Aprueban diputados leyes de Código Penal, de Ejecución Penal y del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales

Alina Martínez Triay

El presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, presentó el Anteproyecto de Ley de Código Penal, el que, resaltó, impacta profundamente en todas las esferas de la sociedad y en los intereses individuales. Sustituye al actual Código vigente durante más de treinta años y fue resultado de una amplia consulta con especialistas vinculados al tema, profesionales de diversas ramas e instituciones, los diputados y la población. Es por tanto, dijo, un texto fruto de la elaboración colectiva, plural y enriquecida desde la base. Además tiene un alto componente científico y de innovación.

Precisó que se recibieron 140 criterios y se admitieron 706 propuestas. Los diputados aportaron 112 opiniones y se aceptaron 97. Algunas recomendaciones surgieron de tesis de doctorado y maestrías. Se realizaron 253 acciones de comunicación para generar su conocimiento entre el pueblo.

Entre los aspectos novedosos del proyecto está la reelaboración del delito de propaganda enemiga que pasa a denominarse propaganda contra el orden constitucional, se agrega el de desórdenes públicos, perfecciona las acciones que integran el delito de actos en perjuicio contra la actividad económica o de la contratación, reformula el delito de contrabando, se refuerza el enfrentamiento a la corrupción administrativa y económica, y crea el título de los delitos contra la integridad de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y sus servicios y por ende el uso ilegal de señales satelitales, televisivas y radiales, servicios de telecomunicaciones u otros similares, entre otros aspectos.

Se crea el delito de actos contra la intimidad o la imagen, voz, datos,  identidad de la persona y se agrava la sanción cuando el hecho se comete por el responsable de los soportes de esta información y se condena igualmente la violencia de género y familiar..

El proyecto se apoya en 25 convenciones internacionales relacionadas con la justicia penal vigentes para nuestro país.

Se establece la responsabilidad penal a partir de los 16 años con múltiples previsiones para el tratamiento diferenciado de los que tengan de 16 a 18 años. Explicó Ferro que en toda la comunidad europea, excepto Portugal, prevé sanciones a menores de menos edad y en Estados Unidos un niño de 9 años puede estar sancionado incluso a cadena perpetua y muchos menores permanecen confinados a las cárceles durante años.

La sanción de pena de muerte se mantiene solo para los casos de hechos delictivos de extrema gravedad, como los cometidos contra la Seguridad del Estado, el terrorismo, el tráfico internacional de drogas y el asesinato, y se añade a los marcos penales la de privación perpetua de libertad.

El límite máximo de la sanción de privación temporal es de treinta años y se puede extender hasta cuarenta.

El texto que se sometió a los diputados busca atemperar las sanciones al nuevo escenario político, económico y social del país, incorporar nuevas y concordar las pertinentes con otras medidas que se regulan en la nueva Ley de Proceso Penal, en el Código de Procesos, en la Ley Electoral, en las normas jurídicas administrativas y laborales y con las que están propuestas en el anteproyecto de Código de las Familias..

Lejos de tener un sentido represivo el Código busca la reeducación de las personas y muestra de ello es que las dos terceras partes de las sanciones no exceden los cinco años de privación de libertad.

Como se señala en el título I del Proyecto, el Código tiene como objetivos proteger a la sociedad, las personas y al orden político  económico y social establecido en la Constitución; salvaguardar las formas de propiedad reconocidas y contribuir a formar en todos los ciudadanos la conciencia del respeto a la legalidad socialista, del ejercicio adecuado de sus derechos y el cumplimiento  de sus deberes, del orden y la disciplina, así como la correcta observancia de las normas de convivencia social.

El diputado  José Luis Toledo Santander, presidente de la comisión de asuntos Constitucionales y Jurídicos tuvo a su cargo la presentación del dictamen. Señaló que este es el quinto texto legal de este tipo en el país y de conjunto con la Ley de Proceso Penal constituye la máxima expresión normativa del derecho penal.

