Cargando...Participación ciudadana y reforzamiento de la legalidad podrían ser los dos ejes comunes más generales que marcaron el tono y la acción del reciente Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Con una amplia y concentrada agenda que se destacó por la diversidad de asuntos y eficiencia en el empleo del tiempo, sobresalió la aprobación por el Parlamento cubano de cuatro nuevas leyes que modernizan la labor judicial y refuerzan las garantías y derechos de la ciudadanía.
Tal intensidad de trabajo propiamente legislativo es consecuencia directa no solo del apego a los mandatos de la nueva Constitución, sino del empleo de métodos y estilos más participativos en todo el desempeño económico y social del país, un elemento clave que destacó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en un valioso discurso de clausura sobre el cual a menudo tendremos que volver.
Ese empuje colaborativo y solidario de construcción social colectiva tuvo como resultado más palpable en esta ocasión la aprobación de esas cuatro leyes que deben entrar en vigor a inicios del 2022, las cuales permitirán un balance armónico entre la protección de los derechos individuales y de la sociedad.
Con la participación en su concepción y diseño de especialistas, académicos, legisladores y profesionales que trabajan en el sector jurídico, las normas aprobadas sobresalen por su modernidad, al transformar el funcionamiento de los tribunales, los procesos penales y administrativos, y el Código de Procesos aplicables a varios ámbitos del derecho.
Antes de llegar a la Asamblea los respectivos proyectos transitaron por infinidad de consultas, que arrojaron más de 2 mil propuestas de modificación, de las cuales el 66 % fue aceptado.
Las nuevas legislaciones incorporan cientos de instrucciones y acuerdos del Tribunal Supremo Popular, recomendaciones de investigaciones científicas, así como del estudio de disposiciones normativas de otros países, al armonizarlas con los tratados internacionales firmados por Cuba.
La reafirmación de la imparcialidad de los jueces y de los principios de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, son ganancias democráticas en este perfeccionamiento, que consagra además la práctica del trabajo colegiado de los tribunales y la labor de los jueces legos.
Estos cambios resultan esenciales no solo para el sistema judicial, sino que refuerzan también la institucionalidad del país, al combinar un desempeño más efectivo de la impartición de justicia con una mayor sostenibilidad y desarrollo del socialismo.
Según aseguran sus conocedores, las nuevas leyes constituyen una profunda reforma en la labor judicial y un notable avance en el perfeccionamiento de los derechos humanos en nuestra sociedad.
Como recomendó la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, habrá que insistir ahora en la capacitación de los diversos operadores del derecho y en el despliegue de una estrategia de comunicación hacia la población sobre el contenido de estas leyes, así como en su incorporación a los planes de estudio de las enseñanzas donde corresponda. Ese conocimiento debe llegar también, por supuesto, a trabajadores y dirigentes sindicales.
Una importante evolución cualitativa constituye el énfasis en el concepto de prestación de un servicio público en la labor de los tribunales, que incluye la proactividad que debe caracterizar a sus jueces y la gestión de la calidad judicial.
También sobresalen las soluciones técnicas que deben contribuir a una mayor agilidad en los procesos legales, y las importantes innovaciones que se plantean para la tramitación y solución de los conflictos, con mayores garantías para la población.
La posibilidad de reclamar ante los tribunales aquellos actos realizados por directivos y funcionarios de la administración pública que afecten a los ciudadanos es toda una revolución que introduce la Ley del Proceso Administrativo, lo cual eleva la responsabilidad de las instituciones y el control popular sobre la gestión estatal.
El establecimiento mediante el Código de Procesos de procedimientos estandarizados comunes para tramitar asuntos de derecho civil, mercantil, familiar y laboral, conlleva la ampliación del acceso a la justicia y una mejor interacción del Tribunal con las personas, incluyendo el impulso a la mediación como método de solución de conflictos y de mecanismos más enérgicos que aseguren el cumplimiento de las sentencias. La mesa está servida, entonces, para que haya más y mejor justicia.
