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Precisó que el magistrado de Brasilia señaló el ‘intento de criminalizar la actividad política’ por la acusación equivocada que se conoció como ‘Cuatrillón’ -que es parte de la lawfare (guerra jurídica) contra @LulaOficial’.
La acusación ofrecida al Supremo Tribunal Federal (STF) se remonta al 2017 cuando el entonces procurador general Rodrigo Janot incriminó a los expresidentes Lula y Dilma Rousseff, y a los exministros Antonio Palocci y Guido Mantega.
Tal querella estaba sustentada en una supuesta organización delictiva en esquemas de la empresa estatal Petrobras, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) y otros sectores de la administración pública, lo que se conoció como Cuatrillón PT.
Cuando el ministro Edson Fachin, relator de la Operación Lava Jato en el STF, la envió al Distrito Federal, la acusación fue incluso avalada por la Procuraduría General de la República (PGR) y recibida por el juez federal Vallisney de Oliveira, quien inició el proceso penal.
La denuncia atribuye a los dirigentes del PT el recibo de sobornos millonarios.
En aquel entonces, la PGR declaró que entre 2002 y 2016, los acusados ‘integraron y estructuraron una organización criminal que actuó durante el período en que Lula y Dilma Rousseff titularon sucesivamente la presidencia de la República, para cometer una miríada de crímenes’.
Sin embargo, ahora en octubre, Marcia Brandão Zollinger, fiscal del Distrito Federal, se pronunció a favor de la absolución sumaria de Lula, Rousseff, Palocci y Mantega.
El expresidente salió en libertad el 8 de noviembre después de cumplir 580 días de prisión política.
