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Cuba contra el bloqueo

Foto: Heriberto González Brito
Foto: Heriberto González Brito

Como una especie de clases magistrales sobre los efectos del bloqueo en diversos sectores de la sociedad cubana actual pudieran catalogarse cada una de las intervenciones realizadas por algunos diputados durante la audiencia que, sobre el tema, tuvo lugar en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (CUJAE).

La audiencia Cuba contra el bloqueo, presidida por Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), y miembro del Comité Central del Partido, aprobó una declaración final de condena a este acto genocida, que por más de cinco décadas ha tratado de derrotar a la Revolución y rendir por
hambre y enfermedades al pueblo cubano.

La diputada Yolanda Ferrer Gómez, presidenta de la comisión de Relaciones Internacionales, subrayó en las palabras inaugurales que el encuentro es un escenario de denuncia de los legisladores  sobre esta política hostil que impacta en la vida económica y social de la población.

Rememoró algunos elementos históricos relacionados con el surgimiento del bloqueo, “un acto de genocidio, una violación flagrante de los derechos humanos”, y enfatizó que las pérdidas por esta razón (a partir de estimaciones conservadoras) ascienden a un billón 112 mil 534 millones de dólares.

Resaltó que se trata de una política fracasada, mantenida por todas las administraciones norteamericanas desde 1962 hasta hoy, y arreciada por el actual presidente Barak Obama.

Los diputados José Luis Toledo Santander, María Caridad Rubio, Rolando González Patricio, Abelardo Moreno, Ileana Núñez Mordoche, Oden Marichal, Jennifer Bello, y el profesor Manuel Vázquez Villega, en representación de la CUJAE, hicieron uso de la palabra.

Desde su posición de jurista, Santander rememoró que el 3 de enero de 1961 el gobierno norteamericano rompió relaciones con Cuba, y en febrero de 1962, Kennedy impuso definitivamente el bloqueo, devenido en una guerra.

Manifestó que tal política transgrede principios del Derecho Internacional, tales como la igualdad soberana, la independencia como facultad de los Estados, la coexistencia pacífica, y el de no intervención.

Por su parte, la doctora María Caridad abordó de manera muy sensible las afectaciones en materia de salud pública, en un país donde esta esfera tiene una alta prioridad.

La destacada oncóloga enumeró varios ejemplos, entre ellos que por falta de reactivos y otros insumos los laboratorios de genética se ven imposibilitados de estudiar 17 afectaciones; los impedimentos para adquirir un equipo (de producción norteamericana) de Radio Frecuencia Bipolar para el tratamiento de tumores y metástasis hepático; y las dificultades para realizar pesquisas activas del cáncer de mama y vacunar a las niñas para la prevención del cáncer cérvico-uterino.

Hemos sido víctimas de un bloqueo, aseveró emocionada, pero no pueden bloquear la dignidad de nuestro pueblo y de nuestros médicos que andan por el mundo salvado vidas.

En representación  del  sector de la Cultura, el rector del Instituto Superior de Arte, Rolando González,  centró su exposición en lo que pudiera significar la ruptura y desaparición de esta política. Dijo: “nací con el bloqueo y ya soy abuelo”.

En su brillante intervención reconoció el empleo que tendrían los 22 millones de dólares perdidos durante este último año y lo que eso significaría para el desarrollo de la cultura en la nación.

Señaló que se trata también de un bloqueo cultural que no solo impide a los artistas cubanos a mostrarse en los escenarios y espacios de Estados Unidos sino, además, imposibilita a los ciudadanos norteamericanos consumir lo mejor de Cuba.

La cultura es ante todo el alma de la nación y por eso intentan destruirla, enfatizó.

El viceministro primero del Ministerio de Relaciones Internacionales (MINREX), Abelardo Moreno, subrayó que la persecución financiera no es un hecho contemporáneo impuesta por el entramado de leyes y medidas, puestas en práctica desde 1959 y su primera expresión, según dijo, fue la negativa de un crédito solicitado por la naciente Revolución para equilibrar las finanzas internas.

A partir de entonces se dictaron una serie de medidas, tales como la congelación de créditos, la prohibición del uso del dólar norteamericano, la suspensión de las inversiones de los estadounidenses en Cuba, así como que trataron de impedir que otros países lo hicieran.

En tal sentido, el viceministro Primero del MINREX aportó a la audiencia datos interesantes sobre las multas otorgadas  por el actual gobierno de los Estados Unidos a varios bancos, la más alta de estas al BNP Pariba, ícono de las finanzas francesas, que consistió en 8 mil 970 millones de dólares.

La diputada María Caridad Rubio abordó de manera muy sensible
las afectaciones en materia de salud pública, en un país donde esta esfera tiene una alta prioridad. Foto: Heriberto González Brito

 

En los últimos 10 años, las multas en sentido general ascienden a 11 mil 500 millones de dólares, precisó.

Otras intervenciones de los legisladores cubanos versaron acerca de las pérdidas, también millonarias, en el sector del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, donde desde abril del pasado año y hasta junio del presente se han dejado de  percibir  3.9 miles de millones de dólares, por ejemplo por no poder vender en el mercado norteamericano los rones y el tabaco cubanos.

De igual manera, Jennifer Bello abordó los problemas y las dificultades en el sector de educación, sobre todo en la enseñanza especial que necesita de materiales e insumos de alta valía, y el profesor  Vázquez Villega trató las limitaciones que presentan las universidades cubanas en el acceso a internet y lo que ello implica para la formación de un egresado altamente calificado.

