A finales del 2016, la pinareña Zoila Valdés Salgado vio en Buzón abierto la última tabla de salvación para resolver un tema que afectaba a su colectivo laboral: el desacuerdo con el no abono del pago por resultados según lo establecido en la Resolución No. 6.
“Me desempeño como técnico A en gestión de Recursos Humanos y me dirijo a usted con el propósito de hacer público que en este mes de diciembre el cobro del salario por resultados de noviembre en mi empresa nos están obligando a violar esa Resolución (…), sin amparo de un documento escrito por parte del Director de la Organización Superior de Dirección Empresarial”, comenzaba diciendo en su misiva.
“(…) es muy penoso pararse delante de 35 trabajadores y decirles que van a llevar para su casa como salario 300 pesos; después de un duro mes de trabajo”, puntualizaba.
En apenas 30 días llegó la respuesta a la carta tramitada para la Central de Trabajadores de Cuba. La situación ya estaba resuelta cuando en el centro de la reclamante, la unidad empresarial de base (UEB) Porcina de Cría, en Consolación del Sur, se personaron los compañeros del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros. Zoila envió una nota al periódico reconociendo el satisfactorio resultado.
¿Disfrutaría la lectora de un final feliz de no haber escrito a nuestra sección de correspondencia?
Nos resulta imposible responder esa interrogante. Solo tenemos constancia de decenas de misivas con quejas sobre lo que consideran inadecuada aplicación de aquella norma legal, así como muchas dudas acerca de sus resuelvos, algunas firmadas incluso por directivos de Recursos Humanos, lo cual evidencia que falta preparación de quienes tienen que gestionarla.
Por supuesto que no todos los que escriben tienen la razón, porque el argumento en ocasiones solo se basa en uno de los acápites contemplados en la resolución para el incremento salarial.
Así ocurrió con la carta enviada por Mercedes Viñales Zamora, trabajadora de la UEB Derivados Amancio, en Las Tunas, respondida en febrero de este año por el Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros.
La comisión investigadora dio sin lugar la reclamación, porque comprobaron, entre otras irregularidades, deterioro del índice del gasto de salario por peso de valor agregado bruto y el pago sin respaldo productivo.
No se puede distribuir lo que no se tiene y la ineficiencia tampoco debe ser premiada.
