En resumen, habíamos hecho público un hecho de la mayor sensibilidad: un cadáver aguardaba por su turno para ser incinerado y por una llamada telefónica del gobierno provincial a la unidad que organizaba ese servicio —la funeraria de Calzada y K— otro fallecido ocupó el puesto del anterior, cuyos familiares, en medio de cruel desasosiego, se vieron en la necesidad de enterrarlo.
Al día siguiente de aquella publicación se personaron en nuestro semanario la directora provincial de Servicios Necrológicos, el administrador de la citada funeraria y un funcionario del CAP integrado a la comisión que debía esclarecer la denuncia.
En la reunión fue evidente el propósito prioritario de los visitantes, de conocer cómo el periodista había obtenido los pormenores del caso. Para su tranquilidad le informamos que “el periodista estaba en la funeraria cuando sucedieron los hechos, pero lo fundamental es saber quién hizo la insensible llamada telefónica y por qué”.
Pasado un mes hicimos público otro artículo, esta vez con el título de Críticas sin respuesta: un hábito ya frecuente, en el cual reiteramos que la dirección del CAP estaba en la obligación de explicar públicamente qué había sucedido.
A finales de enero llegó la carta, donde el CAP indicaba: “Identificamos como responsables principales de lo ocurrido al funcionario del Gobierno Provincial que a título personal y utilizando su autoridad realizó la gestión —la llamada telefónica cambiando el orden de cremación— y al administrador de la funeraria de Calzada y K, que fue quien informó de la prioridad dada al último fallecido.
“Efectuamos un análisis con el referido funcionario del Gobierno reconociendo este el error cometido. No obstante, será analizado su proceder en reunión de la Comisión de Cuadros del CAP, donde adoptaremos la medida disciplinaria correspondiente. En el caso del administrador de la funeraria se le impuso una medida disciplinaria por la Comisión de Cuadros de Servicios Necrológicos, consistente en una amonestación ante el colectivo laboral, teniendo en cuenta los antecedentes laborales del compañero.
“Ratificamos que la misión del Gobierno es exigir y velar porque la población reciba los servicios que necesita para la satisfacción de sus necesidades y no ir contra las mismas. Este hecho, que puede darse de forma similar en cualquier otro tipo de servicio, nos posibilitó socializarlo en una reunión del CAP con los principales directivos de la provincia, extrayendo del análisis las enseñanzas correspondientes”.
Esa respuesta fue traída personalmente a Trabajadores por la directora provincial de Servicios Necrológicos y el funcionario del gobierno provincial incorporado a la comisión esclarecedora, a quienes hicimos saber nuestra inconformidad, por considerar necesario decir quién o quiénes fueron los responsables de tamaña actuación. Incluso les preguntamos su nombre y cargo, y tampoco recibimos respuesta.
Ante ello, nuestros interlocutores subrayaron que trasladarían ese criterio al CAP, pero transcurridos dos meses no hemos recibido comunicación alguna.
¿Cómo un funcionario puede actuar así? ¿Por qué el Consejo de la Administración Provincial de La Habana no da a conocer el nombre de los responsables de tan insensible accionar? ¿Conoce del caso la Asamblea Provincial del Poder Popular?
No seríamos dignos de nuestra profesión si nos cruzamos de brazos y hacemos de la vista gorda ante tales situaciones.