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Colegiar para legislar

Yimel Díaz Malmierca

Desde abril del 2019 hasta la fe­cha, la Asamblea Nacional del Po­der Popular ha aprobado 19 leyes, incluido el proyecto del Código de las Familias, y 77 decretos leyes. Cuando concluyan las jornadas de la actual sesión extraordinaria habrá ocho leyes más.

El ministro de Justicia Oscar Manuel Silvera Martínez conversó en exclusiva con Trabajadores so­bre este tema. “Ha sido un esfuer­zo importante y necesario, cuyo reto no es solo redactarlas, sino también hacerlas cumplir”.

Aseguró que así lo impuso la nueva Constitución de la Repú­blica, aprobada por la inmensa mayoría de los cubanos en febre­ro del 2019 y refrendada en sesión solemne de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el 10 de abril de ese año.

“Una de las consecuencias es que hubo que revisar todo el orde­namiento jurídico en función de que se correspondiera con esa nueva Carta Magna; y además todo lo que ella misma mandata. Eso derivó en un cronograma legislativo que definió cuántas normas tenía­mos que hacer, quién las hace y en qué fecha se presentan a la ANPP.

“El Ministerio de Justicia tie­ne un ejercicio intenso, pero parti­cipan muchas instituciones. Es una labor colegiada y multidisciplinaria, que luego es enriquecida en las dis­cusiones con los diputados”.

Sobre la consulta popular del Código de las Familias, Silvera Martínez señaló que “nuestro deber y compromiso es analizar cada uno de los criterios y su impacto en el proyecto”, y encomió la labor comu­nicacional desarrollada por juristas, estudiantes de derecho, sicólogos, sociólogos, periodistas, pedagogos y otros especialistas que se han suma­do a este quehacer.

“Es­tamos ha­blando de un Código que ne­cesariamente ten­drá que recoger todos los derechos para todas las personas y para todos los tipos de familias que hoy coexisten en nuestra sociedad y que tendrá el valor añadido de ser el resultado del aporte colectivo.

“Esa posibilidad de ir a las co­munidades, de que especialistas expliquen y se pueda evaluar con ellos párrafo por párrafo del pro­yecto, nos fortalece como sociedad, en la institucionalidad y en la capacidad legislativa de la ANPP”, refirió.

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Leyes aprobadas y proyectos de leyes por analizar

Ley de Soberanía Alimen­taria y Seguridad Ali­mentaria y Nutricional

Establece el marco jurí­dico para alcanzar la soberanía alimenta­ria y fortalecer la se­guridad alimentaria y nutricional en función de la protección del derecho de toda persona a una ali­mentación sana y adecua­da. Regula la organización de los sistemas alimenta­rios locales soberanos y sostenibles que articulan de forma intersectorial e interinstitucional la pro­ducción, transformación, comercialización y consu­mo de alimentos. Precisa sobre la calidad e inocui­dad de los alimentos, la prevención y reducción de las pérdidas y desperdi­cios, así como la educación alimentaria y nutricional.

Ley de Protección de Datos Personales

Garantiza el derecho de las personas a la pro­tección de sus datos personales; regula el uso y tratamiento de es­tos por parte de personas o entidades públicas y priva­das, así como de la informa­ción de carácter público; y contribuye a la promoción, fomento y difusión de una cultura sobre su protección en la sociedad. En esencia, establece los elemen­tos correspondientes a los derechos de los titu­lares sobre sus datos per­sonales y su ejercicio, y al tratamiento de estos.

Ley del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente

Incorpora la dimensión ambiental en los planes de desarrollo econó­mico y social; propicia una mayor integración en la implementación de la política ambiental y otras vinculadas a los recursos naturales; garantiza las ba­ses y condiciones para el ejercicio pleno del derecho de las personas a disfrutar de un medioambiente sano y equilibrado; promueve un desarrollo resiliente y bajo en emisiones de gases de efecto invernadero; estable­ce principios y obligaciones sobre las acciones de las per­sonas naturales y jurídicas en materia ambiental; desa­rrolla el pensamiento críti­co, la conciencia, la ética y la cultura ambientales, la par­ticipación y la responsabi­lidad ciudadana, en torno a los problemas del medioam­biente y su solución.

