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Las verdades sobre el alcance y consecuencias del bloqueo que impone Estados Unidos de América a Cuba han sido siempre encubiertas o tergiversadas por Washington. Pero igualmente, los sucesivos pretextos que durante 51 años han esgrimido uno tras otro los 11 presidentes que han pasado por la Casa Blanca para justificar ante la opinión pública mundial este bárbaro cerco económico, han sido pulverizados por la historia.
Primero alegaron la supuesta pertenencia de Cuba al eje soviético, una justificación invalidada por la demostrada postura de principios de nuestro Gobierno en sus relaciones con todos los países del mundo y en particular con la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Para reforzar sus argumentos, a partir de la década de los años 70 del pasado siglo recurrieron a dos nuevos pretextos: primero, la llamada exportación de la Revolución a otras naciones de América Latina; y luego, la presencia de tropas cubanas en África, este último un hecho trascendental en la historia de la humanidad contemporánea, que permitió preservar la independencia de Angola, conquistar la de Namibia, y derrotar al oprobioso sistema del apartheid imperante en Sudáfrica.
Desde hace poco más de dos décadas, al perder fundamento estas “razones”, esgrimen una presunta e hipócrita preocupación por los derechos humanos en nuestro país, cuando precisamente el cerco impuesto a los ciudadanos de esta isla es la más brutal y generalizada violación de las prerrogativas soberanas de un pueblo que se haya conocido, motivo por el cual califica como un delito de genocidio, según lo expresado en la Convención de Ginebra, adoptada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1948.
Tal calificativo de la organización mundial se basa en el contenido del memorando gubernamental estadounidense del 6 de abril de 1960, ya desclasificado, en el que se fundamenta el bloqueo con el declarado propósito de destruir a la Revolución mediante el hambre, la desesperación y el desaliento del pueblo cubano.
Otra mentira de los gobernantes de Estados Unidos —hoy más evidenciada que nunca antes— es la afirmación de que el asedio económico, comercial y financiero constituye un asunto bilateral entre ese país y Cuba, tesis que esgrimen con el pretendido fin de no conceder legitimidad al debate del tema en la Asamblea General de Naciones Unidas u otros foros internacionales.
Existen pruebas suficientes de que las disposiciones jurídicas promulgadas por Estados Unidos para instrumentar el bloqueo imponen restricciones al derecho de personas naturales o jurídicas de cualquier país del mundo a establecer vínculos con Cuba.
A partir de la última década del pasado siglo, sobre todo con la promulgación de la Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli, y la Ley para la Solidaridad Democrática y la Libertad Cubana, conocida como Ley Helms-Burton, Washington incrementó significativamente las regulaciones del bloqueo en asuntos que competen a otros Estados.
El Gobierno del presidente Barack Obama, en poco más de tres años y medio, ha impuesto 2 mil 446 millones de dólares en multas a 30 entidades norteamericanas y de otros países por realizar operaciones con Cuba, una cifra que supera con creces el monto de las sanciones que otras administraciones estadounidenses han aplicado por esa causa.
Por citar solo un ejemplo, hace cuatro meses y 19 días, el 9 de mayo del 2013, la Oficina de Activos Cubanos (OFAC) sancionó a la compañía The American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association, Inc., al pago de 348 mil dólares por violar las prohibiciones establecidas en las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos. La OFAC alegó que la empresa procesó tres reclamos de indemnización a favor de la isla por un monto de 40 mil 584 dólares.
La conducta del Gobierno de los Estados Unidos desde noviembre del 2012 —cuando 188 de los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas condenaron el bloqueo y solo tres lo aprobaron— hasta esta fecha del 2013, confirma que no se ha dado ningún paso para cambiar la política de acoso y persecución económica extendida inalterablemente a lo largo de más de medio siglo. Por el contrario, se ha incumplido flagrantemente lo dispuesto por la Asamblea General de Naciones Unidas al reportarse numerosas acciones que la mantienen intacta.
