Cuando todas las pistas parecían agotadas, la muerte Bruce Edwards Ivins, un especialista del Comando Biológico del ejército de Estados Unidos, permitió al Buró Federal de Investigaciones (FBI) revelar la identidad del supuesto autor de los ataques con el virus de ántrax, de septiembre y octubre del 2001, los que causaron la muerte a cinco personas y la hospitalización de otras 17.
Realizadas pocas horas después del extraño suicido de Ivins, un biólogo de 62años , las declaraciones del fiscal federal, Jeffrey Taylor, han levantado más dudas que certezas en torno a un caso plagado de inexactitudes, manipulación mediática y oscuros intereses imperiales.
Iniciados una semana después del ataque terrorista contra las Torres Gemelas y el Pentágono, los envíos de cartas con esporas modificadas de ántrax a legisladores demócratas y a medios de comunicación de New York y Florida suscitaron una histeria colectiva, agudizada por las declaraciones de los senadores John McCain y Joseph Lieberman, quienes afirmaron que el virus provenía de Iraq.
Tras la muerte de la primera víctima, el editor fotográfico del diario Sun de Miami, Robert Stevens, ocurrida el 5 de octubre del 2001, detonó una bomba de pánico y las pesquisas del FBI apuntaron a dos presuntos sospechosos del secuestro de los aviones empleados contra las Torres Gemelas, a quienes la viuda del fallecido periodista alquilara dos apartamentos en Florida.
Según declaró un antiguo funcionario del FBI al Daily News, de la capital estadounidense, “altos cargos de la Casa Blanca presionaron al director del FBI, Robert Mueller, para que dijera que se trataba de una segunda oleada de ataques de Al-Qaeda".
A inicios de octubre del 2001 dos envíos contaminados ascendieron las escalinatas del Capitolio de Washington, destinados a los senadores demócratas Tom Daschle y Patrick Leahy, pero con una cepa diferente del virus, producidas dos años antes en los laboratorios de Fort Detrick, en Maryland, sede del Comando de Guerra Biológica del Ejército de Estados Unidos, lo que provocó que las investigaciones quedaran sumergidas en el silencio, pese a que todos los indicios apuntaron hacia la institución castrense.
 Un año más tarde, Steven J. Hatfill, otro científico empleado en Fort Detrick ganó categoría de sospechoso, pero otra incompetencia del FBI terminó en una demanda del presunto criminal, indemnizado, tras seis años de batalla legal, con cerca de seis millones de dólares.
A pocos meses del fin de la actual administración y con el caso sin resolver, la aparición de Bruce Ivins, condecorado hace cinco años por el Pentágono, abrió nuevas esperanzas a los despistados sabuesos, cuya agresividad por encontrar traspasó los límites éticos y legales del trabajo policial, al extremo de ofrecer al hijo del sospechoso  más de dos millones de dólares en efectivo y el vehículo deportivo de su preferencia, a cambio de que incriminara a su padre.
 Ivins, calificado por sus compañeros y vecinos como un buen católico y hombre apacible, aunque algo tímido, fue presentado por sus acusadores como un obseso sexual, deprimido por el abuso de fármacos y alcohol, cuando en realidad el acoso de sus perseguidores —extendido a su propia familia— figura entre las causas de su misterioso suicidio, cometido mediante la ingestión de Tylenol y codeína.
Según revelaciones, la posible oposición a la Casa Blanca o cuentas pendientes con su principal inquilino constituyeron las claves para la selección de los destinatarios de los sobres contaminados con ántrax, depositados en buzones en New Jersey, a más de 300 kilómetros de la residencia de Ivins.
Tanto Daschle como Leahy clasificaban entonces como influyentes adversarios del proyecto de lo que sería la Ley Patriótica y los diarios New York Post y National Inquirer cometieron el pecado de publicar fotos de las borracheras públicas de Jenna, la hija de Bush.
Concluyentes por la inesperada muerte del principal implicado, las investigaciones cierran un caso, que lejos de resolver un enigma despierta nuevas dudas en la tierra de las conspiraciones.