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En aumento continuaron las víctimas fatales, mientras la senadora hizo referencia directa a las cifras de los primeros diez días, ‘las 32 muertes reportadas en intervenciones militares y policiales durante el golpe de Estado perpetrado en el país’.
Reclamos que llegaron también desde diversos sectores y movimientos sociales que componen el país multinacional (36 nacionalidades, con idiomas autóctonos además del español) para que la investigación incluyera a organizaciones internacionales.
Salvatierra demandó atenciones sanitarias para los ciudadanos heridos en las jornadas de protestas, incluso indemnizaciones a sus familiares teniendo en cuenta el uso desproporcionado de la fuerza, aplicado desde el inicio del golpe de Estado por los uniformados.
Las acciones violentas de represión contra los manifestantes, masacres, detenciones masivas de dirigentes, censura de prensa, fueron fomentadas desde el Gobierno de facto de Jeanine Áñez con la aplicación del decreto 4078, nombrado por los pobladores como una ‘licencia para matar’.
Bolivia fue blanco de un golpe de Estado el 10 de noviembre pasado cuando el líder indígena Evo Morales renunció a su cargo de Presidente, tras presiones de la cúpula militar y en aras de evitar derramamientos de sangre en este país andino amazónico.
Morales recibió asilo político en México, desde donde afirmó que su bancada, el MAS, ‘tiene posibilidades de regresar al poder’.
