La anunciada modificación del Código de Trabajo es uno de los hitos que seguramente centrará la atención del movimiento sindical cubano y de todos nuestros colectivos laborales durante este año 2025.
Previsto para abril y mayo próximos, el proceso de consulta a los trabajadores debe estar precedido por un grupo de precisiones con la CTC y la preparación de quienes conducirán ese debate, desde este mes de febrero, de acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En poco más de una década desde que en el 2013 se aprobara la Ley en vigor hoy, no son pocas ni sencillas las transformaciones que han acontecido en el entorno laboral del país y hacen imprescindible esta actualización.
A finales del pasado año los diputados de la comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular pudieron conocer y analizar la política que animará la nueva norma jurídica, que comprende mejoras no solamente desde el punto de vista técnico, sino sobre todo cambios sustanciales en principios y conceptos alrededor del mundo del trabajo.
Entre los propósitos más relevantes de la propuesta en elaboración está, sin duda, la de poder garantizar iguales derechos a todas las personas trabajadoras, con independencia del sector y la forma de gestión donde laboren. O dicho de otro modo, fortalecer la legalidad, los derechos y garantías, y también los deberes de empleados y empleadores, tanto en las entidades estatales como en el sector privado.
La existencia de una variopinta diversidad de actores económicos que van desde el trabajador autónomo hasta las mipymes y las cooperativas, o el sector estatal empresarial y el presupuestado, entre otras formas asociativas e instituciones, obliga a legislar con preceptos claros, abarcadores y comunes, pero sin pasar por alto las especificidades.
Resulta de particular relevancia asimismo que la política apunte a favorecer aún más la participación de los colectivos laborales y sus organizaciones sindicales en la toma de decisiones administrativas, desde la planificación hasta la gestión y el control de la economía, a partir incluso de sustituir en decisiones trascendentales la vieja fórmula de “oído el parecer”, por la variante más democrática, “de común acuerdo”.
Figuras más recientes como el pluriempleo, el teletrabajo y el trabajo a distancia tendrán una mejor plasmación en la futura legislación, en busca de definiciones más precisas sobre las formas y condiciones para su utilización, mediante el convenio colectivo entre la administración y el sindicato.
Tendrá el próximo Código de Trabajo que profundizar en los principios de igualdad y no discriminación, de acuerdo con lo que estableció en el 2019 nuestra joven Constitución, así como en otros conceptos de uso internacional que es preciso incorporar: estabilidad laboral, protección mínima, prohibición del trabajo forzoso, empleo digno, o violencia y acoso en el ámbito laboral.
Las diferentes modalidades de contratación, las circunstancias y tratamiento ante el cese de una relación laboral, la edad mínima para trabajar y la protección a la juventud, la duración del servicio social y la mayor exigencia de su cumplimiento, las licencias no retribuidas para viajar o cuidar familiares, el sistema de justicia laboral y el acceso la vía judicial ante situaciones de conflicto, la seguridad y salud en el trabajo, son otros de los muchos aspectos que requieren revisión y tendrán adecuaciones a los nuevos tiempos.
Toda esa revolución en los contenidos y las formas de las relaciones laborales generará múltiples polémicas en el seno de la sociedad cubana en los meses por venir, aunque podríamos decir que ya hay un tramo adelantado de esta discusión, a partir de los aportes que nos dejan las asambleas del 22 Congreso de la CTC.
Cuando cada sección sindical le entre con la manga al codo al anteproyecto de Ley que está por venir, seguramente volverá la sabiduría colectiva del pueblo trabajador a decir la última palabra, con el enriquecimiento, variación y perfeccionamiento de tales propuestas, cuyo fin último es —en definitiva— contribuir a dinamizar la economía y actualizar el modelo económico socialista.
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