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Las acciones dirigidas a resolver las insuficiencias materiales y de la informatización en los Registros del Estado Civil buscan ofrecer una mayor y mejor gestión en los servicios notariales, expresó María Esther González Reus, ministra de Justicia en la Comisión de asuntos constitucionales y jurídicos del Parlamento cubano.
Los diputados dieron seguimiento a las medidas derivadas del control y fiscalización a los registros civiles y notarías del 2014 y que contribuyeron a que el Ministerio de Justicia (Minjus) emitiera dos resoluciones en el 2015.
Lo anterior respondió a las necesidades de recursos informáticos y mobiliario en las oficinas que son atendidas metodológicamente por el Minjus y, desde la administración, por el Gobierno en cada provincia.
La evaluación demostró que hubo un incremento de las solicitudes de documentos por parte de las instituciones, mientras que se esperaba un efecto contrario. Para ello el ministerio propuso la creación de una base de datos que les permita a los funcionarios obtener informaciones de las personas desde que son inscritos en el registro civil.
Se contará con la seguridad necesaria en el acceso a datos como el número de carnet de identidad, antecedentes penales, los pagos a la Oficina Nacional Tributaria (ONAT), número de licencia de conducción, entre otros.
Con esto se evitará la expedición de documentos físicos por las instituciones, excepto aquellos que sean necesarios, por ejemplo, para demostrar la condonación de una herencia o para presentarlo en el exterior.
Francisco García Henríquez, viceministro de Justicia refirió que se trata de un sistema nacional que será útil a otras entidades, lo cual descentralizará los trámites y los facilitará a la población.
En tal sentido los diputados se refirieron que es necesario contar con los recursos tecnológicos necesarios y las condiciones infraestructurales en los locales donde se brindan estos servicios, para mantener en buen estado los libros de registros y el archivo de los documentos.
La ministra también refirió que los resultados serán viables garantizando el compromiso de los funcionarios públicos en la atención a la población, en el que debe prevalecer la calidad en los servicios y la profesionalidad.