Ley del Código Penal

Responde a la necesi­dad de contar con una legislación actualizada que brinde cobertura a las nuevas realidades en este ámbito de compe­tencia, que no estaban su­ficientemente reguladas en el Código vigente. De igual manera, amplía los derechos y garantías de las perso­nas en concordancia con los principios constitucionales y pondera la despenalización de determinadas figuras, así como la incorporación de sanciones que no implican internamiento, de modo que se refuerza el carácter educativo de la norma.

Ley de Ejecución Penal

No cuenta con antece­dentes en el país y ro­bustece la aplicación de métodos conciliato­rios, en aras de alcanzar mayor armonía en la so­lución de los conflictos. A juicio del presidente del Tribunal Supremo Popu­lar, Rubén Remigio Ferro, la nueva normativa asume los aspectos más modernos en ese ámbito y se apropia de conceptos contenidos en instrumentos y tratados internacionales de los cua­les Cuba es parte.

Ley del Proceso de Amparo a los Derechos Constitucionales

Regula el proceso para el conocimiento por los tribunales de las pretensiones en relación con la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución de la Re­pública, ante los daños y perjuicios que sufran las personas, causados por los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebi­da de sus funciones, y por particulares o por entes no estatales.

Se fortalece la institu­cionalidad del país.

Se dota de mayores ga­rantías a las personas, a partir de la concepción de un procedimiento carac­terizado por su celeridad, el papel activo del tribu­nal, la participación de las partes, con una adecuada simplificación de los trá­mites, la oralidad y la in­mediación.

Proyecto de ley de los Derechos del Autor y del Artista Intérprete

Comprende la creación en los campos lite­rario, artístico, pe­riodístico, científico y educacional; fortale­ce las garantías jurídicas para el más amplio acce­so a la creación literaria y artística, conjugando el interés de la sociedad por su desarrollo, con el reconocimiento a los creadores por su obra o prestación artística; ac­tualiza la denominación de la norma, atendiendo a esos postulados y a la in­corporación de derechos similares a los de autor, para los artistas intér­pretes y ejecutantes. Su contenido se ajusta a los principales instrumentos internacionales suscri­tos por nuestro Estado en esta materia.

Proyecto de ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural

Regula de manera inte­gral, entre otras cues­tiones, la protección del Patrimonio Cultu­ral y Natural, la impor­tación y exportación de los bienes culturales, inscri­tos o no como Patrimonio Cultural, los sujetos de la gestión patrimonial y sus atribuciones generales.

Se encarga, además, del funcionamiento orde­nado, racional y orgánico de los museos; así como las responsabilidades y obligaciones de los órga­nos, organismos y enti­dades del Estado, unido a los comportamientos contravencionales para la protección de las ma­nifestaciones culturales inmateriales y los bienes culturales muebles e in­muebles.

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Las leyes en Cuba no tienen nombre, surgen del pueblo

Al iniciar el debate del  anteproyecto, el diputado Jorge González Pérez, diputado por el municipio de San Miguel del Padrón, destacó la calidad del texto, recoge y actualiza los conceptos internacionales en esta materia adecuados a las condiciones de nuestro país.

Hay que destacar, dimo que en Cuba las leyes no tienen nombre, parten del pueblo, llegan al Parlamento después de un amplio y profundo análisis que las enriquecen con los criterios planteados. Hizo algunas precisiones de términos médicos que fueron aceptados por la comisión redactora.

El diputado José Castañeda Martínez agradeció a quienes no han escatimado esfuerzos y sentido de la responsabilidad para la redacción del documento y pondera el amplio ejercicio democrático que se realizó en torno a su contenido. Refleja, añadió la voluntad de que es a través del trabajo preventivo que se pueden evitar o controlar los delitos y sugiere una estrategia de comunicación para que la ley se incorpore a la cultura jurídica del pueblo.

