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La necesidad de articular un programa nacional de lucha contra la corrupción que implique a todos los organismos, estudie y registre las tendencias del fenómeno y monitoree las acciones para enfrentarlo, fue una de las propuestas de los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, durante el intercambio que sostuvieron este miércoles con autoridades de la Contraloría General de la República.
Alina Vicente Gaínza, vicecontralora general, presentó ante este grupo permanente de trabajo del Parlamento cubano un informe sobre el comportamiento de los hechos de corrupción que los organismos reportaron durante el 2015.
No se ha logrado frenar ni detener el problema, cuyas principales características actuales son los encadenamientos delictivos que involucran varios organismos o territorios, y tienen como blanco principal los inventarios, el efectivo, las materias primas y los productos terminados, explicó.
Como delitos más frecuentes, están aquellos que buscan la apropiación de medios informáticos, combustible, materiales de la construcción, partes y piezas de equipamientos, neumáticos, entre otros.
Vicente Gaínza alertó en su presentación acerca de la impunidad y el descontrol que permiten algunas administraciones, y citó como sectores con mayores afectaciones el agroalimentario y el transporte.
Casi 900 hechos de corrupción fueron identificados durante el 2015, con más de 2 mil personas implicadas, y daños documentados por un valor superior a los 130 millones de pesos.
Todavía el 36% de estos sucesos los detectaron controles externos a las entidades, y se mantiene una excesiva demora en los análisis internos posteriores para adoptar las medidas pertinentes.
Como principal móvil, apuntó la vicecontralora, se mantiene el desvío de recursos para la venta ilícita, y emergen otras manifestaciones como el tráfico de influencias, en procesos como la entrega a particulares de tierras en usufructo y de subsidios estatales para la construcción y reparación de viviendas.
Hubo además un incremento en el rigor de las medidas, que en un 70% de los casos conllevó la separación definitiva de los implicados, en un 60% se presentaron ante los tribunales para un proceso penal.
Tenemos que reaccionar como revolucionarios ante cada hecho de corrupción, expresó Ramón Labañino, Héroe de la República de Cuba, en una emotiva intervención donde llamó a recuperar la cultura de la honestidad propia de la historia patria, e incluso a enseñar ética en la escuela.
Hay indolencia y complicidad muchas veces entre la misma ciudadanía, apuntó Labañino, quien exhortó a ser guerreros por la decencia pública, y en ausencia de conciencia social, aplicar la ley de forma ejemplarizante.
Diputadas y diputados hicieron referencia también a problemas nuevos como los que vinculados a la relación entre empresas y el sector no estatal o privado de la economía, sobre lo cual el vicecontralor general Reynol Pérez insistió en que los fenómenos de corrupción asociados a esa realidad tienen que ver con la mala aplicación de los procedimientos y las políticas aprobadas al respecto.
Pastor Batista, diputado por Las Tunas, abordó la falta de información pública acerca de los hechos de corrupción, no solo en los medios de comunicación, sino también en los propios colectivos y estructuras de las organizaciones de masas y gobiernos locales, apreciación con la cual coincidieron los directivos de la Contraloría General de la República y demás integrantes de la Comisión parlamentaria.
La importancia de insistir en la calidad de la contabilidad, en su utilización como instrumento de dirección, así como en la dignificación del papel de los contadores, fueron otros elementos que resaltaron los diputados.
Jesús Martín Casanova, diputado por Sancti Spíritus, insistió en que los empeños para frenar la corrupción y el delito que hoy se acometen de manera fragmentada tienen deberían integrarse en un programa nacional de lucha contra la corrupción, planteamiento que la Comisión adoptó como un acuerdo para hacer la sugerencia correspondiente a la dirección del Estado.
Queremos crear riquezas con eficiencia, pero también tenemos que distribuirla con equidad, y para eso hace falta control, razonó Alejandro Gil, viceministro primero de Finanzas y Precios, quien hizo notar la relación que existe entre el enfrentamiento al flagelo de la corrupción y el éxito de la actualización del modelo económico.
Aterrizar la ganadería a cada lugar
Una mayoría de áreas con pastos de mala calidad y sistemas de manejo no adecuados para las reses, estuvieron entre las principales deficiencias que detectó una fiscalización del cumplimiento del programa de desarrollo de la ganadería vacuna, a cargo de integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento.
Al presentar el informe sobre los resultados de este control realizado en seis provincias del país (Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey), el diputado Giraldo Martín Martín explicó que existen más de dos millones de hectáreas dedicadas a la ganadería, de ellas el 80% cubierta por pastos naturales insuficientes en cantidad y calidad de nutrientes.
Solo el 17% de las vaquerías, el 25% de los centros de desarrollo y novillas y el 29% de las recrías se habían recuperado hasta diciembre del año pasado, lo cual incide en una pobre producción que solo alcanzó los 261 millones de litros de leche y unas 77 mil toneladas de carne en esos seis territorios, y una baja productividad que no llega en la provincia más eficiente a los 200 kilogramos de carne o litros de leche por hectárea al año.
Los mayores aportes en la leche lo realizan en la actualidad las cooperativas de crédito y servicios, mientras que los de carne son del sector estatal. Ello indica que es preciso cambiar el sistema de atención a los productores, apuntó Martín Martín.
El informe de la Comisión, que se discutió a pesar de la no asistencia de los directivos de la Agricultura, recoge además las dificultades expresadas por los colectivos de trabajadores en las provincias visitadas, donde sobresalen los de orden material y financiero (de equipamientos, inversiones e insumos) y de orden subjetivo o humano, por la escasez de fuerza de trabajo calificada en las actividades técnicas de la ganadería.
Entre las recomendaciones hechas por el informe de la Comisión está revisar el reclamo de los productores a partir de que alcancen niveles productivos eficientes, poder disponer de un porcentaje de sus animales cebados para el autoconsumo de sus carnes e incluso para la venta en los mercados locales bajo normas y reglamentos que establezca el Estado.
La importancia de crecer de modo intensivo o vertical en la producción ganadera, o sea, con menos área pero más tecnología; así como la posibilidad de recurrir a inversiones y créditos extranjeros para el desarrollo de esta actividad económica, también fueron parte de las consideraciones finales.
Invitados del Banco de Crédito y Comercio y el Ministerio de Finanzas y Precios explicaron además los impactos iniciales de un grupo de medidas financieras adoptadas a comienzos de este año para proteger e incentivar a la ganadería, como son la cobertura por el presupuesto estatal de los intereses de créditos solicitados con este objetivo, así como de la mitad del valor de las pólizas de seguro para el ganado vacuno.
El sector ganadero puede servir para recuperar el espacio de la empresa estatal socialista en la agricultura, valoró el diputado Agustín Lage, al señalar las posibilidades que esta forma de propiedad podría desplegar para la introducción de los resultados de la ciencia y la técnica, el fomento de las exportaciones y la realización de inversiones.
