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Deudas millonarias sin justificación

Foto: Daniel Mitjáns
                                                                                          Foto: Daniel Mitjáns

 

Con total justeza, los secretarios de las secciones sindicales de las unidades básicas de producción cooperativa  (UBPC) 28 de Septiembre y Yaguabo,  de Holguín, escriben a Buzón abierto,  pues los organismos involucrados en su  solución ni en la provincia ni en el país  les han dado una respuesta.

Se trata de los impagos por la producción de la caña de azúcar a los productores, que se repiten en los territorios de Mayabeque, Matanzas, Camagüey y Granma, reflejados  en  la  información  publicada  este 31 de agosto en Trabajadores, bajo el título Hay piedras que quitar en el camino de las UBPC.

El asunto es uno de los principales planteamientos que se están discutiendo en los activos provinciales  sobre el funcionamiento de las UBPC  y las unidades empresariales de base  (UEB) de los sectores agropecuario,  tabacalero y azucarero, y cuya solución, según consta en un informe  referido en la reunión de Artemisa,  corresponde viabilizar al grupo empresarial AzCuba.

Omar Parra Sánchez y Carlos Rafael Piña Fonseca, respectivos secretarios de las secciones sindicales de  las UBPC 28 de Septiembre y Yaguabo, explican que las juntas de la administración de ambos colectivos han  denunciado el hecho en todos los niveles, incluso solicitaron la presencia  de representantes de la empresa azucarera de Holguín en sus asambleas,  pero a casi 100 días de entregada la  última tonelada de caña, no han contestado.

Las deudas engrosaron a partir de la segunda quincena de marzo  hasta mayo de este propio año, y sus  montos ascienden a 2 millones 213  mil 744 pesos en la primera UBPC, y a 2 millones 292 mil 311 pesos en la  segunda. Tal como declaran ambos  dirigentes sindicales esto viola las  cláusulas contractuales por el cliente, y priva a los trabajadores del disfrute de las utilidades que debieron saldarse en julio, al cierre de los balances  económicos.

Consideran que estas situaciones causan desmotivación e inseguridad entre los colectivos y desconfianza hacia las direcciones de las entidades responsables de su solución (unidades empresariales de base de los centrales azucareros y de la empresa provincial), que  dieron  varias  fechas  para   la  materialización de los pagos, pero  las han incumplido,  e incluso, “el  problema empeora al pagarles a unas  UBPC y dejar al resto pendiente, sin  que medie una respuesta convincente”, declaró Omar Sánchez.

Argumenta, además, que eso conlleva una situación financiera desfavorable para la unidad productora,  dada la cadena de impagos que genera, y pone en riesgo el abono del impuesto sobre utilidades que se hace  al presupuesto del Estado, “pues una  vez cerrado el ejercicio económico se  cuenta con 90 días para ejecutarlo”.

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