La diputada Doraime Linares Jiménez por Camagüey, se suma al reconocimiento y da fe de los encuentros en el proceso de consulta y la respuesta a los criterios no aceptados. Considera que para conseguir una uniformidad en el ordenamiento jurídico se debe establecer la edad límite para sancionar por un delito la de 18 años. Propone en total modificaciones a 6 artículos, entre ellos eliminar la posibilidad de la multa penal administrativa a los que incurren en venta, compra y tráfico de menores de edad.

Remigio Ferro explicó que el tema de la edad límite ha sido profunda y ampliamente debatido, se tomaron en cuenta las convenciones internacionales y la situación concreta nacional. En el  Código vigente es 16 años. Los instrumentos internacionales no impiden esa edad, aunque con un grupo de tratamientos especiales. Las manifestaciones delictivas en el país reflejan que en no pocas ocasiones menores de esas edades participan en acciones de mucha gravedad lo que se justifica que se les penalice, en julio pasado, por ejemplo protagonizaron con especial agresividad  los actos vandálicos. Tengamos en cuenta, aseguró, que entre los segmentos de la población que el enemigo trata de utilizar para promover la subversión está este grupo de edad. Sugiere que ningún funcionario puede incurrir en la difusión ilegal de señales satelitales, televisivas y radiales, lo cual está contenido en la ley, aunque se pueden hacer precisiones.

Estrella Sánchez de Cárdenas, Matanzas señaló que las definiciones de términos contenida en los anexos son muy importantes para adquirir conocimientos en esta rama.

La pertinencia o no de acoger el término femicidio fue ampliamente argumentada por la diputadas Mariela Castro Espín,  Remigio Ferro agradeció su fundamentación, pero tanto él como otros diputados consideraron que en el texto estaba contenido el delito de femicidio en la figura de asesinato y específicamente se refiere a la violencia contra la mujer..

José Luis Toledo acotó que lo que nos debe preocupar es que queda un hecho delictivo sin reflejo y este no es el caso. lo que importa es que no queda nada impune..

Mariela entiende pero insistió y aseguró que lo intencionará por otras vías.

La diputada por Mayarí, Holguín,. María Armenia Yi Reyna, señaló que su condición de cristiana la lleva a rechazar la pena de muerte, a lo que  Remigio Ferro respondió que no se trata de una posición filosófica o conceptual sino de defensa de nuestra sociedad y del país, aunque hace más de 20 años que no se aplica.

Los diputados aprobaron el Anteproyecto de Código Penal al igual que el de Ejecución Penal que reúne en un solo cuerpo legal regulaciones que están diseminadas en diferentes documentos e instituciones, texto que fue también ampliamente consultado.

La sesión concluyó con la aprobación del Anteproyecto de Ley de amparo de los derechos constitucionales, que permite a los ciudadanos actuar ante la vulneración de los consagrados en la Constitución, los daños y perjuicios que sufran por los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados con motivo de la acción u omisión indebidas de sus funciones y por particulares o entes no estatales, lo cual se corresponde con lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución, en la cual se precisa que este es un proceso preferente, expedito, es decir, ágil y concentrado, lo que significa que se ventila en una sola audiencia. De ese modo se procede a la reparación de daños o perjuicios o la restitución del derecho constitucional.a reparación de daños o perjuicios, o restitución del derecho constitucional.

Tres leyes más a debate en el Parlamento Cubano

Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba debaten este domingo tres proyectos de nuevas leyes, vinculados al ordenamiento jurídico y constitucional del país, tal y como corresponde con el cronograma legislativo aprobado para este período.

Reunidos en la quinta sesión extraordinaria de la novena legislatura, los parlamentarios analizarán las propuestas de Código Penal, Ley de Ejecución Penal y la normativa para el Amparo a los Derechos Constitucionales.

Sobre las legislaciones igualmente se pronunciará la comisión de trabajo permanente de la Asamblea que atiende los Asuntos Constitucionales y Jurídicos.

La víspera, el Parlamento aprobó otras tres leyes, en este caso las referidas a la Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, a la Protección de los Datos Personales, y la del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

Además, recibieron información sobre el proceso de consulta popular del proyecto de Código de las familias, desarrollado de febrero a abril de este año, y donde participaron más de seis millones de personas que realizaron alrededor de 434 mil 860 propuestas.