Bolivia: auditoria de la OEA estuvo “mal hecha”

Bolivia: auditoria de la OEA estuvo “mal hecha”

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“Cuando estudiamos la auditoría encontramos que estaba tan mal hecha, como el análisis estadístico”, declaró este viernes Jake Jhonston, experto electoral del Centro de Investigación Económica y de Políticas (CEPR), durante el conversatorio internacional “¿Qué pasó en las elecciones de Bolivia del 2019 y el informe de la OEA? Expertos comparten sus hallazgos”.

 

“La auditoría final que no fue completada hasta diciembre (2019) menciona verdaderos problemas con la administración de la elección, pero contrario a lo que dijo la OEA, no muestra evidencias”, aseguró Jhonston.

El evento fue copatrocinado por las misiones permanentes de la República Argentina y de México. Contó con las presentaciones de panelistas como Johnston; Francisco Rodríguez, economista de la Universidad de Tulane; y Jack Williams, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Entre los oyentes estaba el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, y más de 20 embajadores acreditados ante la OEA que asistieron en las modalidades presencial y virtual.

El embajador de Bolivia ante la (OEA, Héctor Arce, lamentó la ausencia de Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA, y de Francisco Guerrero, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) de la OEA, quienes declinaron por escrito la invitación.

Los expertos coincidieron en que el informe presentado por Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tenía fallas estadísticas y resultados no comprobados. Uno de ellos fue el economista y columnista, Francisco Rodríguez, quien informó que otro análisis estadístico en el que tuvo participación, confirmó que los datos obtenidos de las elecciones del 2019 fueron consistentes con “un proceso de votación limpio”.

“El conteo, el escrutinio, fue hecho de forma limpia, y eso es extremadamente relevante frente a lo que alegó en el informe de auditoría de la OEA”, aseveró Rodríguez, quien recordó los pedidos que se hicieron al organismo regional para que revelaran los datos y al que nunca accedieron: “Ahora se sabe que no lo hicieron porque tenía muchos errores”, dijo.

El politólogo e investigador de entidades electorales del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Jack Williams, mencionó que un análisis estadístico realizado por la universidad estadounidense concluyó que el reporte de la OEA acerca de las elecciones generales del 2019 afirmaba que hubo fraude, pero los informes preliminar y final cuentan una historia diferente. “Es una manera de mostrar una anomalía y observaciones que se desvían de lo esperado y, como lo dijeron más tarde, no hubo razón para que la OEA alegara fraude”, concluyó.

Este panel reitera verdades divulgadas anteriormente en al menos seis investigaciones internacionales que descartan el fraude en los comicios presidenciales de 2019, ellas son las del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), la Universidad de Salamanca de España, la Fundación Carolina, Center for Economic and Policy Research (CEPR), la realizada por expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts y la del equipo del diario The New York Times, quienes tuvieron acceso a un trabajo de expertos independientes.

“El Sr. Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo boliviano con su injerencia colonialista durante el proceso electoral del 2019. Sus acciones costaron vidas humanas y debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y alejado de la objetividad, que ha desprestigiado a tan importante instancia para los países de nuestra América”, denunció el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado divulgado en marzo del 2021.

Desde que retomaron el camino democrático, el Gobierno boliviano ha pedido a Almagro “reconducir sus acciones y enmarcarlas en los principios fundamentales de la Carta de la OEA y otros instrumentos aprobados por los Estados miembros para promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención en el continente”; mientras la Cancillería ha asegurado que “llevará adelante las iniciativas necesarias para que las reprochables acciones del secretario general no queden impunes”.

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