Cargando...Al entramado de códigos legales que rigen el proceder del Gobierno de Estados Unidos se sumó en 1979, a modo de anexo de la Ley de Administración de las Exportaciones (Export Administration Act), una lista de países y grupos terroristas hacia los cuales quedaba prohibido exportar bienes y mercancías.
Poco después, en 1985, el Departamento de Estado comenzó a publicar un patrón de terrorismo global (Pattern on Global Terrorism), que en el 2004 cambió el nombre a Reporte de países terroristas (Country Report on Terrorism).
Para calzar el asunto, cada 30 de abril el secretario de Estado debe enviar al Congreso, por ley, un informe sobre los grupos terroristas y los países que ayudan directa o indirectamente al terrorismo, algunos de los cuales terminan integrando la lista maldita.
Por esa relación de estados “demonizados” ha pasado Libia (1979-2006), Irak (1979-1988, 1990-2004), Yemen del Sur (1979- 1990), y Sudán (1993-2020). Permanecen en ella, Siria (desde 1979), Irán (desde 1984), la República Popular Democrática de Corea (1988- 2008, 2017-actualidad) y Cuba (1982- 2015, 2021-actualidad), reincorporada por Donald Trump días antes de concluir su mandato en enero del 2021.
Los estatutos sobre los cuales satanizan a un gobierno extranjero son: Ley de Administración de las Exportaciones (1979); Ley del Control de Exportación de Armas (1968) y Ley de Asistencia Exterior (1961).
Para salir de la lista, el presidente debe certificar ante el Congreso, con 30 días de anticipación, que “el país en cuestión no ha brindado apoyo al terrorismo internacional, incluido apoyo o refugio para cualquier terrorista o grupo terrorista (…) durante el período de 6 meses anteriores”; o ha ofrecido “garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro”.
Una enmienda de 1989 estableció que el secretario de Estado también puede confirmar cambios que justificarían la recisión de un país de la lista.
Cuando se analiza detalladamente el uso que EE. UU. ha hecho de este tema con respecto a Cuba, el oportunismo y la doble moral salen a flote. Esa actitud ha sido denunciada incluso por funcionarios cercanos al Ejecutivo, como Wayne Smith, quien fue diplomático en La Habana durante años, llegó a ocupar la jefatura de la Sección de Intereses durante la presidencia de James Carter (1977-1981) y luego se mantuvo colaborando en las discretas conversaciones bilaterales que por entonces tuvieron lugar.
La primera inclusión de Cuba como estado patrocinador del terrorismo tuvo lugar en 1981, durante el mandato de Ronald Reagan (1981-1989), quien reimpuso las restricciones a los viajes que habían sido suspendidas por Carter en 1977. Además, suspendió los vuelos comerciales Miami-La Habana, impulsó el proyecto de Radio Martí, y otros horrores.
Todo ello tenía la intención de “castigar a Cuba por instigar la violencia en el hemisferio”, justo cuando la Mayor de las Antillas se comprometía a fomentar una solución pacífica a los conflictos armados que desangraban a El Salvador y Nicaragua, esfuerzos que EE.UU. conocía.
“El gobierno sencillamente mintió, no tenía pruebas de que el apoyo cubano a la violencia armada en América Latina fuera en aumento (…). Los cubanos estaban dispuestos a negociar y EE.UU. no quiso hacerlo”, reconoció Smith años después en su libro Enemigos cercanos: una historia personal y diplomática de los años de Castro.
En 2015, al calor de los intercambios que condujeron a la apertura de las respectivas embajadas, el entonces secretario de Estado, John Kerry, aclaró que “las circunstancias han cambiado desde 1982, cuando Cuba fue designada como Estado patrocinador del terrorismo (…) aunque EE. UU. ha tenido, y sigue teniendo, preocupaciones significativas y desacuerdos con un amplio rango de políticas y acciones de Cuba, hoy esas preocupaciones y desacuerdos no entran en los criterios para tal designación”.
Así, luego de más de 30 años, Cuba salió de la lista. ¿Fue un conveniente rapto de sinceridad o el gobierno de Barack Obama decidió retirar el comodín que le resultaba incómodo?
Bastó un cambio de gobierno, y la carta recobró su valor inicial: en junio del 2020 la nación caribeña reapareció entre los países que “no cooperan plenamente” y el 11 de enero del 2021, a modo de despedida, el secretario de Estado, Michael R. Pompeo, informó que designaban a Cuba “Estado patrocinador del terrorismo por brindar reiteradamente apoyo a actos de terrorismo internacional al ofrecer un refugio seguro a terroristas”.
Desde el punto de vista ético son clasificaciones endebles, carentes de valor, pero ocasionan severas restricciones en el entorno comercial y financiero. Por ejemplo, en enero de este año, pocos días después de la designación, más de 30 bancos “cerraron sus operaciones con la Isla y con nuestras misiones en el exterior”, informó Johanna Tablada, subdirectora general de EE. UU. de la cancillería cubana, al medio digital español CubainformaciónTV. Ello se suma a los impactos de más de 60 años de un bloqueo reforzado durante el mandato de Donald Trump con 243 sanciones.
El 20 de enero del 2021 Joe Biden asumió la presidencia del gigante norteño. Como segundo de Obama había participado del restablecimiento de relaciones diplomáticas y de la firma de una veintena de acuerdos y memorandos de intención que fueron engavetados por Trump.
En campaña, Biden prometió revisar la hostilidad del republicano contra Cuba, pero poco ha hecho. El pasado 25 de mayo, en lugar de guardar el comodín, nos endilgó aquello de “Estado que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de los EE.UU.”.
