En carta enviada a esta sección, la tunera Maritza Castellanos Bermúdez reseña su inconformidad —compartida por el resto del colectivo laboral— con la aplicación en su centro del sistema de pago amparado por la Resolución 17.
Después de acogerse a esa norma, “cuando esperábamos una mejoría, fue todo lo contrario. Ahora solo nos pagan el salario básico, que es de 305 pesos, y antes devengábamos 380, algo que no entendemos”, denuncia esta dependienta de la farmacia especial ubicada en el reparto Aguilera.
Allí cumplen y sobrepasan los planes de venta mes por mes; y la unidad se mantiene bien abastecida, agrega.
Sin embargo, les han informado que no reciben más salario porque están sobregirados los costos de los medicamentos que expenden, lo cual consideran injusto: los resultados de la gestión del colectivo no se corresponden con el dinero que devengamos, arguye.
En la carta, que también firman sus compañeros de labor, expone la necesidad de una forma más justa de retribuir por los resultados, un reclamo válido, pues no es razonable que con el salario de los trabajadores se subsidien producciones ni que sobre el vendedor recaigan los costos.
También es contraproducente implementar la Resolución 17 en centros donde no se cumple su esencia de estimular los ingresos en correspondencia con los resultados.
