Cuando en el año 2011 los Lineamientos del Partido anunciaron que las empresas estatales que fueran irrentables de manera sostenida entrarían en un proceso de liquidación y que el subsidio por pérdidas desaparecería, a todos nos pareció correcto como principio, apropiado desde el punto de vista económico, socialmente justo y de sobra justificado.
Pero como decía aquella canción “no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar”. Y resulta que ya esa decisión comenzó a aplicarse, en un proceso que no por excepcional —24 no hacen porcentaje en un horizonte de alrededor de 3 mil empresas— deja de ser menos complejo y de algún modo, traumático.
Más allá de las implicaciones económicas y humanas del cierre de una empresa, a lo cual el movimiento sindical tiene que dar un seguimiento al detalle, de manera que se cumplan todos los procedimientos laborales previstos para la menor afectación posible a los trabajadores, la gran lección sería cómo evitar llegar a esa situación y de qué modo impedir que el daño se reproduzca.
¿Están creadas las condiciones óptimas para que la empresa estatal socialista pueda cumplir su cometido de producir, vender y tener utilidades, y poderse mantener como la estructura fundamental de nuestra base productiva?
Hay quienes sostienen que sí. El perfeccionamiento del modelo económico en los últimos años trajo consigo modificaciones que favorecen la gestión empresarial, entre las cuales sobresalen la ampliación y flexibilidad de los objetos sociales, la definición del encargo estatal y las facultades para comercializar los excedentes productivos, la mayor autonomía para organizar los salarios y su vinculación con los resultados, así como nuevas relaciones financieras, incluida la cesión de fondos que antes aportaban al Presupuesto del Estado y ahora conservan para poder operar.
Sin embargo, todavía al cierre del primer semestre del 2015 fueron 72 las empresas irrentables, tres más que las previstas para el período y una cifra muy superior a las seis que autoriza la Ley del Presupuesto para este año.
Entonces, no parece ser que aún las transformaciones hechas sean una total garantía para el éxito empresarial. Es cierto también que hay problemas acumulados de mucho tiempo, incluso estructurales, sobre todo en algunos sectores económicos que concentran las mayores dificultades históricas, como la Agricultura, el Azúcar o la Construcción. Menos entendibles resultan las pérdidas, por ejemplo, en entidades de Turismo, rama emergente con un mercado seguro, donde define la calidad del servicio.
Eso podría indicar que todavía son imprescindibles quizás otros pasos, incluidos aquellos que propicien mayor diversificación de ofertas, menos actividades monopólicas, más competencia empresarial verdadera.
No obstante, es evidente que no basta solo con medidas técnicas y organizativas, aunque estas sean esenciales para articular un marco regulatorio moderno y eficaz. Hay un componente subjetivo que empieza cada vez a pesar más: las destrezas y los conocimientos específicos que necesita el empresariado cubano, la aplicación de métodos y estilos de gerencia más avanzados, la exigencia y control que ejerzan las juntas de gobierno, la participación efectiva y no formal de los trabajadores en la gestión económica de su colectivo, serán a la postre decisivos.
Al movimiento sindical también le corresponde desempeñar un mayor protagonismo, desde la discusión de las cifras preliminares de los planes económicos, hasta la preparación rigurosa de sus dirigentes en la base para asumir la representación de sus afiliados en cualquier decisión en relación con el empleo y los salarios.
Velar porque exista mayor rigor administrativo en la evaluación de las empresas con pérdidas, o estar al tanto de la disciplina informativa de los indicadores económicos y saber hacer su propio análisis, son contribuciones primordiales que puede y debe hacer el sindicato, entre otras muchas posibles vacunas preventivas contra pérdidas y extinciones empresariales.
