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El berro de los 8 mil pesos (+ Fotos)

“El mazo te sale en siete pe­sos”, me espetó el vendedor del mercado agropecuario de 51 y 160 en La Lisa, sin jamás usar la pesa, cuando le com­pré aquel berro fresquito que la tablilla anunciaba a cuatro pesos la libra. Lo que él no sabía es que detrás vendrían las inspectoras de la Dirección Integral de Supervi­sión (DIS) de ese municipio capi­talino, quienes verificaron en la balanza que así les timaban a los clientes entre uno y dos pesos por cada mazo.

Por cada mazo que vendían sin pesar, les timaban a los clientes entre uno y dos pesos, según comprobó la inspectora de la DIS en La Lisa, Miriam Macías González. Foto: Agustín Borrego

Por tal violación a aquel depen­diente le impusieron una multa de 8 mil pesos, como dispone para ese tipo de infracción –podría llegar hasta 10 mil– el recién estrenado Decreto 30 del Consejo de Minis­tros, que establece las contravencio­nes personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por la vio­lación de las normas que rigen la po­lítica de precios y tarifas, en el nuevo contexto económico y financiero de la Tarea Ordenamiento.

No fue una mañana fácil. Fui­mos testigos del llanto de vergüen­za de otro joven trabajador, de muy buen trato con el público y sin ante­cedentes de indisciplina, quien tam­bién resultó multado allí por igual cantidad, al cobrarle seis pesos de más a una clienta por una col. Es cierto que son penalizaciones altas, que comprometen el bolsillo perso­nal y familiar del infractor, pero re­sultan necesarias para proteger a la ciudadanía y poner coto a desmanes o “errores” que siempre, lamentable­mente, van en contra del poder ad­quisitivo de la población.

Foto: Agustín Borrego

 

Foto: Agustín Borrego

 

Foto: Agustín Borrego

“No me puede dar lástima, por­que es el dinero del pueblo lo que defendemos”, sentenció Naylé Savón Marcos, una de las inspectoras ac­tuantes en ese operativo habanero que Trabajadores acompañó.

Más que números

Mientras tanto, a más de 700 kilóme­tros de la capital, cuando la mayoría celebraba el Día del Amor y la Amis­tad el pasado 14 de febrero, inspec­tores de la DIS en Holguín repartían 32 cajas de tomates, provenientes de un decomiso, entre los cuatro hospi­tales de la capital provincial, inclui­do el militar Fermín Valdés Domín­guez, donde atienden a pacientes de COVID-19.

Así le dieron justo uso a esa carga de hortalizas, la que poco antes era transportada ilegalmente en un camión desde el municipio de Rafael Freyre y que, seguramente, no tendría un fin tan altruista.

La acción de los inspectores holguineros respondía a la estrate­gia del territorio para combatir los precios especulativos y abusivos en medio del reordenamiento de la eco­nomía cubana.

Yurián Ricardo Vega, subdirec­tor general de la Dirección Provin­cial de Finanzas y Precios, informó que en los primeros 15 días de febre­ro se impusieron en esa provincia oriental un total de 194 multas, por un monto ascendente a 145 mil pe­sos, con el nuevo instrumento legal.

Varias de las penalizaciones fueron por infracciones en centros estatales, entre estas la que se comprobó en la emblemática unidad gastronómica El Guamá, en la que una trabajadora le cobró 26 bolas de helado a una consumidora, pero solo le despachó 20, razón por la cual se le aplicó una multa de 8 mil pesos.

Dionisia Milagro Portelles Du­que, directora de la DIS en Holguín, abordó la existencia de una amplia cantidad de personas que realizan actividades económicas de forma ilegal, fundamentalmente con pro­ductos cárnicos y del agro, motivo por el que hasta mediados de febrero ya habían ejecutado 130 decomisos.

La detallada fundamentación del acta de inspección y su correcta notificación son esenciales para evitar o ganar cualquier reclamación de las multas impuestas por los Decretos 30 y 31. Foto: Agustín Borrego

Asimismo en la provincia de Sancti Spíritus comenzó el pasado 8 de febrero la aplicación del men­cionado Decreto 30, junto con el no menos severo Decreto 31, sobre las infracciones de las medidas sanita­rias para la prevención y enfrenta­miento de la COVID-19. Bajo ambas normas jurídicas, solo en los tres días posteriores se impusieron más de una treintena de multas por una cuantía de 129 mil 500 pesos, dijo Víctor Adolis Figueredo, director de la DIS en el territorio central.

