El grupo de pobladores quedó atónito en las afueras del banco capitalino cuando a la hora de la apertura la puerta se abrió pero no para brindar de inmediato el servicio, sino para que dos trabajadores de la institución emprendieran labor de limpieza en la propia entrada…
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Más que repetido es el pasaje de uno o varios usuarios esperando en un establecimiento, mientras dos dependientes conversan de cualquier cosa… Los ejemplos de desatención abundan. Lo inverosímil continúa sucediendo.
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Esa legítima aspiración de los cubanos de edificar una sociedad próspera y sostenible pasa necesariamente por la eficiencia y eficacia de los servicios a la población.
La administración pública de un Estado asume la responsabilidad de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos como disponer de agua corriente, energía eléctrica, línea telefónica, acceso a la información, a la correspondencia, trasladarse en un medio de transporte, recibir una consulta médica, docencia, hacer variados trámites… ¿Será que los servicios públicos se parecen a la vida?
La experiencia vivida por la administración pública cubana en la que el Estado tenía a su cargo una concentración excesiva de servicios va quedando atrás, porque la actualización del modelo económico concibe y ha puesto en práctica formas de gestión más allá de la estatal.
Si bien el enfoque es múltiple porque el servicio puede ser privado o cooperativo, y en consecuencia la realidad indica que no es posible trazar políticas homogéneas, el Estado no deja de ser rector con una responsabilidad directa sobre la oferta que se brinde. Al mismo tiempo debemos señalar que en aras del debido ordenamiento cada prestación demanda un marco regulatorio propio.
Hoy día, ante la mala calidad de no pocos servicios cabe preguntarse: ¿Dónde queda la protección de los derechos del consumidor? ¿Será que ello no es suficiente y se necesita emprender pasos hacia la redacción de una ley?
Ahora que en el año 2017 se nos convoca a trabajar con racionalidad en el manejo de los recursos, incluido el humano, la labor de los servidores públicos tiene que ser elementalmente eficiente. La desidia no les está permitida a estos funcionarios hacedores del bien público. La competencia de cargos tan sensibles debe estar en permanente examen, porque además de las molestias resulta incalculable el daño económico como consecuencia de la ineficiencia de quienes se desempeñan en estas labores.
Al viejo dicho de que el cliente siempre tiene la razón hay que darle lugar en su justa medida, no solo porque este merece todo respeto, sino también porque, por derecho propio, forma parte del control popular al que debemos aspirar como resorte esencial para lograr la calidad requerida de los servicios públicos.
