El servicio de ómnibus mediante guaguas arrendadas ha surgido en los últimos tiempos como una alternativa para paliar las deficiencias del transporte público en Cuba.
Su implementación ha generado un debate intenso entre los usuarios, que se preguntan si esta modalidad es una solución efectiva o simplemente un parche temporal. No pocos han reportado conductores que manejan a excesiva velocidad, frenan bruscamente, ignoran paradas establecidas, alteran rutas sin previo aviso, en tanto hacen estancia donde “los dueños” entienden o tienen intereses personales alargando en extremo y de manera desesperante las horas de viaje. En resumen: maltrato sin opciones.
Regularmente un viaje de La Habana a Bayamo, por ejemplo, demora alrededor de 12 horas; sin embargo en un servicio de guagua arrendada puede durar entre 15 y 17 horas, según experiencias propias. A los clientes nos queda solo la resignación, pues ante el reclamo que corresponde se manifiestan los “puede bajarse si lo desea”, “nadie la obligó a montarse aquí” o “no se queje tanto que la cosa está mala donde quiera”.
A esto se suma la sobrecarga de pasajeros y en no pocas ocasiones la falta de condiciones mínimas de higiene, comodidad y confort.
Están a su vez los precios elevados —mucho más altos que el servicio estatal— y la falta de regulación clara en ese sentido que han dejado a no pocos usuarios en desventaja, especialmente a aquellos con menores recursos. Un viaje desde la capital cubana hasta las provincias orientales puede tener un costo entre los 5 mil y hasta 10 mil pesos por persona: ¿podrá ser entonces la solución para una familia con ingresos que provienen del empleo con el Estado?
Resulta molesto también el uso desmedido de música a volúmenes ensordecedores, en varios casos con canciones de muy mal gusto y obscenas, sin considerar el horario (noche-madrugada) o la incomodidad de niños, ancianos, mujeres (quienes son denigradas), personas con otras preferencias musicales o que simplemente buscan un viaje tranquilo.
Pese a las quejas, no existe un control riguroso sobre estos servicios. Las autoridades deben fiscalizar no solo los precios, sino también las condiciones del viaje, el comportamiento de los choferes y la consideración hacia los usuarios. Mientras no haya una supervisión constante, seguirán predominando el abuso y la indisciplina. No debemos seguir transitando por rutas equivocadas.
