El muro agujereado  de la mentira

El muro agujereado de la mentira

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Las verdades sobre el alcance y consecuencias del bloqueo que  impone Estados Unidos de América a Cuba han sido siempre encubiertas  o tergiversadas por Washington. Pero igualmente, los  sucesivos pretextos que durante 51 años han esgrimido uno tras  otro los 11 presidentes que han pasado por la Casa Blanca para  justificar ante la opinión pública mundial este bárbaro cerco  económico, han sido pulverizados por la historia.

Primero alegaron la supuesta pertenencia de Cuba al eje soviético,  una justificación invalidada por la demostrada postura de  principios de nuestro Gobierno en sus relaciones con todos los  países del mundo y en particular con la antigua Unión de Repúblicas  Socialistas Soviéticas.

Para reforzar sus argumentos, a partir de la década de los años  70 del pasado siglo recurrieron a dos nuevos pretextos: primero,  la llamada exportación de la Revolución a otras naciones de  América Latina; y luego, la presencia de tropas cubanas en África,  este último un hecho trascendental en la historia de la humanidad  contemporánea, que permitió preservar la independencia  de Angola, conquistar la de Namibia, y derrotar al oprobioso sistema  del apartheid imperante en Sudáfrica.

Desde hace poco más de dos décadas, al perder fundamento  estas “razones”, esgrimen una presunta e hipócrita preocupación  por los derechos humanos en nuestro país, cuando precisamente  el cerco impuesto a los ciudadanos de esta isla es la más  brutal y generalizada violación de las prerrogativas soberanas  de un pueblo que se haya conocido, motivo por el cual califica  como un delito de genocidio, según lo expresado en la Convención  de Ginebra, adoptada por la Organización de Naciones Unidas  (ONU) en 1948.

Tal calificativo de la organización mundial se basa en el contenido  del memorando gubernamental estadounidense del 6 de abril  de 1960, ya desclasificado, en el que se fundamenta el bloqueo  con el declarado propósito de destruir a la Revolución mediante  el hambre, la desesperación y el desaliento del pueblo cubano.

Otra mentira de los gobernantes de Estados Unidos —hoy más  evidenciada que nunca antes— es la afirmación de que el asedio  económico, comercial y financiero constituye un asunto bilateral  entre ese país y Cuba, tesis que esgrimen con el pretendido fin  de no conceder legitimidad al debate del tema en la Asamblea  General de Naciones Unidas u otros foros internacionales.

Existen pruebas suficientes de que las disposiciones jurídicas  promulgadas por Estados Unidos para instrumentar el bloqueo  imponen restricciones al derecho de personas naturales o jurídicas  de cualquier país del mundo a establecer vínculos con Cuba.

A partir de la última década del pasado siglo, sobre todo con la  promulgación de la Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli,  y la Ley para la Solidaridad Democrática y la Libertad Cubana,  conocida como Ley Helms-Burton, Washington incrementó  significativamente las regulaciones del bloqueo en asuntos que  competen a otros Estados.

El Gobierno del presidente Barack Obama, en poco más de tres  años y medio, ha impuesto 2 mil 446 millones de dólares en multas  a 30 entidades norteamericanas y de otros países por realizar  operaciones con Cuba, una cifra que supera con creces el monto  de las sanciones que otras administraciones estadounidenses  han aplicado por esa causa.

Por citar solo un ejemplo, hace cuatro meses y 19 días, el 9 de  mayo del 2013, la Oficina de Activos Cubanos (OFAC) sancionó a  la compañía The American Steamship Owners Mutual Protection  and Indemnity Association, Inc., al pago de 348 mil dólares por  violar las prohibiciones establecidas en las Regulaciones para  el Control de Activos Cubanos. La OFAC alegó que la empresa  procesó tres reclamos de indemnización a favor de la isla por un  monto de 40 mil 584 dólares.

La conducta del Gobierno de los Estados Unidos desde noviembre  del 2012 —cuando 188 de los Estados miembros de la Organización  de Naciones Unidas condenaron el bloqueo y solo tres  lo aprobaron— hasta esta fecha del 2013, confirma que no se ha  dado ningún paso para cambiar la política de acoso y persecución  económica extendida inalterablemente a lo largo de más de  medio siglo. Por el contrario, se ha incumplido flagrantemente lo  dispuesto por la Asamblea General de Naciones Unidas al reportarse  numerosas acciones que la mantienen intacta.

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