El movimiento popular contra la guerra planetaria emprendida por el gobierno de George W. Bush gana conciencia de que los cinco luchadores antiterroristas cubanos injustamente encarcelados en los Estados Unidos constituyen también una bandera de la noble causa de la paz.

En este sentido apunta lo ocurrido durante la reciente manifestación de más de cinco mil personas convocadas por la organización antibélica ANSWER Internacional,  que desfilaron por las calles de San Francisco (California, EE.UU.) exigiendo el fin de esa guerra y el inmediato regreso a casa de los soldados estadounidenses, y además demandaron la libertad de los cinco prisioneros políticos cubanos.

Este último reclamo se inserta como legítimo del movimiento pacifista, al constituir este caso un incuestionable argumento para denunciar la falsedad del supuesto propósito antiterrorista esgrimido por el gobierno de Washington para justificar su campaña bélica.

En el estado norteamericano de la Florida, y no en Afganistán ni en Iraq, radican y operan las organizaciones anticubanas que durante más de cuatro décadas, dirigidas o alentadas por sucesivas administraciones norteamericanas, han realizado incontables actos terroristas contra Cuba para destruir su sistema social, ocasionando a este país miles de inocentes víctimas entre muertos y heridos, además de cuantiosos daños materiales. Y por las calles de la floridana ciudad de Miami, no por las de ningún "oscuro rincón del planeta", elementos terroristas anticubanos se pasean y continúan elaborando planes criminales contra la Isla.

Para justificar enérgicas medidas contra estos grupos e individuos, el gobierno de Washington no necesita esgrimir el horrendo crimen de las Torres Gemelas. Basta acudir a documentos ya desclasificados de instituciones estatales norteamericanas, como el Congreso, o de organismos gubernamentales, como el FBI y la CIA, para conocer su trayectoria criminal, que ha ocasionado también víctimas entre el pueblo estadounidense; o a la prensa que controlan en Miami, donde aún difunden sus mensajes de violencia.

El gobierno de W. Bush ha elaborado decenas de listas calificando como terroristas, proclives a serlo o protectores de ambos, a cientos de organizaciones y a miles de personas; los persigue, embarga sus bienes y congela sus cuentas bancarias, y además solicita de los restantes Estados la aplicación de medidas  similares. Pero en ninguna de esas listas aparece uno solo de los que públicamente son conocidos no como presuntos, sino como comprobados grupos y elementos terroristas anticubanos.

También promovió, y logró, que la ONU adoptara resoluciones para obligar a la comunidad internacional a combatir el terrorismo mediante acciones concertadas global, regional o bilateralmente. Sin embargo,  no acepta siquiera discutir el proyecto de acuerdo bilateral de lucha contra ese flagelo, que Cuba le ha propuesto voluntaria y reiteradamente.

Pero las autoridades norteamericanas no sólo toleran y no reprimen al terrorismo anticubano. Llegaron al extremo de encarcelar a los cinco luchadores antiterroristas que, sin otra alternativa racional ante tanta impunidad otorgada al crimen, se infiltraron en las organizaciones terroristas anticubanas de Miami para prevenir a la Isla de sus planes criminales; y lo que es peor: impusieron un fraudulento proceso judicial que consagró "legalmente" la protección al terrorismo contra Cuba, que se genera desde los EE.UU.

En el expediente del caso, una tras otra, constan las sucesivas mociones de la Fiscalía para impedir que en la Corte se debatiera el tema del terrorismo, se aceptaran informes sobre los grupos terroristas, se convocara a elementos terroristas como testigos; también están las peticiones fiscales para amparar con la 5ta. Enmienda de la Constitución a los terroristas finalmente citados por la Corte, y así legalizar su silencio; y hasta constan las amenazas de aplicarles la ley RICO contra el crimen organizado -nunca aplicada en Miami por la Fiscalía en las dos décadas de vigencia de esa Ley-, para imponer el silencio a los que voluntariamente no aceptaron callar.

Lo inaudito se produjo cuando la Fiscalía, actuando como antes en representación del Gobierno de los Estados Unidos de América, solicitó (¡y logró!) de la jueza una incapacitación especial a los dos jóvenes cubanos que también ostentan la ciudadanía estadounidense, para el día remoto en que recuperen su libertad. Por tal motivo, en las sentencias de Antonio y de René se consigna, expresamente... ¡el impedimento de luchar en ese país contra el terrorismo!

Ante el arbitrario proceso judicial contra los Cinco, y los antecedentes del caso: ¿puede sostener W. Bush que su guerra es contra el terrorismo? La respuesta a esta pregunta, evidentemente, la conocen ya los pacifistas que marcharon en San Francisco reclamando la libertad de los verdaderos luchadores antiterroristas.