La santiaguera Sonallis Cabrera Leyva se siente desprotegida. Después de pasar un año contratada por tiempo determinado en el Hospital Provincial Saturnino Lora, quedó desempleada cuando se percataron de su embarazo. Por eso escribe a Buzón abierto en busca de la justicia que considera faltó en su caso.
La detallada misiva explica que comenzó a trabajar en el mes de agosto del 2016, en el Departamento de Admisión, por una contrata de tres meses, que le fue renovada en tres ocasiones, a pesar de que no recibió copia oficial.
En marzo informaron que existían dos plazas vacantes en el departamento y le dijeron que entregara la documentación necesaria a Recursos Humanos (RR. HH.) para hacerla fija. Esto nunca ocurrió, simplemente le renovaron el contrato por tiempo determinado.
Pasado un mes, su jefe inmediato le recordó a Sonallis pagar el sindicato; pero la secretaria general de la sección sindical le argumenta que no estaba en el potencial y por tanto no tenía que hacerlo.
Ese incidente la alertó. Algo no marchaba bien y se dirigió nuevamente a Personal para verificar lo referente a la plaza. Allí le aclararon que faltaba un documento de su superior para proceder. Cuando le preguntó, este afirmó que ya era fija y culpó a RR.HH.; le hizo entender que ellos habían puesto a otra persona por error y la tranquilizó diciendo que “ya todo estaba resuelto”.
No obstante, la lectora siguió investigando y a través de un familiar logró saber que no era tal equivocación; su jefe orientó hacer fija a una compañera en lugar de a ella.
Para su sorpresa, al cumplir nueve meses en el centro, se dio cuenta que estaba embarazada, pero siguió cumpliendo con el trabajo. En ese tiempo confiesa haberse sentido incómoda porque los colegas le habían dicho que por su estado podían cerrarle automáticamente el contrato.
Durante la atención a su embarazo, le orientaron asistir a la consulta de Genética y le prescribieron un certificado médico por una semana, luego se reincorporó el 6 de agosto. Pocos días después, mientras marcaba su entrada al hospital, la compañera de Recursos Humanos que se encontraba en el tarjetero le preguntó si estaba embarazada. Al responder Sonallis afirmativamente le dijo “que no podía trabajar más, pues al ser contrato no podía estar embarazada y que su jefe no le daría la plaza”.
De todos modos ella siguió laborando esa semana y el viernes fue citada por el jefe superior, quien le comunicó que ese era su último día, pues la compañera por la que estaba contratada regresaría la próxima semana de su licencia de maternidad.
Después de leer el Código del Trabajo y el Reglamento la remitente considera que a la entidad le corresponde asumir el pago de la licencia retribuida por maternidad porque trabajó 10 meses de forma ininterrumpida, arribó a las 22 semanas de gestación y cuando le cerraron el contrato no se había vencido su término y tampoco fue avisada con antelación de esta decisión. Ella siente que la han discriminado por su estado.
Al final de la carta la santiaguera deja un grupo de interrogantes, que por su interés compartimos y esperamos sean respondidas por las autoridades competentes.
1) ¿Por qué si estuve vinculada ininterrumpidamente durante 12 meses y existían plazas vacantes no se me otorgó una?
2) ¿Se puede cerrar el contrato por tiempo determinado a un trabajador en este estado sin previo aviso?
3) ¿Dónde queda la protección que el Estado cubano siempre les ha dado a la mujer y madre trabajadora?
4) ¿Cómo voy a mantener a mi bebé, si he quedado desprotegida y en estos momentos sí me es difícil trabajar para sostenerme?
