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Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, responde a dos lectores que nos escribieron y sus cartas fueron remitidas a ese organismo. La primera la envió Beatriz Chávez Pérez, quien muestra inconformidad con el tratamiento ofrecido a su hijo, José Gabriel Herryman Chávez, en la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (DMOTU), de Yara, Granma.
“El Departamento de Atención a los Ciudadanos de la Fiscalía Provincial de Granma radicó queja para la investigación de estos hechos, constatándose que José Gabriel se desempeñaba como inspector estatal en la mencionada dirección municipal.
“Que el 1.º de mayo de 2022 incurrió en violaciones de la disciplina laboral, que conllevó que le aplicaran medida disciplinaria de Separación Definitiva de la entidad.
“Ello fue al amparo de lo establecido en el Decreto Ley 67 de 2022 Sobre las relaciones de trabajo de los funcionarios y otros trabajadores designados, a través de la Resolución 49 de fecha 19 de mayo de 2023.
“Inconforme con la medida disciplinaria, interpuso recurso de Apelación ante el presidente del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, como establece el artículo 31.1 de la mencionada norma, que mediante la Resolución 39/22 se declaró sin lugar.
“Él podría haber presentado Recurso de Reforma ante la propia autoridad que resolvió, derecho del que no hizo uso a pesar de su apercibimiento en la propia resolución notificada. Beatriz Chávez Pérez mostró conformidad con la respuesta ofrecida”.
Dan solución a queja
La otra queja recibida y tramitada con la Fiscalía, fue la de Walfrido Borrego Puerto, quien “solicitaba el apoyo de los factores del municipio para solucionar los problemas constructivos de su vivienda, incidiendo en esa situación su condición de minusválido y el estado de salud que presenta.
“Se creó una comisión investigadora integrada por directivos del territorio, quienes al visitar la vivienda de Borrego, comprobaron que ciertamente es una persona con limitación física y un paciente oncológico.
“Su inmueble está ubicado en Las Martinas, municipio de Sandino, de Pinar del Río, con un alto deterioro de la cubierta y el cerramiento.
“Dado que ello implica —en correspondencia al plan y entrada de los recursos a los puntos de venta de materiales— la inclusión en el plan estatal de conservación y rehabilitación integral de la vivienda, Subsidio o Esfuerzo propio el grupo de trabajo, teniendo en cuenta las afectaciones del inmueble”.
