Grupo de Puebla advierte sobre procesos de judicialización contra líderes colombianos

Grupo de Puebla advierte sobre procesos de judicialización contra líderes colombianos

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El Grupo de Puebla advirtió con preocupación la apertura por parte de algunos organismos de control, como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la República de Colombia, de una serie de procesos en contra de parlamentarios, gobernadores y alcaldes que están en oposición al gobierno del presidente Iván Duque.

 

 

En una Declaración publicada en su sitio web oficial, se reconoce que los congresistas Iván Cepeda, María José Pizarro, Alexander López, Wilson Arias, los precandidatos a la presidencia Sergio Fajardo y Gustavo Petro, los gobernadores Carlos Caicedo y Aníbal Gaviria y el exgobernador y precandidato Camilo Romero, de distintas maneras y dentro del marco del Estado de derecho, han hecho críticas al gobierno o han manifestado su apoyo, simpatía o solidaridad con las legítimas y recientes manifestaciones y protestas conocidas como el paro nacional.

Sin embargo, los procesos iniciados contra estos líderes, «corresponden a una forma de judicialización de la política (lawfare) que, de esta manera, convierte en procesos judiciales o disciplinarios acciones e iniciativas propias del libre ejercicio de la democracia desconociendo, en el caso colombiano, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2020 sobre garantías a la protesta social y los límites del ejercicio de la fuerza pública para controlarla».

Ante estos acontecimientos, el Grupo de Puebla hace un llamado respetuoso pero enérgico a las autoridades colombianas para recurrir al diálogo social amplio y plural y respetar las garantías de quienes, en uso de su derecho consagrado en la Constitución, ejercen la oposición.

Solicitaron también al Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) constituir un equipo integrado por exmagistrados y defensores de los derechos humanos, que haga el seguimiento necesario para que, de manera permanente y hasta las próximas elecciones del 2022, se asegure la protección de la vida, la libertad y los derechos de la oposición en Colombia.

 

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