Después de más de una década de labor educativa, las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia en su duodécima edición entran en una nueva etapa en el cumplimiento de sus propósitos como parte de la política del Partido y el Estado para enfrentar en nuestra sociedad cualquier tipo de discriminación, incluida aquella que tiene como base la orientación sexual y la identidad de género de las personas.
No por gusto estas jornadas varían su alcance conceptual cada dos años, en un recorrido que ya les permitió visibilizar varios escenarios clave de todavía frecuentes episodios discriminatorios por estos motivos, como las familias, el trabajo y las escuelas.
En esta ocasión las Jornadas apuestan por incidir en la cultura jurídica de nuestra ciudadanía en relación con estos temas, bajo una frase que sintetiza y fusiona con exactitud el objetivo concreto a alcanzar junto con los propósitos más elevados que de modo permanente perseguimos como ideal de justicia en el socialismo: todos los derechos para todas las personas.
Para alguien no atento a estas realidades de la homofobia y la transfobia, un asunto además del debate político internacional en materia de derechos humanos, podría parecer extraña o hasta excesiva esta insistencia en abordar y desterrar este viejo problema en nuestro contexto nacional.
Sin embargo, la evidencia del trabajo científico y comunitario que realiza el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), principal organizador de estas Jornadas, apuntan a que todavía nos queda un largo trecho por andar en ese camino del respeto a los derechos sexuales, frente a vulneraciones y daños —no siempre visibles— que sufren las personas homosexuales, bisexuales y transgénero en la vida cotidiana, tanto en el ámbito subjetivo de las relaciones humanas como en el vínculo con las instituciones.
Es cierto que hay cambios positivos evidentes en la percepción social de este fenómeno y en la implementación de políticas de inclusión social que hemos venido conquistando como país por más de una década, como parte de una estrategia sistemática y a largo plazo que tiene su punto de mayor inflexión cada mes de mayo, alrededor de la celebración del 17 de mayo, como Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.
El resultado de toda esta evolución es palpable. Pronunciamientos contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los principales documentos rectores de la política del país. Aprobación de la primera Ley que de forma explícita protege la diversidad sexual, que es precisamente nuestro Código de Trabajo. Y más recientemente, la proclamación de una Constitución que proscribe cualquier acción discriminatoria contra las personas por ese y otros motivos, además de reconocer iguales derechos para todos los tipos de familias.
Hay también muchas otras transformaciones en la conciencia y la práctica social que a veces son difíciles de cuantificar, pero están ahí presentes, y quienes hemos vivido este proceso gradual, como protagonistas y beneficiarios, podemos percibirlas con toda claridad.
Por supuesto, no es posible aspirar a que un proceso de transformación cultural tan profundo como el desmontaje de prejuicios homofóbicos y transfóbicos acendrados en nuestra sociedad, transcurra de una manera lineal, sin contradicciones e incluso estancamientos o retrocesos coyunturales.
Por ello resultan esenciales los cambios legislativos que tienen que acompañar a la nueva Carta Magna, los cuales deberán tener en cuenta esta problemática que no está circunscrita a una sola norma legal, sino que constituye un tema transversal que debe conllevar una mirada más inclusiva a cada fenómeno económico y social.
No obstante, especialistas y juristas del Cenesex que participan en los grupos de trabajo para desarrollar esas próximas leyes, identifican ya varias donde el principio de no discriminar por orientación sexual e identidad de género requieren de un abordaje. Tal es el caso, por supuesto, del Código de Familia, pero también mencionan al Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal, la de Registro Civil, el mismo Código del Trabajo, así como otras que hoy ni siquiera existen o están en ordenamientos jurídicos de menor rango como resoluciones, reglamentos y procedimientos internos, en áreas tan disímiles como la salud pública, la educación y otras.
En tal sentido, es básica la reflexión que en fecha reciente hizo Manuel Vázquez Seijido, subdirector del Cenesex, al apuntar que “la discriminación en una norma no es necesariamente que se denigre, subvalore o se prohíba el acceso a algún servicio de un grupo de personas; es también cuando se omite, no se es claro, cuando solo se reconoce a un sector poblacional y se desprotege a otros, cuando no se regulan determinadas necesidades”.
