El carretillero al que habitualmente le compro viandas y algunas hortalizas afirma sin medias tintas: “Los inspectores no me dejan vivir”. Y narra entonces más de un incidente con algunos de ellos por tratar de aplicarle una penalización financiera sin que haya violado lo establecido en la ley o determinada regulación que —innecesariamente, a mi modo de ver— le han adjuntado a la legislación en los territorios, como los lugares por donde tienen prohibido pasar y vender.
La queja la estoy escuchando de manera reiterada desde una de las sesiones del XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, en la cual un delegado se refirió, en términos más o menos parecidos, a la actuación de esos verificadores, sobre todo con los trabajadores por cuenta propia.
Hace algunos meses solicité a la Dirección Integral de Supervisión (Dis) de un municipio los datos comparativos sobre la cantidad de multas impuestas en los dos sectores, o sea el estatal y el no estatal, en el período de un año, a fin de contar con una referencia más exacta. Siempre encontré una prórroga y finalmente, el silencio fue la respuesta definitiva. Hasta donde he podido indagar por vías no oficiales, las aplicadas a los no estatales superan con creces a las de los estatales, en número y cuantía, a pesar de que en ambos existen y persisten violaciones, irregularidades y causas que meritan ser reprimidas. Por razones obvias debe existir, al menos, cierta equidad.
Hay más. Un dirigente sindical del comercio, la gastronomía y los servicios me explicaba que una queja frecuente de los trabajadores por cuenta propia consiste en que la cuantía de las penalizaciones monetarias impuestas por la procedencia o justificación de la materia prima utilizada a quienes están registrados, autorizados y laboran legalmente resultan muy superiores a la de los ilegales. ¿Por qué? ¿Dónde radica la razón para ello?
Es cierto —y nadie está en el derecho de discutirlo— que los cuerpos de inspectores están diseñados y concebidos para hacer cumplir lo legislado y evitar indisciplinas, actos de corrupción y otras manifestaciones, lamentablemente multiplicadas en estos tiempos difíciles. No obstante, no debe dejarse de tener en cuenta que quienes sienten el peso de la ley son también personas que merecen respeto.
El no estatal forma parte de la sociedad cubana, y surgió porque la economía del país así lo necesita y la realidad lo impuso como alternativa económica viable desde diversos puntos de vista.
No se trata en modo alguno de que los inspectores anden con “manos blandas” ante lo mal hecho o se hagan los de la “vista gorda”, como quizás también pueda suceder en algunos casos. Ellos tienen la responsabilidad de controlar y aplicar las medidas pertinentes, pero siempre actuando con cordura y justicia. No resultará jamás lógico que alguien esté trabajando cada día con la mente puesta en la posible llegada de los fiscalizadores y con la expectativa de cómo será tratado.
Y este último aspecto resulta esencial. Toda autoridad cuya función principal sea aplicar la ley debe hacerlo con la mayor profesionalidad, porque si de algo estamos urgidos en nuestra sociedad es de fortalecer la consideración entre unos y otros, con independencia del papel que les corresponda desempeñar.
¿Por qué “caerle arriba” a un carretillero o a un elaborador-vendedor de alimentos, por citar solo dos actividades de las muchas aprobadas para el trabajo por cuenta propia, si están realizando su gestión de venta de manera adecuada y no existe indicio alguno de proceder ilegal?
Sucede también que en no pocas ocasiones la balanza se “inclina hacia adentro”, o sea, a favor del vendedor y en detrimento del cliente, y los inspectores no chequean ni proceden en consecuencia para propiciar el equilibrio debido o tampoco observan variaciones de precios que aumentan el real establecido, a pesar de que ya son elevados en relación con los salarios y la calidad de lo ofertado.
Si de algo hemos podido sentirnos satisfechos los cubanos es del espíritu de justicia que ha prevalecido en nuestra sociedad desde el triunfo revolucionario. Eso no debemos perderlo, porque constituye una conquista. Entonces, lo prudente es actuar con sensatez, respeto e imparcialidad y reprimir lo verdaderamente reprimible, sin que prevalezca el desasosiego y el temor permanente ante la reprimenda, que casi nunca queda en el regaño o la advertencia y sí en un comprobante a pagar con cifras que muy pocas veces tienen menos de tres dígitos.
