En el dinámico panorama económico de hoy, en el que el sector no estatal gana un espacio creciente, la contratación se erige como la piedra angular de la protección de los derechos de los trabajadores.
Sin embargo, la sombra de la informalidad aún persiste dejando a miles desprotegidos y vulnerables.
Garantizar el cumplimiento de la ley no es solo una obligación, sino un acto de justicia social y una inversión en la estabilidad económica del país.
La relación empleado-empleador en Cuba se encuentra reglamentada, principalmente, por el Código de Trabajo, cuya actualización está en proceso de consulta y en el que se establecen las disposiciones que rigen las relaciones laborales.
Las razones detrás del incumplimiento de la contratación formal son multifacéticas y responden a una combinación de factores económicos e, incluso, culturales.
Involucrados en estos temas estiman que entre ellas está la presión económica, pues para muchos negocios privados emergentes los costos asociados a los aportes a la seguridad social pueden representar una carga financiera significativa, lo que lleva a algunos a buscar atajos para reducirlos a corto plazo.
También resulta posible inferir la complejidad regulatoria que puede ser vista como burocrática y morosa, además del propio desconocimiento de las obligaciones por ambas partes lo que facilita que se produzcan violaciones de manera inconsciente.
Lo cierto es que trabajar sin un contrato formal tiene consecuencias negativas para la dignidad y la seguridad económica de las personas.
Quien se encuentre en esta situación carece de acceso a la seguridad social (pensiones de jubilación) al tiempo que queda excluido del sistema de protección social, del derecho a vacaciones remuneradas, pago de certificados médicos y a la protección por maternidad.
Es válido destacar que sin esa relación contractual el empleado puede ser despedido en cualquier momento sin causa justa y sin derecho a indemnización pues le resulta extremadamente difícil exigir sus derechos ante los tribunales.
La solución a esta problemática debe tener un enfoque integral.
Debe valorarse continuar la simplificación de los trámites y procesos de formalización, y explorar la creación de incentivos fiscales temporales; fortalecer la inspección laboral; crear campañas de divulgación y educación así como fomentar o reforzar la actuación de las organizaciones sindicales a fin de que expliquen a esos trabajadores las ventajas de la afiliación para representarlos y hacer valer la ley.
