El impacto de la Covid-19 ha sido tan marcado en todos los ámbitos que ha llegado a difuminar derechos laborales que habían demorado siglos en ser consensuados, incluidos los de sindicación y de negociación colectiva, según podemos concluir de un documento elaborado por la Organización Internacional del Trabajo.
El texto (Documento temático sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo frente a la COVID-19) revela que muchas de esas conquistas han sido sometidas a presión en el contexto de las respuestas gubernamentales generales a la crisis, y la soga, como ya sabemos, termina rompiendo por su lado más vulnerable, en este caso, los derechos de los trabajadores.
A medida que más empleados y empresas se ven arrastrados a la economía informal como consecuencia de la crisis, disminuye la capacidad de los trabajadores para organizarse y ejercer su voz colectiva. Los más vulnerables, mujeres y niños, quedan en peores condiciones que antes.
Si bien el organismo solo dispone de datos empíricos y estudios locales, no sería descabellado asumir como ciertos sus pronósticos acerca del incremento del número de víctimas de trabajo infantil y de trabajo forzoso en tiempos de pandemia.
El UNICEF y la OIT han anunciado un proyecto de investigación sobre el tema, cuyos resultados se publicarán en este año, y tendrá como base un modelo de simulación para estimar el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la prevalencia mundial del trabajo infantil. La OIT también ha apoyado investigaciones a nivel de países cuyo propósito es comprender la manera en que la crisis ha potenciado el riesgo de trabajo infantil y de trabajo forzoso en grupos vulnerables.
No obstante, ya se sabe que ante el fuerte aumento de la vulnerabilidad socioeconómica debido a una pérdida de empleos sin precedentes, la interrupción de los flujos de remesas, los gastos sanitarios repentinos y exorbitantes, y otras conmociones derivadas directa o indirectamente de la pandemia, se han disparado las causas para que las familias se vean obligadas a recurrir al trabajo infantil como estrategia de supervivencia, para saldar deudas destinando a los menores a una servidumbre eterna, o exponiéndolos a una dependencia cada vez mayor de organismos y plataformas abusivas de contratación informales .
El acceso a una educación de calidad, fundamental para evitar el trabajo infantil, ha sido seriamente impactado. A lo largo del 2020, mil 500 millones de niños sufrieron el cierre de sus escuelas. Un tercio de ellos no tiene acceso a sistemas de enseñanza a distancia, y muchos de ellos perdieron la comida que gratuitamente recibían en centros escolares, probablemente la única del día, y las ayudas económicas que percibían por asistir a la escuela.
Frente a realidades mundiales como estas, los Gobiernos deben tomar en cuenta la naturaleza interrelacionada de los principios y derechos fundamentales en el trabajo para, partiendo de esto, realizar enfoques integrados a la hora de concertar políticas de respuesta a la pandemia.
