¿Urgencia climática o injusticia ambiental?

¿Urgencia climática o injusticia ambiental?

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En el mundo existen unos mil 550 millones de automóviles. Datos del 2025 de la International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) y la Agencia Internacional de Energía (AIE) refieren que casi el 78 % son de combustión interna.

 

La extracción de litio implica bombear salmuera desde debajo de los salares chilenos hasta piscinas de evaporación. Foto: Tomada de BBC Mundo

 

El impacto medioambiental de estos medios de transporte ha contribuido a generar una urgencia climática ampliamente estudiada. La propuesta de reemplazarlos por modelos eléctricos disparó el consumo global de litio, elemento químico usado en las baterías de los autos llamados Cero Emisión y también en las de móviles, computadoras y sistemas de generación eléctrica a partir de energía eólica.

En el 2021 se emplearon 95 mil toneladas (t) de ese metal blanco plateado, suave y reactivo, que se ha convertido en el corazón de la transición energética global. La cifra se duplicó para el 2024, hasta alcanzar las 205 mil toneladas. La AIE ha previsto que para el 2040 podría superar las 900 mil.

Esto incrementó los precios del también llamado oro blanco. La espodumena, mineral rico en litio que comercializa Australia, por ejemplo, vio crecer su valor 10 veces en menos de dos años. En enero del 2021 se comercializaba a 415 dólares la tonelada y en octubre del 2022 a 4 mil 994 dólares. No obstante, conocedores de las dinámicas internas del mercado, han pronosticado su abaratamiento como consecuencia del superávit productivo.

Vale señalar que Australia lidera la producción de litio, con unas 88 mil t al año; seguida de Chile, que aporta 49 mil t. y China 41 mil t. Las mayores reservas descubiertas, en cambio, están en Bolivia, Argentina y Chile que conforman el llamado triángulo del litio sudamericano.

 

Suramérica se afila los dientes

Bajo las áridas tierras del desierto de Atacama yace parte de un tesoro estratégico que ha convertido a Chile en epicentro del debate ambiental.

En el 2023, el Gobierno chileno lanzó su Estrategia Nacional del Litio, que incluyó la nacionalización parcial del sector y nuevas asociaciones pú- blico-privadas, como la alianza entre la estatal Codelco y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), que tiene entre sus principales accionistas a empresas de minería y la petroquímica, así como al Banco Mellon de Nueva York.

Esta alianza podrá extraer, hasta el 2060, unas 2,5 millones de t de litio al año. El Gobierno del presidente Gabriel Boric presentó la iniciativa como una oportunidad para diversificar la economía y combatir el cambio climático, pero varias voces han alertado acerca del impacto de la industria en el frágil ecosistema desértico.

La tecnología empleada para extraer el litio en los yacimientos chilenos explota de manera intensiva el agua subterránea, pues bombea salmuera desde el subsuelo hacia pozas de evaporación. A esta práctica achacan la disminución, sostenida y preocupante, de los niveles del preciado líquido, rico en minerales y de lenta reposición.

Expertos de la Reserva Nacional Los Flamencos, ubicada en la cuenca del salar de Atacama, región de Antofagasta, han denunciado además que los cambios en el hábitat han afectado la cadena alimentaria de las aves y sus ciclos de reproducción. También reportan daños a la vegetación autóctona.

“¿Para quiénes serán los autos eléctricos? Para europeos y estadounidenses, pero es nuestra agua la que se están robando”, reflexionó una chilena interrogada recientemente por la prensa. La opinión deja claro que el desarrollo económico y la justicia ambiental no siempre marchan juntos.

 

¿Peor el remedio que la enfermedad?

La explotación del litio, en cualquier parte del mundo, conlleva desafíos ambientales significativos. Estudios internacionales evidencian que su extracción implica uso intensivo de agua, generación de subproductos tóxicos, alteraciones en ecosistemas frágiles. También perturba la calidad de los suelos y las aguas.

El sentido común indica que los proyectos mineros deberían incluir programas de mitigación de riesgos, así como de compensación y desarrollo local. Las comunidades vecinas merecen participar de la distribución de los beneficios. Pero esos planes son difíciles cuando aún predomina la mirada extractivista y neoliberal con que los centros de poder siguen mirando al Sur.

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