“Ahora las multas son persona­les, no institucionales. Antes citába­mos, apercibíamos, advertíamos, nos reuníamos y nada cambiaba. Ponía­mos una multa y, ya al virar la espal­da, continuaba la violación, y en un rato sacaban el importe de la multa”, recordó Figueredo.

En el municipio habanero de La Lisa, por su parte, María Victo­ria Piñeiro Jerez, coordinadora de Fiscalización y Control del Conse­jo de la Administración Municipal (CAM), coincidió en que durante la primera semana desde el inicio de la aplicación del Decreto 30 el pasado 3 de febrero, las principales dificulta­des las hallaron en establecimientos estatales, tales como bodegas, pana­derías y mercados agropecuarios, aunque igualmente tuvieron que aplicar multas a trabajadores por cuenta propia.

Foto: Agustín Borrego

Productos escondidos, o que venden por un precio superior al que refleja la tablilla, son algunas de las artimañas para tratar de bur­lar el control de los precios. Es difí­cil detectar si la población no hace la denuncia con exactitud, lo que no siempre ocurre, dijo la funcionaria.

Los buenos de la película

Con más de 14 años como inspec­tora, la espirituana Dianelis León Hernández puede entender los cri­terios encontrados con respecto a su labor. Por un lado, son reclamados en cada tarima donde se expende la impunidad a sobreprecio, y al mis­mo tiempo, pueden ser catalogados como extremistas, arbitrarios y has­ta corruptos.

En más de una ocasión ha visto cómo afilan los cuchillos en su cara en pose amenazante o ha hecho oídos sordos frente a disímiles insultos. “Debemos encontrar un equilibrio en el respeto, ser enérgicas y tener paciencia. Cuando se detecta la vio­lación, aplicar el decreto y la contra­vención que corresponda, además de demostrarle al infractor y conven­cerlo de que está incumpliendo lo es­tablecido. Para ello es importante la preparación”, expresó la integrante del grupo de supervisores de la DIS en Sancti Spíritus.

El inspector holguinero Ariel Martínez Ávila, con amplia expe­riencia, afirmó que en la Ciudad de los Parques abundan los violadores recalcitrantes. “Muchos son rein­cidentes, se les pone la multa, se les decomisa el producto o se les hace la venta forzosa y vuelven a incurrir en la ilegalidad”, subrayó.

Destacó que algunos carreto­neros y carretilleros ilegales reac­cionan con agresividad cuando se les controla. Incluso narró que hace unos meses un infractor le fracturó un dedo de la mano de un golpe.

Con la aplicación de las nuevas multas, la profesionalidad en el que­hacer de estos cuerpos fiscalizado­res cobra mayor relevancia, enfatizó Martha Neyi Morales Hernández, directora de la DIS en La Lisa. La detallada fundamentación del acta de inspección y su correcta notifica­ción son esenciales para evitar o ga­nar cualquier reclamación.

El trabajo en parejas, nunca solos, para prevenir cualquier contubernio o delito de los inspectores (lo cual puede ocurrir); la conformación de grupos de fiscalización municipales o provinciales con representantes de diversos organismos impositores; y el trabajo coordinado con la Policía, son prácticas ya probadas para un mejor desempeño.

“Nuestro propósito es actuar in­mediatamente ante cualquier queja de la población. Contamos con ac­tivistas en cada Consejo Popular, a quienes ahora preparamos para de modo selectivo y gradual otorgar­les la facultad de imponer multas”, abundó Piñeiro Jerez.

Desde el sistema de opinión del pueblo del Partido municipal has­ta los delegados de circunscripción, presidentes de consejos, oficinas de atención a la población y puestos de dirección del gobierno local, e in­cluso la propia DIS, son diversas las vías de comunicación para canalizar cualquier denuncia sobre los precios, lo que incluye las redes sociales en Internet.

De hecho, la visita a ese muni­cipio capitalino la motivó una pu­blicación en Facebook, en la que Ana Mireysi Somerville Gómez, comunicadora del CAM, ofrecía a una internauta los números de los teléfonos celulares de las principa­les directivas de fiscalización en el territorio.

“Trabajamos por un plan de supervisiones, no por metas de multas, como a veces comenta la gente –aseguró Víctor Adolis Figueredo, de la DIS espirituana–. La cantidad de contravenciones que todavía detectamos nos advierte que persisten las violaciones y el descontrol en no pocos lugares. Estamos conscientes de que la multa no resuelve el problema, pero pienso que con las nuevas cuantías la disciplina mejore, porque a quien le pongan una, no va querer dos”.

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