Con Filo: Quien sabe la ley no cae en trampas

Hace poco un exitoso empresario me contaba que en su colectivo ya no tenían que esperar orientaciones, pues con la ley en la mano, tenían lo necesario para tomar las decisiones que mejor les resultara a sus trabajadores.

En esa democratización de las leyes pensaba entonces al celebrar este 8 de junio el Día del jurista en Cuba, en recordación a la fecha en que Ignacio Agramonte defendió su Tesis de Grado para recibirse como licenciado en derecho, en 1865.

Tal vez no nos percatemos del todo, pero en los últimos diez años la relevancia del derecho ha crecido exponencialmente, a partir de todos los cambios económicos y sociales que han tenido lugar, sobre la premisa de fortalecer la institucionalidad y el principio de la legalidad en nuestra sociedad.

La aprobación de la Constitución en 2019 fue tal vez el instante cumbre en ese proceso de jerarquización, que desde ese momento transitó entonces a una nueva fase de desarrollo e implementación, con un esfuerzo legislativo que no se ha detenido, incluso en las difíciles condiciones de estos últimos dos años, a raíz del enfrentamiento a la Covid-19.

Pero incluso más importante quizás que el número creciente de normas jurídicas que se proponen, consultan y aprueban en medio de este camino de actualización del modelo económico y social, es  esa percepción ciudadana cada vez más palpable de que es necesario vivir no solo con apego a la ley, sino con su conocimiento.

Las propia naturaleza de las transformaciones económicas y sociales introducidas, que tienden a ofrecer más relevancia y autonomía a los sujetos, ya sea individuos o entidades,  sirven como estímulo a esa apropiación mayor de las nociones de lo legal, lo establecido, lo regulado.

Desde el obrero de una fábrica, hasta el trabajador por cuenta propia o de cualquier forma de gestión no estatal, incluyendo a cualquier persona que ejerce su derecho ciudadano en su ámbito familiar, comunitario o en sus relaciones con las instituciones públicas y de servicios, el dominio de lo legislado se ha convertido en una de las cartas más sólidas para conseguir el éxito en cualquier trámite, emprendimiento o reclamación.

La actitud proactiva de muchos grupos y sectores sociales en el escrutinio, propuesta y discusión de leyes, para colocar en el ámbito del reconocimiento jurídico sus preocupaciones y anhelos, ofrece ahora un nuevo o reforzado campo de actuación cívica, que a veces nos produce tensiones y hasta conflictos, pero también genera un sentimiento de mayor participación, de que podemos y debemos aspirar a un ordenamiento jurídico que nos garantice derechos, fije deberes y facilite nuestra realización individual y colectiva.

Y, por supuesto, también resulta más complicado en este nuevo entorno ignorar la ley, desconocerla o intentar burlarla. Las consecuencias legales y prácticas para quienes todavía no han comprendido y asumido esta imperiosa necesidad de actuar y defenderse con las leyes, pueden resultar más costosas en todos los órdenes, tanto para personas como entidades, en un Estado socialista de derecho, tal y como reza en la nueva Carta magna.

Parafraseando, pues, un viejo refrán, podríamos intentar resumir ese poderoso vínculo que ahora nos une a la cultura jurídica, como un elemento determinante en nuestra salvaguarda individual y colectiva: quien sabe la ley, no cae en trampas.

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