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Aseverar que el presupuesto del 2020 en Cuba mantuvo protegidos los sectores de Educación y Salud, no significa nada nuevo, porque ha sido una práctica sistemática y principio básico de la Revolución durante sus más de seis décadas.
Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, en el cuarto período ordinario de sesiones de la IX legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, afirmó: “El presupuesto del Estado que se presenta, enfatiza su histórico carácter social al garantizar el respaldo a la prestación de los servicios sociales básicos; así como la implementación de políticas sociales aprobadas, incluida la continuidad del incremento parcial del salario en el sector presupuestado, y de las pensiones, medida que muestra la voluntad política del Estado cubano de resolver los problemas del pueblo, y el cumplimiento del compromiso de retribuir a cientos de miles de cubanos, por su aporte a la construcción de nuestra sociedad, representando para el año aproximadamente 8 mil 600 millones de pesos”.
Y agregó: “(…). Dentro de los gastos corrientes de la actividad presupuestada, que ascenderán a 46 mil 328 millones de pesos, se respalde al sector de educación con 11 mil millones de pesos, que representa el 24 % de estos gastos. Para la salud pública y la asistencia social se destinan 12 mil 740 millones de pesos, que representa el 28 % de estos gastos”.
El tema tiene varias aristas. Lo primero es entender el origen de los recursos que van al presupuesto central del Estado, que son captados por dos vías: tributos y el funcionamiento de la propia economía en su capacidad de generar excedente factible de redistribuir.
En tal sentido, debe primar una disciplina estricta en los aportes mensuales por parte de los actores de la economía, de modo que garanticen la liquidez oportuna.
Por su carácter y las condiciones que le acompañan, el presupuesto del Estado también debe concebirse desde la perspectiva del ahorro. Importante acentuar que eso no significa dejar de gastar, sino producir o brindar servicios ajustados a las normas establecidas y sobre la base de lo planificado, aplicando siempre la ciencia y la técnica. Solo así podrá lograrse la eficiencia, indicador que expresa la racionalidad en el empleo del presupuesto.
Resulta imprescindible, además, utilizar racionalmente lo disponible, sin derroches; evitar atrasos en los flujos de llegada de las materias primas; establecer y cumplir oportunamente los contratos, y planificar cada eslabón de la cadena para potenciar el mejor resultado posible.
El sindicato y los trabajadores deben ser garantes de que no ocurran desvíos o malas utilizaciones de los recursos, y de materializar una organización apropiada de los procesos.
Es conocido que las cifras de pérdidas detectadas por las auditorías han sido cuantiosas, lo que evidencia fallas en el sistema de control interno, desvíos, hechos de corrupción y delitos.
Existen reservas en los colectivos laborales para fortalecer la eficiencia, con el propósito de ejecutar debidamente el presupuesto y aprovechar sus potencialidades al máximo.
Estas no son solo deberes administrativos. La participación del colectivo y la exigencia sindical son necesarias en el chequeo y análisis de cada partida en las asambleas de afiliados.
Los trabajadores son protagonistas. La participación de todos es imprescindible para que se genere la reproducción ampliada de los bienes y servicios en la medida que garanticen el crecimiento.
Solo viendo el asunto de forma integral se podrá desarrollar nuestra economía, herida por el recrudecimiento real del bloqueo de Estados Unidos, y también por las dificultades internas.
Si asumimos estos aspectos, tendremos una adecuada ejecución del ajustado presupuesto con que contamos para este 2020.
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