Por: Álvaro Yoel García Peña, estudiante de Periodismo
La Corte Suprema de Argentina ratificó el 10 de junio la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner. El fallo reaviva el debate sobre el uso faccioso del sistema judicial en América Latina, donde procesos técnicamente legales suelen convertirse en armas políticas.
Antes de conocerse la sentencia, la ex presidenta había advertido en mitin con sus partidarios en la sede del Partido Justicialista (PJ), que “me meterán presa pero eso no resolverá los graves problemas que vive Argentina’’. Y añadió: ‘‘Estar presa es un certificado de dignidad; créanlo’’.
Tras conocerse el fallo, la lideresa comentó que la “Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos. Al cepo del salario le han sumado el cepo del voto popular’’, en referencia al veto adicional que impone la condena y le impide postularse para los comicios legislativos previstos para octubre de este año.
¿De qué se le acusa?
Cristina Fernández de Kirchner, quien gobernó Argentina entre el 2007y el 2015 y ocupó la vicepresidencia entre el 2019 y el 2023, es acusada del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
El caso, conocido públicamente como ‘causa Vialidad’, nos remite a una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en el 2006, durante la presidencia de Mauricio Macri.
La investigación examinó 51 contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz –considerada cuna del kirchnerismo– adjudicados al empresario Lázaro Báez. La Justicia estableció que existió un direccionamiento sistemático de los contratos hacia su grupo empresarial, acompañado de sobreprecios y falta de controles.
Fernández de Kirchner negó las acusaciones y denunció que el proceso forma parte de la campaña de persecución política y judicial (lawfare) de la que ha sido víctima.
En ese contexto, un individuo intentó asesinarla en septiembre del 2022 frente a su residencia en Buenos Aires, apuntándole con un arma que finalmente no disparó.
Semanas después del atentado, el 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a la ex mandataria y la sentencia fue ratificada en noviembre de 2024 por la Cámara de Casación. Ahora la condena es definitiva, tras el rechazo de la Corte Suprema al último recurso de apelación que garantiza la legislación argentina.
El tribunal otorgó un plazo de cinco días hábiles para que Fernández de Kirchner se presente ante la justicia e ingrese en prisión, y ella ha declarado públicamente que lo hará el venidero miércoles 18 de junio.
La defensa de Kirchner, liderada por Carlos Beraldi, solicitó que la ex presidenta cumpla la pena en su domicilio del barrio porteño de Monserrat, argumentando razones de seguridad personal. Se espera además que el tribunal tome en cuenta que la ex mandataria ha cumplido 72 años, lo cual habitualmente influye en cómo y dónde el convicto debe cumplir su sentencia.
La confirmación de la pena tiene además una consecuencia política inmediata: impide que la actual presidenta del PJ se postule como candidata a legisladora por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas previstas para el 2025, algo que nunca había ocurrido en la política argentina.
La decisión y sus reacciones
Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Javier Milei, quien desde su cuenta en la red social X escribió: “Justicia. Fin”. Y añadió una posdata: “La República funciona”. También lo hizo la ministra de Seguridad Patricia Bullrrich quien dijo: “el que las hace, las paga”.
Sin embargo, varios líderes latinoamericanos se solidarizaron con la ex jefa de Estado. Uno de los primeros fue el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez quien escribió en X: “Reafirmamos nuestro invariable apoyo a Cristina Fernández ante episodio de judicialización política”.
También lo hicieron los presidentes de Bolivia, Luis Arce; de México, Claudia Sheinbaum; de Colombia, Gustavo Petro; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva; de Honduras, Xiomara Castro. Así como los ex presidentes Evo Morales, Manuel Zelaya y Rafael Corea. Desde España la eurodiputada Irene Montero, del partido Podemos, expresó su condena al fallo de la justicia argentina y la tildó de “guerra sucia judicial y mediática”.
¿Único caso en América Latina?
La situación de Cristina Fernández en Argentina no es aislada, sino parte de una tendencia recurrente en América Latina. El continente vive una ola de procesos contra ex presidentes, donde la línea entre justicia y persecución política es delgada.
Quizás uno de los casos emblemáticos en la historia reciente de este continente es el de Luis Ignacio Lula Da Silva, quien estuvo 19 meses en prisión por un caso de corrupción sin pruebas concretas; conocido como Operación Lava Jato.
Lula fue liberado en noviembre de 2019 tras la anulación de sus condenas por irregularidades judiciales. Durante el proceso enfrentó momentos trágicos, como la muerte de su esposa en 2017 y la de un nieto en 2018, año en el que aparecía como favorito para los comicios presidenciales previstos para el 2019 y que finalmente ganó Jair Bolsonaro. Hoy Lula ha regresado al poder como la máxima autoridad del gigante sudamericano.
Si nos quedamos en Brasil también encontramos el caso de Dilma Rousseff, destituida en 2016 bajo acusaciones de “crímenes de responsabilidad” e irregularidades en las cuentas públicas. Rousseff denunció que su destitución fue, en realidad, un golpe político para consumar la llegada al poder de Michel Temer.
Otro de los casos más recientes, aún no resuelto, es el de Pedro Castillo, presidente electo de Perú. Detenido desde diciembre del 2022 tras intentar disolver el Congreso, Castillo fue removido de su cargo y enfrenta un juicio por rebelión y abuso de autoridad. La fiscalía pide cuatro años de cárcel. Según el propio Castillo todo formó parte de un golpe de Estado en su contra.
En Ecuador Rafael Correa sufrió también un intento de golpe de Estado durante uno de sus mandatos (2007-2017). Una década más tarde fue condenado a ocho años de prisión por cohecho.
Correa denunció que el fallo judicial carecía de fundamentos y cuestionó el estado de derecho en su país; actualmente reside en Bélgica con asilo político concedido por la nación europea.
Un caso más clásico de golpe de Estado, ocurrió en 2009 en Honduras contra Manuel Zelaya cuando fue derrocado por militares con apoyo de sectores empresariales y judiciales. Se le acusó de ‘‘traición a la patria’’ mientras impulsaba una consulta popular para reformar la Constitución.
Estos casos muestran un patrón en la región: líderes de izquierda enfrentando procesos judiciales, destituciones o golpes políticos, muchas veces en contextos de alta polarización.
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