Comunicar es de ley

Se dice un poco en broma y un poco en serio, que en Cuba todo el mundo sabe de pelota, de medicina y más recientemente, de comunicación. Y está muy bien, pues al fin y al cabo se trata de prácticas sociales que involucran, motivan y generan criterios y pasiones de todo tipo.

Como antecedente es justo recordar que desde hace ya va­rios años en el ámbito periodístico comenzó a hablarse, con propuestas concretas, en torno a la mejor manera de legislar acerca de la comunicación social en el país.

Esa siempre fue una vieja aspiración profesional del sector de la prensa, la cual ha ido evolucionando a partir de una com­prensión superior de la integralidad que requieren los proce­sos comunicativos.

De hecho, recuerdo la sugerencia específica en uno de aque­llos debates relacionados con la política de comunicación del Estado y del Gobierno, sobre lo importante que era elevar al máximo posible del rango de la futura norma jurídica.

De pensarse en tener solo un decreto-ley hubo periodistas que fundamentamos la necesidad de que fuera una ley, preci­samente con la intención de que una legislación de ese tipo, que compete a toda la sociedad, pudiera ser ampliamente dis­cutida, consensuada e implementada por todas las institucio­nes y la ciudadanía.

Y eso es lo que ha ocurrido con el proyecto de Ley de Comu­nicación Social que ahora vuelve a ser sometido a análisis y discusión en reuniones territoriales por parte de los diputados, con vistas a su presentación oportuna en la Asamblea Nacio­nal del Poder Popular, después también de múltiples rondas de consultas especializadas y con integrantes de la sociedad civil.

Lo más sobresaliente de esta propuesta legislativa es su mirada a la comunicación social como un sistema complejo, que abarca la dimensión organizacional, o sea, desde las ins­tituciones; la gestión de los medios y una esfera tan novedo­sa como la comunitaria, sin olvidar tampoco aspectos como el ciberespacio, el diseño, la publicidad y el derecho de autor, entre otros.

La ley propuesta es absolutamente imprescindible e impos­tergable, puesto que es una garantía para desarrollar la Cons­titución del 2019, en relación con el derecho de las personas a la información, la comunicación y el conocimiento; el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, conforme a los fines de la sociedad y el Estado socialista de derecho y justicia social.

Más allá de sus especificidades técnicas o de su significación jurídica, que implica de igual modo aportes al proyecto desde las diversas ciencias sociales, la aprobación e implementación de esta ley mejorará la forma en que nos relacionamos como seres humanos y facilitará nuestros procesos económicos, sociales y políticos, con una mejor definición de derechos y deberes de todos los eslabones que participan en la comuni­cación social.

En particular para el movimiento sindical, urgido de avan­zar en su función de representación de la clase trabajadora y movilizar a los colectivos laborales para una participación más activa en la gestión económica, incluidos los nuevos actores de propiedad privada y cooperativa, la comunica­ción social representa una vía y un método insoslayables en aras de lograr ese propósito, mediante un mayor liderazgo, involucramiento y asimilación de los principios que preco­niza esa ley.

Mucho se ha trabajado en la preparación de esta nueva legis­lación, que resulta revolucionaria y de una originalidad absolu­ta, en un terreno donde Cuba no se parece a ningún país, entre otros motivos por la agresión constante y los planes subversi­vos que enfrenta la Revolución, casi siempre con un impacto en lo comunicativo y lo cultural.

Su perfeccionamiento a partir del debate continuará segura­mente hasta el mismo momento en que se someta a votación del Parlamento, porque son conocimientos colectivos donde todas las personas y entidades somos simples aprendices. Esta Ley de Comunicación tampoco será perfecta, pero será muy superior a la que hoy tenemos: ninguna.

Estudiarla, comprenderla, para poder defenderla y luego apli­carla y cumplirla, tiene que ser entonces una prioridad ciuda­dana, en estos tiempos en que comunicar es de ley.