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Chile, el cambio será

Hace casi dos años, en octubre del 2020, los chilenos decidie­ron que ya era tiempo de de­rogar la Constitución de 1980, heredada de los tiempos del general golpista Augusto Pi­nochet. Hubo una consulta y cerca de un 80 % de los elec­tores apostó entonces por un cambio en el que participaran las fuerzas vivas de la sociedad y no solo los legisladores.

Gabriel Boric el día en que asumió la presidencia de Chile. Foto: BBC

Con ese espíritu, aviva­do por las protestas masivas que desde el 2019 mantenía a la gente en las calles, nació la Convención Constituyente, en­cargada de redactar una nueva Carta Magna. El pasado do­mingo 4 de septiembre consul­taron ese texto y el 62 % de los más de 15 millones de electores decidió rechazarlo.

Podría parecer contradicto­rio, pero no lo es.

“Este no es un triunfo de la derecha, tampoco es ignoran­cia, influencia de las fake news, ni que la gente sea ciega, fue un voto de castigo a un Gobierno que no se ocupa de resolver los problemas concretos de las per­sonas”, dijo a Trabajadores el periodista chileno Víctor Hugo Robles.

Una encuesta realizada en la primera semana de julio por Feedback Research, empresa con más de 25 años de trabajo en investigación de opinión pública y mercado en Chile, había con­firmado que existía “una alta demanda de cambios por parte de la sociedad chilena (…). Un 44 % piensa que ‘la mayoría de las cosas en el país deben cam­biar’ de manera ordenada y es­table, y un 18 % cree que ‘debe haber un cambio radical’ en el menor plazo posible”.

El mismo estudio alertó, además, que “la opción del re­chazo en el plebiscito de salida crece, desde un 44 % a un 52 %, situándose 18 puntos por sobre el apruebo (34 %). Aunque los temas que se consideran priori­tarios para la nueva Constitu­ción coinciden con las demandas ciudadanas —salud (17 %), pen­siones (14 %), educación (12 %), quienes rechazan el nuevo texto lo hacen porque el texto consti­tucional despierta el temor de que ‘no todos van a ser iguales ante la ley’ (39%), y porque ‘con la plurinacionalidad Chile corre el riesgo de dividirse’, entre los factores más relevantes”.

Otros analistas locales y extranjeros encuentran explica­ciones en la campaña comunica­cional gestionada por cada bando y en las reales limitaciones que presenta el texto constitucional. El electorado exigió caras nuevas en la comisión redactora y así fue, dos terceras partes de los cons­tituyentes carecían de militan­cia partidista, aunque sí tenían experiencia como activistas.

“Se sintieron triunfantes y engolosinados con la oportuni­dad de construir un país más pa­recido a ellos y así tejieron una colcha de retazos con 162 pliegos de buenos propósitos, que am­pliaba los derechos de los ciuda­danos pero también exacerbaba las diferencias. Lo hicieron desde una Asamblea que no estuvo a la altura de la responsabilidad de redactar la nueva Constitución para Chile”, sentencia Carmen Beatriz Fernández, profesora de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, el IESA (Venezuela) y la Universidad de Pforzheim (Alemania).

Otra de las razones fue la obligatoriedad del voto en el ple­biscito: “En Chile el voto había sido mandatorio hasta la elección del año 2010, con niveles de parti­cipación en torno al 80 %, mien­tras que con voto no obligatorio el promedio de participación está sobre el 47 por ciento. El plebisci­to, con voto compulsivo, subió de nuevo a los valores tradicionales en tiempos del voto obligatorio, e impulsó a tomar partido a quie­nes son políticamente neutros y más apáticos, pero también más centristas”, reflexionó la acadé­mica, cofundadora de la Organi­zación de Consultores Políticos Latinoamericanos.

Para muchos el rechazo es el primer revés político del pre­sidente Gabriel Boric, quien asumió el pasado 11 de marzo y acaba de renovar su gabinete ministerial: “Junto a presidentes del Senado, la Cámara y parti­dos políticos de forma transver­sal, nos reunimos para acordar el avance hacia un nuevo proceso constituyente que dé certezas al pueblo que representamos”, dijo en Twitter recientemente.

Boric fue una de las caras más visibles del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitu­ción firmado el 15 de noviembre del 2019, que para algunos en­cauzó la protesta popular hacia una reforma desde lo institucio­nal; mientras otros opinan que en realidad lo que consiguió fue sal­var la cabeza del entonces presi­dente Sebastián Piñera y su élite parlamentaria.

No obstante, el nuevo man­datario, abogado y con apenas 36 años, está comprometido con el cambio. Se discute su credibi­lidad y anhelos de marcar la di­ferencia de esa casta de políti­cos demagogos y corruptos que abundan en las democracias la­tinoamericanas.

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