Icono del sitio Trabajadores

Uruguay: Sí en defensa propia

En medio del aislamiento que impu­so la COVID-19 entre el 2020 y el 2021, las fuerzas políticas y sindi­cales de Uruguay consiguieron or­ganizar una Comisión Prorreferén­dum que recolectó 800 mil firmas y abrió un espacio de diálogo acerca de la polémica Ley de Urgente Con­sideración (LUC), impulsada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou.

En las inmediaciones del Palacio Legislativo, en Montevideo, activistas anónimos dejaron su lema de campaña: En defensa propia, Vota Sí. Foto: Javier Calvelo, tomada de www.ladiaria.com.uy

Más que una ley, parece un Có­digo que pretende reformarlo todo de una sola vez, dijeron expertos, quienes la calificaron de “ley óm­nibus”, pues el legajo de 476 ar­tículos modificó o derogó temas contenidos en el Código Penal, Ley de Procedimiento Policial, Códi­go del Proceso Penal, Ley General de Educación, Código de la Niñez y la Adolescencia, y Ley de Inclu­sión Financiera, las cuales habían sido evaluadas y aprobadas, en su momento, por el Parlamento uru­guayo. La LUC, en cambio, fue dis­cutida en solo 75 días, 45 jornadas con los diputados y 30 con los se­nadores.

“Se le envió desde el Poder Ejecutivo en plena pandemia sa­nitaria y una de las mayores crisis socioeconómicas que nuestro país tenga memoria. Cuando la gente se estaba quedando sin trabajo, cuan­do se multiplicaban las ollas po­pulares para que muchas familias tuviesen algo para saciar el ham­bre, el Gobierno decide despachar un proyecto catalogado de urgente, cuando la verdadera emergencia era la gente”, escribió en la prensa local el diputado por el Frente Am­plio (FA), Álvaro Lima.

Dentro de los artículos más cuestionados se encuentran los que coartan garantías y liberta­des individuales en materia de se­guridad, derechos sindicales y de expresión. El artículo 468 por ejem­plo, limita el derecho a la protesta y abre las puertas a que la policía, sin autorización judicial, pueda ir en contra de acciones adoptadas por los trabajadores en defensa de sus derechos.

Otro punto álgido es el impacto en la Ley General de Educación, de la cual modificó 33 artículos, “dan­do lugar a una reforma de corte neo­liberal, que atenta contra los más altos principios que rigen nuestra institución desde sus orígenes”, dice un comunicado de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu).

Los cambios estructurales im­puestos a este centro han colocado la educación técnica al servicio del mercado. La denuncia de los docen­tes afirma que suprimieron asigna­turas, redujeron otras, y en general, debilitaron el componente profesio­nal y de formación integral de las carreras técnicas. A la vez, elimina­ron los Centros Educativos Comuni­tarios (CEC), opción que atendía las necesidades de superación de los jó­venes de sectores vulnerables.

Muchas de estas transforma­ciones conducen a la “disminución considerable en la cantidad de horas docentes, lo que redunda en una pér­dida de fuentes de trabajo”, revela­ron desde Afutu.

No es difícil entender entonces el apoyo obtenido ante el llamado a organizar una consulta popular para derogar 135 artículos (28 %) de la LUC, los cuales “generan un impac­to negativo o un retroceso en mate­ria de derechos conquistados para la ciudadanía”.

El referendo tendrá lugar el ve­nidero 27 de marzo. Desde los pri­meros días de febrero el Gobierno reforzó su artillería por el Vota No, identificado con el color azul. En tanto, la campaña del Sí, de rosado, lidereada por el Frente Amplio, re­corre ferias vecinales, carnavales y otros espacios públicos.

Días atrás, 42 dirigentes políticos que pertenecen a Unidad Popular y a cuatro de los cinco partidos que conforman la coalición de Gobierno (Colorado, Nacional, de la Gente y Cabildo Abierto) firmaron una carta de adhesión al Sí, porque la LUC es “la ley de la prepotencia, que imple­menta modificaciones que implican un retroceso en derechos adquiridos, disminución de las garantías indivi­duales, recortes en gasto social”.

El pasado sábado, en un even­to organizado a propósito de los 51 años del FA, su nuevo secretario ge­neral, Fernando Pereira, ratificó que apuestan al trabajo directo con las personas para ganar en esa “jorna­da democrática donde cada uno de nosotros podrá derogar una ley que, desde nuestro punto de vista, es de mala calidad democrática”.

Los organizadores del referendo han insistido en que no buscan eva­luar el desempeño del Gobierno. No obstante, algunos votantes han ade­lantado que su voto será de castigo. Estudiosos también afirman que el resultado podría impactar en los comicios presidenciales uruguayos previstos para el 2024.

Compartir...
Salir de la versión móvil