En cumplimiento de las medidas aprobadas para la reanimación del sector agropecuario se promulgó en el 2008 el Decreto Ley 259 sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo.
En el 2012 se realizaron modificaciones a ese Decreto Ley para asegurar la continuidad y sostenibilidad en la explotación de las tierras entregadas en usufructo, estimular la incorporación, permanencia y estabilidad de la fuerza laboral del sector y el asentamiento familiar definitivo, promulgándose el Decreto Ley 300 y su Reglamento.
Entre las principales modificaciones se encuentran:
- Autorizar a las personas naturales que reciban tierras o que ya la recibieron para que se puedan vincular e integrar a las empresas agropecuarias, azucareras o forestales.
- Continuar la entrega de tierras en usufructo, asegurando que se mantengan en explotación, evitando un mal uso del suelo y la pérdida de su agroproductividad.
- Autorizar la entrega de áreas ociosas de la ganadería comercial para las producciones de cría y ceba, hasta que se demande su utilización según el programa de desarrollo ganadero, no entregar las áreas destinadas a la producción de leche que tienen su programa.
- Se establece la obligatoriedad de sembrar alimento animal en las tierras entregadas para ganado mayor, hasta cubrir el balance alimentario de la masa que posee.
- Incorporar como nueva causa de extinción del usufructo, la utilización de financiamientos ilícitos.
- Establecer para todas las personas naturales que la entrega de tierras en usufructo se condiciona a que las puedan trabajar y administrar de forma personal y directa.
- La autorización para la construcción de bienhechurías se incrementan del 1 % al 3 % del área entregada en usufructo para las producciones agropecuarias y forestales que lo requieran.
- Comenzar la aplicación gradual de los impuestos previstos en la Ley Tributaria en lo concerniente al uso, posesión y ociosidad de la tierra
La nueva modificación a la política para la entrega de tierras tiene el objetivo de resolver aspectos que aún limitan su aplicación, y facilitar que se siga avanzando en la implementación del Lineamiento 162 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobado en el VII Congreso del Partido.
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