“La búsqueda” es un término utilizado y entendido, por no pocos habitantes de este país, como todo bien material que pueda sustraerse del lugar de trabajo para engrosar el bolsillo personal. Un sinónimo edulcorado y justificativo de la palabra robo.
Para algunos incluso determina el interés por optar por un empleo, más allá de la vocación, de la posibilidad de hacer algo socialmente útil y hasta del sueldo. Que esa motivación esté en la oportunidad de apropiarse del producto final de la labor colectiva o de los componentes utilizados para construirla, hablan de la imperiosa necesidad de incrementar los salarios, de redimir valores morales, de enaltecer el trabajo, pero, sobre todo, de enfrentar enérgicamente las manifestaciones deshonestas en centros estatales con vulnerabilidades para delinquir.
Debatir o reflexionar sobre el delito —dígase hurto o malversación— en las entidades estatales, puede sonar a hipocresía cuando en ocasiones se justifica que alguien se apropie de lo que no es suyo como una opción de llegar al final del mes; o se excusa el consumo del resultado de un hurto en el mercado negro, por la inestabilidad o ausencia de productos en el mercado oficial.
Pero los pronunciamientos de los trabajadores en las conferencias municipales XXI Congreso de la CTC —a las que he asistido—, evidencian el interés honesto por desterrar tales hechos del escenario laboral, y el rechazo permanente a quienes intentan lucrar con el bien común.
El centro de trabajo está identificado como el espacio principal para neutralizar esos hechos denigrantes en una sociedad socialista, partiendo de la premisa de involucrar a todo el colectivo. Un delito no solo entraña un perjuicio para la economía de la empresa o del país, también lesiona el bolsillo individual de quienes lo permiten pasivamente. Se reducen las materias primas, se incrementan los gastos y por tanto se reparte menos salario.
Solo en la provincia de Sancti Spíritus durante el año precedente, la afectación económica por conceptos de pérdida, faltantes y efectivos de ventas de mercancías dejados de depositar en el banco, ascendió a más de 6 millones de pesos.
A pesar de que la incidencia delictiva en entidades del sector estatal en ese territorio muestra decrecimientos sostenidos, urge alcanzar mayor efectividad en el análisis de las causas y condiciones que generan esos hechos. Apremia hacer efectiva la participación de los trabajadores en su combate y erradicación, porque tienen también una repercusión social que involucra la moral y el sustento de las familias.
Que la mayoría de los casos sean detectados en controles realizados por organismos auditores y por el accionar de la policía constituye una muestra de que aún no existe una conciencia clara en los colectivos laborales del papel de los trabajadores en el enfrentamiento. Apunta hacia las debilidades de la guardia obrera, del control y la falta de sentido de pertenencia.
No podemos aspirar a la productividad que anhela esta sociedad si el significado de “la búsqueda” no vuelve a ser, exclusivamente, la capacidad para sondear alternativas, examinar propuestas e investigar otras aristas que propicien soluciones de desarrollo y holgura monetaria con probidad y decencia.