Presentes también en la audiencia el Ministro de Educación Superior, Rodolfo Alarcón Ortiz; la rectora de la CUJAE, Alicia Alonso Becerra, y su consejo de dirección, así como estudiantes de este centro que en el actual curso arriba a su aniversario 50, entre otros invitados.

DECLARACIÓN FINAL DE LA COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

Cincuenta y cuatro años lleva ya aplicado con todo rigor el criminal bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, el ejercicio más cruel, despiadado y prolongado del que se tenga conocimiento en la época contemporánea.

Iniciado desde el triunfo mismo de la Revolución Cubana en 1959, a lo largo de los años el bloqueo ha sido institucionalizado y profundizado cada vez más mediante la aprobación de proclamas presidenciales y medidas legislativas que lo han hecho progresivamente más férreo y abarcador, incluidos los engendros de las leyes Torricelli y la Helms-Burton, que codificó todo ese andamiaje agresivo contra la nación cubana.

La política de bloqueo no es un asunto bilateral, ni es un “embargo” como suelen justificarlo las autoridades de Washington Tiene un marcado carácter extraterritorial y violatorio del Derecho Internacional y de las regulaciones internacionales de comercio, que todas las administraciones estadounidenses han considerado como instrumento valioso para imponer cambios internos a Cuba.

Según documentos del propio gobierno de los Estados Unidos, desde un inicio lo consideraron la herramienta perfecta para “causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”, por lo que el bloqueo califica, por su propio y deleznable objetivo, como un acto de genocidio, según definición de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la ONU en 1948, y como un acto de guerra económica de conformidad con la Declaración Relativa al Derecho de la Guerra Marítima adoptada por la Conferencia Naval de Londres de 1909.

El bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de Cuba. Más de dos terceras partes de nuestra población nació y ha vivido bajo los efectos de esta criminal política, que en los últimos tiempos se ha convertido, además de una guerra económica, en una guerra financiera.

Durante los últimos 23 años la Asamblea General de Naciones Unidas ha condenado de manera casi unánime esta acción estadounidense y la considera una de las mayores violaciones de la voluntad del máximo órgano internacional.

El gobierno de Estados Unidos está cada vez más aislado y desprestigiado en este ejercicio contra Cuba La llegada de Barack Obama a la Casa Blanca hizo a muchos pronosticar el fin del bloqueo, pero el actual presidente no ha dado muestras a este respecto.

La reciente renovación de su decisión ejecutiva de extender por un año más las medidas del bloqueo comercial contra Cuba, que impide que las empresas estadounidenses y sus subsidiarias puedan hacer negocios con la isla, se apoya en la ley contra el Comercio con el Enemigo que data de 1917, cuando se aprobó con vistas a la entrada de Estados

Unidos en la Primera Guerra Mundial y prohíbe que las firmas estadounidenses comercien con países hostiles.

Ahora, al fundamentar la medida “en el interés nacional de Estados Unidos” es una paradoja, pues nunca antes había sido más visible, en diferentes segmentos de la sociedad estadounidense, el rechazo a esa política. Numerosas y reiteradas declaraciones de altas personalidades, organizaciones y sondeos de opinión, así lo confirman.

La administración de Obama ha sido la que ha llevado con mayor rigor la imposición de sanciones millonarias a empresas y bancos de terceros países, por supuestas “violaciones del embargo a Cuba”.

La esfera de las finanzas internacionales del país es uno de los escenarios donde se puede apreciar con mayor claridad el alcance del daño provocado por la escalada norteamericana contra la nación.

En el actual escenario internacional son normales y transparentes las relaciones entre instituciones bancarias, esenciales para garantizar fondos que apoyen programas nacionales encaminados al desarrollo sostenible de cada país, pero el bloqueo se lo impide a las instituciones cubanas.

La aberración de esta política norteamericana es tal que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro tiene designados cinco veces más funcionarios a perseguir las transacciones económicas y financieras de Cuba con terceros países, que la revisión de las delincuenciales cuentas financieras vinculadas al terrorismo y el narcotráfico.

Muestra de la marcada persecución contra Cuba es el hecho que desde el 2010 se han registrado 130 acciones de carácter extraterritorial en virtud del bloqueo y 81 de ellas han sido financieras.

Solo desde enero del 2009 al 2 junio del 2014, el gobierno de Barack Obama obligó a 36 entidades estadounidenses y extranjeras a pagar multas por un valor de 2,6 mil millones de dólares y, más recientemente, está el caso del Banco Francés BNP Paribas, a quien multaron con la astronómica cifra de de más de 8,500 millones de dólares.

Como reflejo de tales presiones hay una tendencia cada vez más creciente hacia el cierre de cuentas de bancos cubanos por parte de entidades financieras y bancarias extranjeras, así como a la limitación de sus negocios con La Habana.

Junto a ello, está la reiterada y permanente afectación económica por la existencia de alto riesgo cambiario ante las fluctuaciones de las tasas de cambio, al prohibirse utilizar el dólar estadounidense como moneda de pago y tener que emplear otras divisas para el cobro y los pagos del país.

Cincuenta y cuatro años de agresiones y guerra económica por parte de la mayor potencia que ha conocido la historia no podrán doblegar jamás a este pueblo, pese a que el daño económico ocasionado a la Isla, considerando la depreciación del dólar frente al valor oro en el mercado internacional, asciende a más de un millón de millones de dólares.

Por todo ello, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba llama a los parlamentarios de todo el mundo a apoyar la resolución que el próximo 28 de octubre será aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas y exigir al Congreso y al gobierno de Estados Unidos el levantamiento incondicional de su genocida bloqueo, así como demandar el respeto al legítimo y soberano derecho del pueblo cubano a construir su propio destino.

 

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