“Dejen que el pueblo decida”, exige el presidente Gustavo Petro a los legisladores que pretenden pararle los pies en sus intentos de reformar la nación, pero parecería que los salones del Senado colombiano tienen mala acústica.
Dos de las promesas de campaña del líder de la coalición Pacto Histórico, fundado en febrero del 2021, fueron precisamente las reformas laboral y del sistema de salud. Ambas han chocado con la resistencia de los poderes más conservadores de la nación.
La propuesta de Petro en torno al sistema de salud fue aprobada en la Cámara de Representantes, no así en el Senado. La iniciativa persigue varios objetivos, entre ellos fortalecer la red pública de hospitales y habilitar caminos para prestaciones económicas, becas, licencias de maternidad a personas no cotizantes, y atención a la población migrante.
No han faltado cuestionamientos, algunos desde el entorno asistencial y médico, para señalar que los cambios no resuelven el problema más grave del sistema actual: el abandono que en materia de salud sufren las comunidades rurales.
La reforma laboral, por su parte, propone, por ejemplo, limitar la práctica de contratar personas bajo la modalidad de “prestación de servicios”, en la que el empleador se libera de la carga de los pagos de prestaciones sociales, de salud y pensiones para trasladarlos al empleado. Permanecerían, en cambio, los contratos temporales por “obra labor”, sin posibilidad de prórrogas.
El proyecto contempla que se firmen contratos de aprendizaje a miles de jóvenes que estudian en la principal entidad de formación técnica y tecnológica de Colombia llamada Sena, garantizándoles un pago del 100 % del salario mínimo durante su período de pasantía, junto al resto de las retribuciones que establece la ley.
Amplía la jornada nocturna por la que se otorgan pagos adicionales. La reforma indica que sea de siete de la noche a seis de la mañana, y no desde las nueve de la noche, como en la actualidad. Propone el pago del 100 % de la jornada para quienes laboren en días feriados y dominicales. Hoy es solo del 75 por ciento.
El documento dispone nuevas regulaciones para los trabajadores de plataformas digitales como Uber y similares, otorgándoles garantías laborales y de seguridad. También propone que las licencias temporales no afecten el salario en caso de ir a votar, sufrir una calamidad doméstica, tener una actividad sindical o padecer ciclos menstruales incapacitantes asociados a endometriosis previamente diagnosticada.
Estas y otras novedades de la reforma laboral transitaron con relativa calma en la Cámara de Representantes, pero en marzo pasado la Comisión Séptima del Senado engavetó la propuesta, justo el mismo día en que multitudinarias manifestaciones expresaban su respaldo a las iniciativas de Petro.
La respuesta del Ejecutivo fue proponer una consulta popular, convocatoria que, según la Constitución colombiana, debe ser avalada por el legislativo. Esa fue la oportunidad para que los senadores de la oposición obstaculizaran el proceso una vez más, apelando al fraude y a la manipulación, según denuncias de varios legisladores.
Los ánimos se exaltaron y desde la presidencia han convocado a un nuevo paro nacional: “Con tranquilidad, pero sabiendo que los derechos no se mendigan, le corresponde al pueblo reunirse en cabildo en todos los municipios de Colombia, y tomar la decisión que corresponde a la respuesta del Senado de la República. Personalmente me reuniré con el cabildo popular de la ciudad de Barranquilla. Allí escucharé la decisión popular como jefe de las fuerzas militares de Colombia y presidente legítimo de la República y acataré la decisión de los cabildos populares de todo el país. Ni los derechos se mendigan, ni se acalla al constituyente primario”, escribió Petro en X el pasado día 15.
En apenas un año, los más de 52 millones de colombianos deberán votar por un nuevo presidente. Petro no será candidato pues la Carta Magna prohíbe la reelección. Su mandato ha sido un pulseo constante entre los poderes de un modelo de democracia que pocas veces piensa en los desposeídos.
