La aplicación de la Resolución 6 desde el 2016 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que norma los procedimientos para establecer las formas y sistemas de pago por resultados en el sector empresarial causó no poco entusiasmo en muchos colectivos laborales.
La superación de algunas de las dificultades que contenía la legislación anterior, en particular la posibilidad de distribuir con mayor justicia hasta los niveles de cada unidad empresarial de base los ingresos provenientes de la creación de un mayor valor agregado bruto y una mayor garantía salarial ante posibles incumplimientos, tuvieron su traducción inmediata en un crecimiento del salario medio mensual en numerosas entidades.
Pero luego de ese primer idilio los organismos reguladores y el propio movimiento sindical comenzaron a alertar de algunos fenómenos que podrían distorsionar —otra vez— el propósito esencial del pago por rendimiento: estimular la eficiencia y la productividad del trabajo, con mayores volúmenes reales de mercancías y servicios.
De acuerdo con especialistas que atienden este tema en la CTC, una de las incongruencias que primero saltó fue la desproporción entre los notables incrementos del valor agregado bruto y del fondo de salario que reportaba la economía de manera global, con sobrecumplimientos superiores al 25 %, frente al comportamiento mucho más modesto de las ventas netas, e incluso, con incumplimientos en las exportaciones. Otro síntoma preocupante fue un aumento del fondo de salario superior al de las utilidades.
No existe razón suficiente para explicar ciertos sobrecumplimientos demasiado ostentosos, que enseguida las administraciones monetizaban con estímulos salariales más altos.
Pronto comenzó a emerger que la fuente de estas excesivas bondades salariales provenían con frecuencia de la inejecución de gastos que las empresas tenían en su planificación, para elevar por esta vía el valor agregado bruto, sin que existiera en realidad más producción o servicios.
Al intentar enmendar la situación en el transcurso del año ocurrieron entonces otros desaguisados no menos importantes. En atención al principio de instaurar un control más financiero que administrativo, los ministerios comenzaron a exigir un ajuste en los indicadores económicos de su sistema.
A su vez, las organizaciones superiores de dirección empresarial trataron como tendencia de frenar el nocivo fenómeno, en algunos casos mediante medidas generales para todas las entidades y sus respectivas unidades empresariales de base, con el objetivo de tratar de corregir el comportamiento inadecuado del gasto de salario por valor agregado bruto.
Ello hizo que empezaran a pagar entonces justos por pecadores, y comenzaron los conflictos con los colectivos laborales que ahora mismo acuden a sus respectivos sindicatos ante rectificaciones que afectan el pago por resultados, tanto donde la Resolución 6 marchaba bien como donde violentaron sus principios.
Esto es en síntesis lo que refieren quienes siguen de cerca la evolución de este asunto crucial para el buen desempeño de la economía colectiva y la individual de cada trabajador y su familia.
Los problemas, más allá de los necesarios ajustes o acotaciones a la norma jurídica que “vacunen” a las empresas contra manejos impropios de sus indicadores directivos y límite, son más de la gente que de la letra y el espíritu de la ya famosa Resolución 6, a la cual trabajadores, dirigentes sindicales y administraciones deben cuidar como a la gallina de los huevos de oro, nunca matarla con inventos para repartir una efímera sopa de dinero sin sustancia.
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