El transferencia de las actuales funciones del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) a un grupo de organismos e instituciones estatales constituye un paso determinante en la acción de fortalecer el ordenamiento territorial y urbano en el país, eliminar la dispersión de funciones asociadas a esa actividad y enfrentar las violaciones y construcciones ilegales.
Con la reciente aprobación del Decreto Ley 322, que entrará en vigor a partir del 5 de enero del 2015, quedará extinguido el INV y sus funciones actuales serán transferidas a los ministerios de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, así como al Sistema de Tribunales, al Instituto de Planificación Física (IPF) y a otros organismos de la Administración Central del Estado. El INV pasará a ser una dirección general del Ministerio de la Construcción (MICONS).
La política aprobada también tiene entre sus propósitos resolver la centralización y simplificar la gran cantidad de normas legales existentes y de diferentes naturalezas que ocasionan exceso de trámites y restricciones al sistema de la Vivienda.
Acerca de estos asuntos, Oris Silvia Fernández y Belkis Serrano Tejerizo, presidenta y vicepresidenta del INV y del IPF, respectivamente, junto a otros directivos, explicaron a la prensa cuáles son las funciones que asumirá cada una de las entidades mencionadas.
Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponderá dirigir y controlar la actividad de arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, mientras que el de Justicia tendrá a su cargo establecer el procedimiento para las permutas donde al menos una de las viviendas sea vinculada o un medio básico.
Los Tribunales Populares serán los responsables de conocer los litigios que surjan entre propietarios de viviendas y las reclamaciones de derecho entre estos, cuyos documentos sean judiciales o notariales.
En cuanto a los órganos, organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales su misión será la de controlar, declarar, contratar y cesar las viviendas vinculadas y medios básicos que integren su patrimonio.
El establecimiento y control de las normas para el mejor funcionamiento de los asentamientos urbanos y rurales, la elaboración, aprobación y control de los procedimientos para otorgar licencias de construcción, autorizaciones de obras, certificados de habitables, asignación de terrenos estatales a las personas naturales que lo soliciten para construir viviendas, son algunas de las funciones asignadas al IPF.
Asimismo, ejecutará y autorizará lo concerniente a los dictámenes técnicos para la descripción y tasación de viviendas, certificación de medidas y linderos el traspaso de solares yermos y azoteas y representará al país ante los organismos y eventos internacionales que le corresponda.
Oris Silvia Fernández aclaró que la política aprobada aborda lo referente a la compra–venta, donación y transmisión de propiedad de viviendas ubicadas en las zonas especiales de desarrollo, lo cual se hará ante notario público y tiene como requisito la previa autorización de la dirección municipal de la vivienda.
Los funcionarios puntualizaron que la población deberá dirigirse hacia las oficinas de gestión de trámites para la vivienda donde ha asistido hasta el momento y en caso de que no haya estos locales podrá concurrir a las direcciones municipales de Planificación Física.
