Bolivia: La zanahoria y el palo

Bolivia: La zanahoria y el palo

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La presidenta de facto Jeanine Áñez reiteró este domingo que garantizará unos comicios “transparentes”, mientras continúa la represión selectiva a los defensores de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS).

Durante una reciente aparición, la mandataria informó que muy pronto Bolivia tendrá un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual estará integrado por vocales elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y otros designados por ella.

El primer desafío de esa instancia es convocar a elecciones nacionales lo antes posible (se habla de abril o mayo) para elegir al presidente, vicepresidente y legisladores nacionales correspondientes al período 2020-2025.

El proceso se aproximará en el tiempo al de los comicios subregionales pactados previamente en el calendario electoral del país para mayo del próximo año.  Esto constituye un enorme desafío organizativo, ético y político, más con Evo Morales, líder del partido de mayor apoyo, en el exterior.

Este fin de semana Morales aceptó y agradeció que el Congreso Ampliado reunido en Cochabamba le nombrara jefe de campaña para los venideros comicios: “Lo importante es continuar con el proceso de cambio”, añadió.

La derecha, por su parte, va fracturándose y poniéndole rostro a la carrera por la presidencia.

Luis Fernando Camacho, el adinerado santacruceño que Biblia en mano atizó las protestas contra Morales, dejó plantado al dirigente regional potosino, Marco Pumari, con quien se había comprometido a presentar binomio.

Marco Pumari, de presidente del Comité Cívico de Potosí, y Luis Fernando Camacho, expresidente del de Santa Cruz, se aliaron para derrocar a Evo Morales. Foto. AGP

Pero la sorpresa duró poco, este domingo un medio boliviano filtró el audio que explica el motivo de la disputa: Pumari esperaba de Camacho el pago de un cuarto de millón de dólares y el control de la aduana de Potosí, región que se ha revelado como la guinda del pastel por sus vastos recursos naturales.

Todo parece indicar que el santacruceño no aceptó y dejó escapar el santo y la seña. No obstante, el potosino apresuró un desmentido y anunció que insistiría en llegar a la presidencia aunque fuera en solitario.

El candidato Carlos Mesa, quien al frente de Comunidad Ciudadana (CC) quedó segundo en el balotaje que ganó Morales y culminó con el golpe de Estado, reconoció que hoy la polarización es creciente: “Los extremos se tocan, hacen chispa y queman como el fuego que arrasó parte de la Chiquitanía”.

De paso, reiteró su intención de optar nuevamente por el cargo, a pesar de las antiguas denuncias que como violador de derechos humanos pesan en su contra.

En ese entorno, sobre el cual sobrevuela además la posibilidad de que Áñez le tome el gusto al ejercicio del poder y quiera permanecer o postularse, no cesan las expresiones de violencia política y represión.

“El gobierno de facto pide ayuda al gobierno sionista de Israel para combatir a la izquierda —afirmó Morales en Twitter—. Los golpistas son los violentos, que no respetan la libertad, dignidad e identidad (…) Bolivia no necesita fuerzas militares externas para arreglar sus diferencias ideológicas y programáticas, somos de la cultura del diálogo y la paz”, concluyó el líder aymara.

Los diputados Mas están tratando de impulsar una Ley de garantías constitucionales con el propósito de proteger a las autoridades elegidas y a dirigentes sociales, blancos favoritos de la ola represiva desatada en Bolivia y de la campaña mediática y política que busca criminalizar  a militantes de izquierda, así como prepara a la opinión pública para acusar de terrorismo al expresidente Evo Morales, al ex vicepresidente Álvaro García Linera y a otros funcionarios del partido y el Gobierno.

“Es una ley que garantiza las libertades establecidas en la Constitución, al igual que el derecho a la libre expresión, la presunción de inocencia y el debido proceso”, explicó el diputado masista Franklin Flores; mientras que Gonzalo Barrientos, de la minoría derechista legislativa que secunda al gobierno de Áñez, opina que es “una ley de amnistía para Evo Morales, el exministro Juan Ramón Quintana, dirigentes y exautoridades del Mas”.

Este debate es apenas una expresión de la vitalidad del conflicto interno que aún existe en Bolivia a pesar de la aparente normalidad que se percibe en algunas ciudades.

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