócratas que lleva décadas controlando los poderes reales en Estados Unidos.
Pacifistas, pero listos a pelear
En el año 2014 los países latinoamericanos y caribeños firmaron en La Habana una proclama que declaró la región como “zona de paz”. En ella se comprometen a no admitir intervenciones bélicas en la región.
El cerco impuesto por Estados Unidos a Venezuela pone en jaque ese principio, polariza Gobiernos que hasta hace poco buscaban mediación y diálogo, a la vez que revive viejos temores acerca del irrespeto que muestra la potencia norteña por la soberanía de otras naciones.
En un escenario cuya historia ha estado marcada por intervenciones, sanciones y crisis, el operativo estadounidense no solo desafía la soberanía venezolana, también pone en peligro compromisos regionales sobre el desarme y la paz, a la vez que activa malos recuerdos de marines abusivos, contaminación y sometimiento a potencias extranjeras.
El mundo observa con cautela, un error de cálculo podría desatar la guerra y poner en riesgo la estabilidad de América Latina, el Caribe y mucho más. No por gusto organismos multilaterales y voces diplomáticas han recomendado evitar la militarización y priorizar canales de diálogo como el propuesto hace unas semanas por el presidente brasileño Lula da Silva.

