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Brasil repitió Fora Temer

El pasado viernes las calles de Brasil escucharon nuevamente la consigna ¡Fuera Temer! Reclamos de los trabajadores de distintos sectores se alzaron en la segunda huelga general convocada en el país este año.  

 

Las manifestaciones contra las políticas impulsadas por el presidente de facto Michel Temer resultan frecuentes en un país donde el desempleo supera el 13 %.

 

Si bien la jornada de protestas no alcanzó igual magnitud que la efectuada el 28 de abril, múltiples ciudades de la nación respondieron al llamado de los principales sindicatos para mostrar su descontento con las reformas laboral y del sistema de pensiones. Ambas iniciativas, impulsadas por el presidente de facto, Michel Temer, fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y se deberán evaluar en el Senado antes del 17 de julio próximo, cuando comenzará el receso parlamentario.

Las demandas populares no son fortuitas: estas mociones, propuestas por un mandatario acusado de corrupción pasiva, afectan derechos y conquistas fundamentales de la clase obrera. En ese sentido, diversas han sido las críticas de organizaciones, centrales, activistas y movimientos sociales.

La Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, por ejemplo, divulgó una declaración donde manifiesta su profunda preocupación por el desarrollo de prácticas que niegan los principios generales e internacionalmente reconocidos del Derecho del Trabajo; y denuncia los métodos coactivos que el Gobierno utiliza sobre los Jueces y Magistrados, así como los abogados laboralistas.

Con el objetivo de explicar cómo estos proyectos podrían afectar a los brasileños, quienes enfrentan en la actualidad un desempleo superior al 13 % (cerca de 14 millones de personas), Trabajadores expone los principales planteamientos de tales reformas.

Reforma Laboral:  (con información de Resumen Latinoamericano)

-Flexibilización de la jornada de trabajo, que podrá durar hasta 12 horas diarias si así lo “convienen” el patrón y el trabajador, incluso por encima de lo que estipulen los contratos colectivos.

-Al aumentar la jornada de trabajo prácticamente desaparecen las horas extraordinarias y, por consiguiente, su equivalente en remuneración.

-Se podrá negociar sobre lo legislado, de tal forma, los beneficios como el 13º salario, las vacaciones, el adicional nocturno, la licencia de paternidad y el salario mínimo pueden ser relativizados.

-El patrón podrá despedir sin indemnización y simultáneamente contratar nuevos trabajadores con menores salarios y beneficios.

-Al legalizar la tercerización (la contratación por terceras empresas) los contratantes no tendrán ninguna obligación de indemnizar al trabajador si este es dimitido, por cualquier causa, por la empresa donde labore.

-Congela por 20 años el presupuesto para la Salud y la Educación. Si es aprobada la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) no podrán crearse nuevos puestos de trabajo. El límite de gasto en las áreas de salud y educación entrará en vigor en 2018. El congelamiento del salario mínimo es el primer paso para asegurar la reforma de la Sanidad, la próxima meta de la gestión de Michel Temer (PMDB) en el Congreso Nacional.

Reforma del sistema de pensiones: (con información de Sputnik)

-Eleva la edad mínima de jubilación a 65 años para los hombres y a 62 años para las mujeres, en reconocimiento de que la mayoría de la población femenina económicamente activa soporta la doble jornada al asumir tareas domésticas (esta diferenciación fue hecha luego de fuertes críticas).

-El tiempo mínimo de contribución al sistema pasa de 15 a 25 años y los trabajadores que quieran cobrar la pensión completa tendrán que haber cotizado durante 40 años, sin interrupciones (la propuesta inicial era de 49 años).

-Aunque en el borrador original, no existía esta distinción, la edad mínima para el retiro de los trabajadores rurales es de 60 años, con 20 de contribución en vez de 25, como propuso inicialmente el Ejecutivo.

-El Gobierno presume de que la reforma acabaría con ciertos «privilegios», pero las pensiones de los militares (cuyo pago consume casi 10 mil 500 millones de dólares al año) no se van a tocar, si bien la administración asegura que las abordará más adelante.

 

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