Confirmó que durante el proceso de fiscalización de la declaración jurada realizada a 3 mil 491 a personas dedicadas a actividades de transporte y alimentos se probó que el 88 % fueron subdeclarantes, es decir, informaron cifras por debajo de sus ingresos reales.
Por tal motivo dejaron de aportar 10,4 millones de pesos al presupuesto del estado en el ejercicio fiscal de este año, se les impuso un recargo por mora de 1,1 millones y una sanción fiscal (multa) de 2,8 millones.
Del total de contribuyente que fueron notificados, mil 114 solicitaron recursos de reformas ante la ONAT por no estar de acuerdo con las cálculos realizados, lo cual constituye un reto para nosotros, pues debemos darle respuesta en un término de 60 días.
Hernández Perera dijo que con el objetivo de incrementar la disciplina fiscal van a continuar extendiendo las comprobaciones de la declaración jurada de ingresos personales a otras actividades económicas, pues la provincia cuenta con más de 35 mil trabajadores no estatales.
