Otra mirada a las relaciones laborales

Entre los aportes de investiga­dores y sociedades científicas al Anteproyecto del Código de Tra­bajo que los colectivos laborales discutirán a partir de septiembre próximo, está la propuesta sobre cómo cumplir, con­trolar y medir en las organizaciones un de­recho que establece la Constitución de la República de 2019: la participación de las personas trabajadoras en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía.

Así lo consideró Guillermo Ferriol Mo­lina, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), con quien pudimos abordar los aspectos más notables del ya inminente proceso de consulta con todos los trabaja­dores.

Para el destacado especialista el escena­rio laboral cubano “se ha modificado sus­tancialmente” desde que en el 2013 se apro­bara el Código de Trabajo aún vigente. “Hoy los empleadores, las personas trabajadoras, sus organizaciones, no tienen exactamen­te las mismas características y condiciones que en aquel año. Por tanto, encontrarán en la ley que se proyecta un mejor y mayor fun­damento para su actuar en los nuevos esce­narios económicos”.

Además de ese objetivo de adecuar la legislación a la realidad económica y labo­ral del país, así como a lo dispuesto en la carta magna y en los convenios emitidos por la Organización Internacional del Tra­bajo (OIT), Ferriol Molina destacó que el Código en elaboración servirá igualmente para contribuir al mejor desarrollo de las relaciones laborales, a una mayor protec­ción de los derechos de las personas traba­jadoras y al establecimiento de las debidas responsabilidades de los sujetos laborales, en los diferentes y ya no tan homogéneos escenarios económicos”.

Mencionó entre los cambios la intro­ducción del principio constitucional del empleo digno, el modo de acceso a los ór­ganos judiciales y prejudiciales ante con­flictos de trabajo, la presencia de nuevos sujetos que establecen relaciones labora­les, como las mipymes o los proyectos de desarrollo local; las modificaciones en el funcionamiento de las empresas estatales y unidades presupuestadas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, empre­sas con inversión extranjera, o el trabajo por cuenta propia.

También apuntó hacia el desarrollo de nuevos conceptos o prácticas, como el traba­jo a distancia y el teletrabajo; o el reconoci­miento de la seguridad y salud en el trabajo como un derecho fundamental.

“El Derecho del Trabajo contribuye a organizar las labores e influir sobre sus re­sultados, en todo tipo de organización, en cualquier momento o bajo cualquier circuns­tancia, mediante disposiciones sobre organi­zación del trabajo, organización del salario, régimen de trabajo y descanso, remuneración del trabajo, disciplina, participación, entre otros. De ahí, que el Anteproyecto proponga una nueva mirada a las relaciones labora­les”. valoró el jurista.

¿Un Código científico?

Ferriol Molina, para quien la elaboración de este Anteproyecto “ha sido una importante responsabilidad compartida y, por supuesto, disfrutada”, recordó que en el mundo del tra­bajo confluyen distintas materias, jurídicas y no jurídicas, dado su amplio espectro y su diversa naturaleza, lo cual concede mayor re­levancia al papel de los investigadores y las sociedades científicas.

“Desde las ciencias y la investigación no solo se ha fundamentado lo que se proyecta, sino también ha permitido incluir en el do­cumento los resultados de estudios, de expe­riencias prácticas, de conocimiento colectivo, que le han dotado de una sistemática signi­ficativa, si bien el análisis en los colectivos laborales contribuirá, aún más, a su perfeccio­namiento”, añadió.

Ejemplos de estos estudios lo han sido el análisis de aquellas disposiciones normativas que deben perfeccionarse, para continuar in­centivando la protección de los derechos labo­rales, las responsabilidades de quienes inter­vienen en los procesos, así como la promoción y necesaria eficiencia en el trabajo.

Igualmente se prevén aspectos que es­tablecen iguales derechos para todas las personas trabajadoras, con independencia del sector y las formas de gestión en las que laboren; y se ha realizado un análisis pormenorizado de los aproximadamente 90 Convenios de la OIT ratificados por Cuba, y que deben encontrar fundamento en nuestra legislación.

Explicó Ferriol Molina que han sido es­tudiados Códigos o leyes laborales de varios países para conocer qué se debe regular o no en el Anteproyecto, considerando la natura­leza, particularidades y condiciones del sis­tema social y laboral cubano. “Por supuesto, se mantienen los derechos fundamentales en el trabajo establecidos en el vigente Código, para no incurrir en regresión o disminución de esos derechos, como ha ocurrido en otras naciones.

“En esencia —planteó— se propone un Anteproyecto que responde a las condiciones actuales del mundo del trabajo en Cuba, con sus nuevos y no tan nuevos sujetos económi­cos y laborales”.

Entre los aspectos que pudieran resultar polémicos, el especialista citó los principios generales del Derecho del Trabajo, cuya de­finición puede ser objeto de inquietudes o de necesidad de mayor explicación para su de­bido conocimiento y aplicación; así como la definición de iguales derechos para todas las personas trabajadoras, con independencia del sector y las formas de gestión en las que la­boran, “pues hoy no siempre se aprecia así”, agregó.

Las diferencias en el procedimiento para la solución de los conflictos o reclamacio­nes, según el sector o tipo de organización; el cambio previsto en la edad laboral; los tipos de contratos que se proponen; los límites de la jornada de trabajo en el pluriempleo; son otros aspectos que pudieran centrar los de­bates.

“Varias consideraciones pueden surgir en los análisis que se inician en septiembre; es­tas, seguramente, enriquecerán el Antepro­yecto. Experiencias positivas de estos proce­sos ya existen”.

“Tenemos una alta responsabilidad, que se hace cada vez mayor, en su estudio, inter­pretación y cumplimiento; ya que la mayor cantidad de operadores del Derecho del Tra­bajo no son juristas. Esta disciplina jurídica hoy se hace más transversal y significativa en el desarrollo del país; pues toda proyec­ción económica o social debe tener para su cumplimiento una adecuada instrumenta­ción y regulación desde el Derecho del Tra­bajo”, significó.

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