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Al anunciar la aprobación del documento, el presidente de esa cámara legislativa, Sergio Choque, perteneciente a las filas del MAS, declaró que este cumple con todos los acuerdos firmados por los ministros de Gobierno, de Presidencia y organizaciones sociales.
Sin embargo, el gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez inmediatamente indicó que vetará la iniciativa al considerar que podría ‘activar nuevas movilizaciones’.
Aunque el proyecto aún debe pasar por el Senado, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, consideró que Áñez ‘va a tener que rechazarlo, va a tener que vetarlo, es el único camino que queda en este caso’.
La oposición al mayoritario MAS señala que la ley busca dar impunidad al expresidente Morales y otros funcionarios de su gestión, quienes se pronunciaron en contra de la violencia protagonizada y estimulada por fuerzas militares y policiales de derecha, luego de las elecciones del 20 de octubre.
Desde su asunción al poder tras la renuncia forzada de Evo, la administración de la nueva mandataria, en minoría en el Congreso Plurinacional, ha buscado métodos para restar fuerza al MAS y oponerse a esta nueva legislación.
