Sacar frutos de la tierra con seguridad y derechos

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Nuestros campesinos antes de 1959  tenían un panorama desolador: indefensión ante los geófagos y el desalojo; carentes de  elementales derechos; el 85 % eran arrendatarios; el 60 % vivía en bohíos de piso de tierra; el 64 % no poseía instalaciones sanitarias y solo el 8 % recibía servicios médicos gratuitos por el Estado, en medio de la miseria, una alta mortalidad infantil y enfermedades curables como el paludismo y el parasitismo intestinal.

¿Cómo pensar en esa época en contar con la seguridad social?

Desempleado o en condiciones de subempleo estaba el 33,5 %; el 43 % era analfabeto y solo el 7,2 % poseía alumbrado eléctrico.

Fidel denunció esta realidad en su alegato histórico La Historia me Absolverá y luego, en los albores del triunfo revolucionario, este análisis constituyó la base política de un viraje que comenzó con la Ley de Reforma Agraria y la entrega de títulos de propiedad de las tierras que laboraban los campesinos.

La Revolución también garantizó el empleo de los obreros agrícolas y otros trabajadores en las granjas del pueblo, junto a otras acciones que brindaban asistencia técnica, material y financiera con la garantía de mercados seguros y precios justos para sus productos.

Los programas sociales revolucionarios llegaron a montañas y llanos, posibilitando no solo la elevación de la calidad de vida del campesinado, sino también el incremento de su nivel escolar que hoy con orgullo ostentan ellos y sus hijos, “hasta más allá de la universidad”, como me dijo un amigo guajiro de Baracoa.

La creación de las cooperativas de producción agropecuarias (CPA) permitió un aumento en las formas de producción y en la mejoría de las condiciones sociales del campesinado, con nuevas concepciones sobre el uso de la tierra, la búsqueda de altos rendimientos, que repercuten en mayores ingresos monetarios a la par del surgimiento de más de mil nuevas comunidades, instalaciones sociales, electrificación e introducción masiva de equipos electrodomésticos.

En las CPA laboran miles de socios y trabajadores contratados; poseen la propiedad colectiva de la tierra y demás bienes agropecuarios, están constituidas bajo el respeto a la voluntariedad de quienes renunciaron a ser dueños de manera individual y dirigieron sus pasos hacia una nueva y más elevada forma de producción agropecuaria.

Con la existencia de las cooperativas de créditos y servicios (CCS) se agrupan miles de pequeños agricultores, como propietarios y usufructuarios que se asocian, y mediante su junta directiva y consejos de administración atienden numerosas gestiones antes en manos del Estado.

Cada CPA debe definir sus características, su reglamento interno, el movimiento de altas y bajas de los socios, el monto del anticipo diario, la distribución de las ganancias, el autoconsumo y cómo dirimir conflictos y reclamaciones, cuestiones estas vitales para el buen funcionamiento de las cooperativas.

Un régimen de seguridad social nuevo

Proteger a los campesinos asociados y a sus familias es el objetivo del régimen de seguridad social creado para este segmento poblacional ante enfermedad de origen común o profesional, accidente común o de trabajo, maternidad, invalidez parcial y total, muerte y edad.

Su base económica se origina por el aporte de los cooperativistas y de la CPA, según los anticipos y el valor total de las ventas como una contribución financiera.

Miles de cooperativistas ya han sido beneficiados por la jubilación por edad, mediante una legislación que abarca a hombres y mujeres con sus requisitos mínimos de edad.

Otro elemento está en que al ponerse en práctica la política de entrega de tierras en el período especial con vistas a incrementar la producción agropecuaria, surgieron miles de usufructuarios, que se convirtieron en nuevos agricultores pequeños y quienes poseen también el amparo de la seguridad  social cubana a través de sus regímenes especiales.

 

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