Decretan toque de queda alrededor de edificios estratégicos en Ecuador

Esta otra acción decretada por Moreno se aplica durante el sexto día de protestas contra el reciente paquete de reformas tributarias y laborales, que incluyen la eliminación del subsidio a la gasolina extra y el diésel, en vigor desde el pasado 3 de octubre.

Asimismo, las reformas, consideradas paquetazo por los movilizados, comprenden reducir en 20 por ciento los salarios para contratos ocasionales renovados, disminuir de 30 a 15 días el período de vacaciones de empleados públicos y estipula el aporte, de ese sector, del monto correspondiente a una jornada de trabajo mensual.

Los manifestantes exigen derogar el decreto que liberó el precio de combustibles y el gobierno insiste en que no dará marcha atrás en las determinaciones tomadas.

De acuerdo con la disposición, la policía nacional y las Fuerzas Armadas serán las encargadas de hacer cumplir la restricción, para lo cual están autorizados, en el marco de sus funciones, a aplicar los procedimientos correspondientes en ejercicio de sus facultades legales y garantías constitucionales.

Se exceptúa de la limitación a las personas que deban prestar un servicio público con el estricto propósito de garantizar su accesibilidad, regularidad y continuidad en el marco de sus competencias legales y constitucionales.

Tampoco se acogerán a esa medida, miembros de las fuerzas del orden, comunicadores sociales acreditados, miembros de misiones diplomáticas, personal médico, sanitario o de socorro, el transporte público administrado por las entidades estatales, el del sector de la salud, riesgos, emergencia y similares, seguridad y transporte policial y militar y, demás sujetos y vehículos determinados por el Ministerio de Gobierno.

Las instalaciones consideradas estratégicas comprenden edificios donde funcionan las sedes del Estado y otras que defina el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mientras dure el estado de excepción, vigente por 30 días, desde el pasado 3 de octubre.

El objetivo es mantener el orden público, pudiendo, de ser el caso, establecerse salvoconductos y similares, indica la resolución.