El Salvador, la muerte como única opción

El Salvador, la muerte como única opción

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Desde mediado de abril la situación de miles de presos comunes en cárceles salvadoreñas tienen como única solución la muerte, ya sea por la orden dada a la policía de tirar a matar o por la pandemia que afecta al planeta.

La violencia forma parte de la vida cotidiana de esta nación centroamericana pero el asesinato de 50 personas en solo un día y en medio de las medidas de confinamiento y otras restricciones debido a la enfermedad provocó que se decretara la emergencia máxima en los centros penitenciarios del país.

La medida implica “sellar todas las celdas de los miembros de pandillas criminales, nadie podrá estar fuera y se mantendrán en lo oscuro” informó el presidente Nayik Bukele.

La medida se puso en marcha pese a las críticas de organismos de derechos humanos, Bukele advirtió a los pandilleros que las fuerzas de seguridad tienen la orden de abatir a quien oponga resistencia”.

Otra medida decisión de las autoridades carcelarias de este país centroamericano ha sido mezclar en una misma celda a miembros de diferentes pandillas.

«No habrá beneficios y privilegios para ningún miembro de estructura criminal», declaró por su parte el director general de centros penales, Osiris Luna.

Intento por controlar las cárceles

El viernes 24 de abril fue hasta ahora el día más sangriento desde la llegada al poder del actual gobierno. La sangría de las pandillas se repitió durante 48 horas hasta llegar a los 40 homicidios en menos de 72 horas.

El repunte de la violencia enfureció al mandatario quien declaró que las pandillas están aprovechando “que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia”.

Un comentarista local decía al respecto que “las pandillas, con casi 70.000 miembros, decidieron echar un pulso al mandatario “ y pusieron 40 muertos en la mesa y mostraron el poder de fuego que mantienen, con capacidad para pisar a su antojo el acelerador de la violencia”.

Para los expertos, la matanza responde a una decisión unilateral de la Mara Salvatrucha (MS-13). No hay evidencias de que las otras dos pandillas (18-Revolucionarios y 18-Sureños) se hayan sumado a los ataques, escribió el periodista Roberto Valencia en Twitter.

La decisión sobre las cárceles podría alterar el equilibrio actual de la violencia donde permanecen casi 13.000 pandilleros.

Problema sin solución a corto plazo

Desde que Bukele asumió la presidencia prometió combatir a las pandillas y reducir las cifras de violencia. «Vamos a disputarle los jóvenes a las pandillas, les vamos a ganar en el reclutamiento», declaró el pasado julio al anunciar la segunda fase de un programa que busca el «control territorial» de decenas de comunidades que están sometidas por esas bandas criminales

Las pandillas en El Salvador tienen unos 70.000 miembros de los cuales casi 17.000 están encarcelados. Pertenecen, en su mayoría, a la Mara Salvatrucha (MS-13) o a su rival, Barrio 18.

La segunda fase del plan de seguridad, titulada «Oportunidades» busca involucrar a los jóvenes en riesgo en programas de educación, desarrollo local y capacitaciones en diferentes oficios.

Un informe señala que entre 2004 y 2009 murieron proporcionalmente más personas de forma violenta en El Salvador que en Iraq. Según la revista Insigth Crime, especializada en crimen organizado, el incremento de las muertes violentas en los últimos años se debe sobre todo al fracaso de la tregua entre las dos pandillas mayoritarias que operan en el país.

Las maras (nombre con el que se conoce a las pandillas delictivas en El Salvador, Honduras y Guatemala) tienen su origen en bandas callejeras formadas por jóvenes latinoamericanos en diversas ciudades de los Estados Unidos a mediados del siglo XX.

Una de las consecuencias directas de tanta delincuencia es el hacinamiento que se produce en las cárceles. Aunque existen diferentes cifras oficiales, la sobrepoblación estimada de las cárceles ronda el 300%.

No obstante, en algunos centros, como La Esperanza, asciende hasta el 600% de su capacidad y el aumento de deportaciones desde Estados Unidos agrava enormemente un problema social que no tiene solución a corto plazo.

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